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El Laberinto del Esequibo: hacia los 60 años del Acuerdo de Ginebra

Seguiremos en esta línea, la semana pasada dimos una conferencia sobre este tema en San Cristóbal y la próxima semana estaremos en la Universidad Católica de Puerto Ordaz

  • JULIO CÉSAR PINEDA

15/05/2025 05:05 am

El laberíntico de Diferendo Territorial sobre la Guayana Esequiba constituye un vestigio de la era colonial europea en América del Sur, cuyas dimensiones geopolíticas persisten en estos tiempos de guerras, conflictos y drama ecológico; especialmente por el interés de las potencias mundiales, en el petróleo, el gas, las tierras raras, la red fluvial, biodiversidad y la salida al Atlántico que ofrece el territorio reclamado por Venezuela y que fue arrebatado por Londres por la fuerza. Geopolíticamente hoy, más importante que Ucrania para Rusia, que Taiwán para China y que Cachemira para India y Pakistán, es la Guayana Esequiba. Para Trump, Putin, Xi Jinping, Modi, Zardari, von der Leyen, en este mundo multipolar y policéntrico puede ser una manzana de la discordia de guerras y conflictos. Para comprender la profundidad y la complejidad de la reclamación venezolana, es esencial comprender la histórica, la diplomacia y los acontecimientos cruciales que han moldeado esta controversia a lo largo de los siglos.
 
Venezuela ha mantenido una postura inquebrantable, argumentando que su soberanía histórica sobre la Guayana Esequiba se fundamenta en el principio del Utis Possidetis Iuris, un axioma del derecho internacional que establece que los Estados nacidos de la descolonización, heredan las fronteras administrativas de sus predecesores coloniales. Así lo planteamos ante la ONU en 1962, conjuntamente con Argentina y Guatemala por las Malvinas y parte de Belice y en nuestro caso por la totalidad del Esequibo.

Actualmente, en algunos problemas fronterizos en África, se ha invocado este principio jurídico. Su formulación clásica se remonta al derecho romano, napoleónico y fue revitalizado en el contexto de las Independencias Iberoamericanas. Se erige como la piedra angular del argumento venezolano y está plasmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966 que compromete al Reino Unido y a la República Cooperativa de Guyana. Este principio, es reconocido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), (Decisión de la CIJ en 1992 por el diferendo entre Salvador y Honduras). Pero también es doctrina y jurisprudencia desde 1919 con la creación SDN y 1945 con la Carta de la ONU la Solución Pacífica de las Controversias entre Estados, la aceptación de ellos para ir al Tribunal Internacional de la Haya. Guyana lo ha hecho de manera unilateral y al margen del último tratado de 1966 en Ginebra.

La declaración de independencia de Venezuela el 19 de abril de 1810 marcó el inicio de un proceso de consolidación territorial basado en estos principios. Las sucesivas constituciones republicanas, desde la primera hasta la de la Gran Colombia (1819-1830), reafirmaron explícitamente que el territorio de la República era idéntico al que históricamente correspondió a la Capitanía General de Venezuela (1777). Este reconocimiento constitucional se vio reforzado por el reconocimiento internacional de la independencia de Venezuela por parte de potencias como Gran Bretaña en 1824 y España en 1845. La cartografía producida por los ingleses generalmente atribuía la región del Esequibo a la soberanía venezolana y así la de los otros imperios; lo que implica una comprensión compartida de la geografía política por el mundo de ayer y de hoy salvo Londres.

Los orígenes de la disputa se remontan a un período anterior, específicamente al Tratado de Münster, firmado el 30 de enero de 1648. Este tratado, que puso fin a la Guerra de los Ochenta Años entre España y las Provincias Unidas de los Países Bajos, reconoció formalmente la independencia holandesa y su posesión de un enclave territorial situado al este del río Esequibo. Esta área, abarcaba solo una extensión aproximada de 40 kilómetros cuadrados, donde comprendía las incipientes colonias de Demerara, Berbice y Esequibo, principalmente utilizadas por los holandeses como puestos comerciales y bases para sus exploraciones en la cuenca del Amazonas. La presencia holandesa era limitada y no implicaba una ocupación extensiva del vasto territorio al oeste del Esequibo, que permanecía bajo la jurisdicción de la Corona Española. En 1814 los holandeses cedieron este pequeño territorio a los ingleses, que planearon imponer su presencia en América del Sur.

Como señalábamos la región de la Guayana, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada, se convirtió en un foco de interés. Tras la adquisición de las posesiones holandesas, Gran Bretaña demostró una actitud expansionista, buscando extender su influencia hacia el oeste. Estas ambiciones se intensificaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estas incursiones, penetrando en el territorio que posteriormente conformaría el Estado venezolano, hoy en Delta Amacuro y el estado Bolívar. A pesar de que el Reino Unido reconoció la independencia de la Gran Colombia en 1824, respetando sus límites históricos que incluían la Guayana Esequiba como parte de Venezuela.

En defensa de la integridad territorial venezolana, el Libertador Simón Bolívar advirtió tempranamente sobre la injerencia británica en la región. En 1822, instruyó a los diplomáticos venezolanos en Londres para presentar una protesta formal ante el gobierno inglés, marcando el inicio de una larga tradición de defensa diplomática del territorio del Esequibo.

