Por décadas, los controles de precios han sido utilizados por gobiernos de las más diversas tendencias como una solución supuestamente rápida para enfrentar la inflación, proteger al consumidor y garantizar el acceso a bienes esenciales.

Sin embargo, la historia económica, tanto global como venezolana, demuestra una y otra vez que estas medidas no solo fracasan en sus objetivos, sino que generan efectos secundarios mucho más dañinos y definitivamente contraproducentes: escasez, mercados negros, inflación reprimida y distorsiones que perduran en el tiempo. Venezuela es, quizás, el caso más ilustrativo en América Latina de este círculo vicioso.

El inicio formal del control de precios en Venezuela se remonta al Decreto del 9 de septiembre de 1939, firmado por el entonces presidente Eleazar López Contreras. Justificado por los temores de desabastecimiento y especulación debido a la Segunda Guerra Mundial, el decreto declaró “artículos de primera necesidad” a una extensa lista de bienes, desde alimentos hasta medicinas y combustibles. Las Juntas Ejecutivas creadas en cada distrito fijaban precios máximos cada quince días. Apenas semanas después, nuevos decretos ampliaban las competencias del Estado para controlar precios, incluyendo los alquileres de viviendas y locales comerciales.

Lo que comenzó como una medida extraordinaria para enfrentar una emergencia internacional se convirtió en política estructural. Desde entonces, distintos gobiernos venezolanos han caído en la tentación del control de precios. El resultado siempre ha sido el mismo: aumento del desabastecimiento, caída en la producción nacional y expansión del mercado negro.

La lógica que sostiene los controles de precios parte de una premisa errónea: que la inflación es causada principalmente por la especulación de comerciantes, y no por desequilibrios estructurales como la emisión excesiva de dinero o la caída de la producción.

Esta visión no es nueva. En el año 301 a.C., el emperador romano Diocleciano intentó contener la inflación con un edicto que fijaba precios máximos para cientos de productos. El incumplimiento se castigaba con la muerte. El resultado fue el colapso del comercio formal y la aparición de mercados paralelos.

La historia ha repetido este patrón. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el Congreso Continental impuso controles de precios que derivaron en escasez y una inflación descontrolada del 480% en apenas tres años. En la Alemania nazi, el congelamiento de precios dio paso a una economía paralela de trueques y mercado negro.

Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 1979, apenas el 22% de los productos de la cesta básica eran determinados por el libre mercado. A pesar de los controles, la inflación acumulada en esos años fue de 57%, más del doble del quinquenio anterior.

Una de las consecuencias más perversas de los controles es la destrucción de los incentivos a la producción. Si un empresario no puede cubrir sus costos o generar ganancias, simplemente dejará de producir o vender, lo que agrava el desabastecimiento. Así, mientras el consumidor ve precios más bajos en teoría, en la práctica no encuentra los productos en los anaqueles y debe recurrir al mercado negro, donde paga incluso más que en una economía sin regulación.

Además, una vez instaurados, los controles de precios son difíciles de desmontar. La intervención del Estado se vuelve crónica y los gobiernos, en lugar de admitir el fracaso, intentan “mejorar” los controles, perfeccionarlos, o rediseñarlos, perpetuando así una política que, en el mejor de los casos, solo posterga los problemas.

En contraste, las economías que permiten la libre flotación de precios según la oferta y la demanda logran un equilibrio más eficiente. En un mercado autorregulado, los precios suben o bajan como señales que orientan la producción y el consumo. Si un bien escasea y su precio sube, más productores se sentirán atraídos a producirlo. Si la demanda cae, el precio baja, y los recursos se asignan hacia sectores más productivos.

Hoy, cuando Venezuela enfrenta las secuelas de décadas de controles de precios, urge un cambio de paradigma. Abandonar la ilusión del control y apostar por políticas responsables, libertad económica y un entorno jurídico que incentive la producción. La verdadera protección al consumidor no es congelar precios, sino garantizar que haya oferta suficiente, competencia real y acceso al mercado. Solo así se construye una economía sostenible, justa y próspera.

Hoy el control de precios es una política económica abandonada por la gran mayoría de los países, vistos sus efectos nocivos a la larga en la economía. La historia es clara: los controles de precios no controlan nada, solo empeoran todo.