El Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto impulsado por el gobierno desde 2016. Viene siendo promocionado como una iniciativa para revitalizar la economía nacional a través de la explotación de recursos minerales en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco. Sin embargo, detrás de esta ambiciosa propuesta se esconde una grave afectación a los derechos de los pueblos indígenas, quienes han habitado estas tierras ancestrales desde tiempos inmemoriales. Este proyecto no solo representa una amenaza ambiental, sino también una violación sistemática de los derechos humanos y culturales de las comunidades indígenas.
El Arco Minero se superpone a territorios ancestrales de pueblos indígenas. Para estas comunidades, la tierra no es un simple recurso económico; es el fundamento de su identidad, cultura y supervivencia. La explotación minera ha provocado la destrucción de bosques, la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad, elementos esenciales para su modo de vida tradicional.
Varias organizaciones de los pueblos indígenas han levantado su voz contra dicho proyecto que avanza ferozmente afectando sus territorios, voces que no han sido escuchadas por las autoridades. Incluso acudieron ante el sistema de justicia sin que hayan sido valorados sus argumentos.
La contaminación por mercurio, utilizado en la minería ilegal de oro, ha envenenado las fuentes de agua y los peces, base de la alimentación de muchas comunidades. Esto ha generado graves problemas de salud, incluyendo intoxicaciones y enfermedades crónicas, que afectan especialmente a niños y ancianos. Además, la deforestación y la degradación del suelo han reducido las áreas disponibles para la caza, la pesca y la agricultura, actividades fundamentales para la subsistencia de la población indígena
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y nuestra Constitución. Este derecho es fundamental para garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.
Sin embargo, el gobierno venezolano ha ignorado este mandato, imponiendo el proyecto sin el consentimiento de las comunidades afectadas. En lugar de diálogo, ha habido represión y criminalización de líderes indígenas que se han opuesto al Arco Minero. Esto no solo viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que también profundiza la marginalización y exclusión histórica que han enfrentado.
Al profundizarse la crisis económica como consecuencia de inadecuadas políticas y también por las sanciones internacionales, puede profundizarse la explotación minera y con ello producir más daños al ambiente y violaciones diversas de derechos.
El Arco Minero del Orinoco es un ejemplo claro de cómo un modelo extractivista y depredador puede destruir vidas, culturas y ecosistemas. Es momento de replantear el desarrollo económico y priorizar alternativas sostenibles que respeten los derechos de los pueblos indígenas y protejan el medio ambiente.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
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