Es significativo señalar la controversia que se produjo en 1835, cuando Gran Bretaña comenzó a utilizar mapas basados en la cartografía del explorador austriaco Robert Hermann Schomburgk. A través de una serie de levantamientos y mapas posteriores (1835, 1840 y el influyente "Mapa de Schomburgk" de 1887), se alteraron progresivamente las fronteras en favor de las reclamaciones británicas, llegando a incluir la Guayana Esequiba dentro de la órbita de la colonia británica.

Los venezolanos siempre reafirmaban sosteniendo que esta manipulación cartográfica y el poderío inglés de la época sentó las bases para su diplomacia bilateral y multilateral en el fraude y dolo de usurpación al margen del derecho internacional, que surgía en los siglos XIX, XX, XXI, obligando a un pequeño país como el nuestro, a forzarlo a ir a un Arbitraje Internacional, sin que Venezuela estuviera presente, ni en el Tribunal Arbitral de Washington el 2 de febrero de 1897, ni en el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899.

Este instrumento jurídico de 1899 con la complicidad del presidente del tribunal, el juez ruso Federik Martens y los dos ingleses, además de los intereses egoístas de Estados Unidos; despojó a Venezuela de aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados de territorio. Esto es lo que ahora la República de Guyana pretende lograr con el Juicio ante CIJ. Rompiendo el criterio establecido por la misma Corte y la Carta de la ONU de que no se puede recurrir ante este Tribunal Internacional si la parte afectada o implicada no ha dado el consentimiento, además que el único marco jurídico y político desde 1966 es el Acuerdo de Ginebra para una solución satisfactoria entre las partes y en el mutuo beneficio de las mismas.

Fue tan fraudulento este arbitraje que uno de los abogados estadounidenses, afirmó lo nulo e irrito de esta componenda política alejada del derecho. Este importante documento nos fue útil para nuestra reclamación jurídica y diplomática ante las Naciones Unidas, cuando se discutió y se aprobaron resoluciones sobre la descolonización por las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en la época de los 60.

Un diplomático venezolano que influyó determinantemente fue el que contactó al Severo Mallet Prevost, quien era nuestro Embajador en Washington, fue quien lo contactó e incluso lo presentó en nuestra embajada en EE.UU a nuestro presidente de la época Isaías Medina Angarita.

Precisamente el pasado domingo en el Teatro Trasnocho, vimos la obra escrita, dirigida y presentada por Javier Vidal “Las camisas voladoras”. Lamentable, es un antecedente histórico que nos llama la atención a los diplomáticos para no ingresar abruptamente a la política de los gobiernos y seguir con nuestra función de contribuir con las políticas de Estado y con las soluciones que los venezolanos esperan que sean resueltas. Este embajador quiso ser presidente y llamado por todos los partidos y movimientos para las elecciones de 1947, terminó en un manicomio perdiendo la razón. Esta historia pueden leerla en el libro de mi colega Francisco Suniaga. Buen paradigma para nosotros los diplomáticos de carrera que deberíamos de continuar en nuestras posiciones independientes sin parcialidades políticas y seguir proponiendo nuestros nombres y conocimientos para los grandes problemas de la patria, en política de Estados más que de gobiernos. Por eso en mi caso, aunque fui uno de los fundadores del Movimiento Ecológico Venezolano (MOVE) y que hemos participado en todas las elecciones para afirmar nuestra causa en defensa del ambiente bajo los postulados del Encíclica Laudatio Sí; hemos llamado y así lo haremos la próxima semana a todos nuestros amigos que nos apoyan en nuestra causa a la participación electoral, porque es mejor acudir a las urnas electorales al margen de la política y la ideología de los gobiernos. Igualmente, porque es un problema de interés nacional y sobrepasa a la política actual y así ha sido siempre con gobiernos democráticos y autoritarios, que en su política y diplomacia siempre han tenido como norte el Esequibo. Finalmente, hubiera querido que dentro de los 54 partidos de la oposición, incluso aquellos grupos que llaman a la abstención, reflexionaran y hubiéremos escogido a un solo candidato para competir, como se hace en el deporte con dignidad y respeto, frente al otro candidato que es del gobierno en estas elecciones el 25 de mayo. Como no fue posible, yo renuncio a la aspiración a la gobernación y espero que las otras fuerzas políticas presenten a un solo candidato, que para esta elección debió ser nacional, como fue el referéndum, pero que se ha limitado a dos distritos del estado Bolívar. El gobernador que gane, de la oposición o del gobierno, contara con mi asesoría en esta materia, como lo he hecho cuando la Delegación Oficial de Venezuela, nos incorporó a varios diplomáticos y profesores ajenos al gobierno, para participar y defender a Venezuela con los grandes juristas internacionales y nacionales que nos acompañan frente a los más numerosos y nombrados juristas, que la Exxon Mobil pagó a Georgetown cuando anunció públicamente que daría 20 millones de dólares al gobierno guyanés para que judicializara el diferendo, dejando de lado su obligación establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1866. Seguiremos en esta línea, la semana pasada dimos una conferencia sobre este tema en San Cristóbal y la próxima semana estaremos en la Universidad Católica de Puerto Ordaz, donde invitamos a todas las fuerzas políticas del gobierno y la oposición, para profundizar sobre el tema fundamental de la diplomacia venezolana.

Jcpineda01@gmail.com
@jcpineda
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