Precisamente Schuman en 1950 en su célebre declaración explicaba la necesidad de la supranacionalidad para evitar los fracasos de experiencias similares en el pasado, especialmente en el periodo de entreguerras, sustentado en hacer materialmente inviable la guerra, al comprometer política, económica e institucionalmente los recursos y motores de la guerra en ese momento, a saber el carbón y el acero, a la voluntad colegiada de la integración. “Pese a que Monnet era un ferviente federalista, también era consciente de la imposibilidad de llevar a cabo este proyecto sin una integración previa y concreta que sirviera para “abrir en la muralla de las soberanías nacionales una brecha lo suficientemente angosta como para obtener el consenso y lo suficientemente profunda para impulsar a los Estados hacia la unidad necesaria para la paz”. (Barroso, 2020, p.85)

Tal como lo explica Haas (2004) el surgimiento de la “consciencia nacional”, presionada por sucesos históricos disruptivos y desestabilizadores impulsarían el desarrollo de comunidades políticas “supranacionales” o federales como la CECA que plantea una serie de desafíos institucionales, políticos, sociales, económicos y diplomáticos, pues supone la emergencia de una conciencia que trascienda la de las naciones existentes y una lealtad a un nuevo marco común con espíritu regulatorio.

Así mismo, está visión integracionista plantea la convivencia renovada de grupos de interés y partidos políticos a nivel nacional con visión y misión supranacional manteniendo al margen las pretensiones nacionalistas incompatibles con el sentimiento comunitario. Sustentados en Haas (2004), estos grupos definen sus intereses en términos más amplios que los del estado nacional separado del que provienen capaces de desarrollar un cuerpo de doctrina común a todos, o un nuevo nacionalismo que Haas (2004) denomina "supranacionalismo" que implica la transferencia parcial de competencias tradicionalmente asociadas al Estado-nación a nuevos mecanismos instituciones supranacionales insertadas en un corpus jurídico de amplio consenso que dota de vías legales y políticas el conflicto político inherente al espacio público, regidos por la buena fe y la solidaridad.

La integración política es así entendida como un proceso y un fin que involucra pues a grupos, individuos y gobiernos cónsono al pluralismo ideal de comunidad política en los procesos de toma de decisiones y de percepción de intereses, que en el caso de Europa occidental parte esencialmente de medidas económicas que allanaron el camino hacia procesos más amplios y multidimensionales. Sin embargo, el proyecto europeo es pluri-forme y multidimensional; se plantea como una interrogante permanente en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo -capitales factuales de la UE- cómo abordar y seguir fortaleciendo, o no, una integración que se debate entre el federalismo estadounidense y un animal político endémico, que se sustenta no sólo en lo económico sino en un corpus de valores sólidos y horizontales a toda la acción colectiva, que varía desde lo económico, lo internacional, lo energético, lo social, o cultural.

Este proceso que engendra un nuevo marco de lealtades y consensos obliga un marco institucional de convergencia acoplado a los valores finales compartidos con elementos técnicos, sociopolíticos y socioculturales. En este sentido, Kaipl (2014) se refiere a un proceso de integración postnacional que trasciende las fronteras nacionales inspirado en la teorización de lo constitucional societal postnacional del danés Poul Kjaer.

En efecto no hay ningún precedente comparable a la UE; el proceso de construcción europea es una innovación en la política europea que nace fundamentalmente para superar las dinámicas de enfrentamiento entre las potencias europeas cuyo rango de acción y limitación es mucho más que económica pero, por otra parte, totalmente voluntaria, que apunta al consenso y la convergencia, y por ello se puede revertir, como demostró el Brexit. La pertenencia y la permanencia en la UE implica un ejercicio y análisis coste-beneficio de perder parte de su soberanía que se compensa con creces en todos los aspectos, desde la pertenencia al mercado único más grande del mundo, posicionamiento geoestratégico, garantías de seguridad comunes, entre muchos otras. En efecto, el fin político último al que siempre ha aspirado la UE, convertirse en un ente político supranacional en constante evolución.

Sin embargo, el momentum político global actual apunta hacia un aislacionismo contrario a estos preceptos; la carrera arancelaria, el crecimiento exponencial de los factores más radicales conservadores en todo el globo -incluyendo en la UE donde han aumentado facciones euroescépticas- como Reagrupación Nacional liderado por Le Pen en Francia o el liderazgo de Viktor Orbán en Hungría, suponen un desafío multidimensional para el proceso de la UE, que en materia de política externa o defensa comunitaria requieren por obligación de los tratados de unanimidad, y que también generan cuestionamientos sobre su eventual influencia en una reconfiguración del proceso de integración en América Latina y otras regiones. Ahora bien, pareciera que ante la búsqueda de reposicionamiento e influencia global, la UE optará por fortalecer posiciones comunes, ante un caldeado sistema global.

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