El sistema eléctrico en Venezuela atraviesa una situación que afecta a millones de ciudadanos y repercute inevitablemente en la economía nacional. Los cortes de energía se han convertido en una lamentable realidad cotidiana en diversas regiones del país, afectando sectores clave como la salud, la educación y la producción industrial.

Ante esta realidad, es fundamental explorar soluciones viables y sostenibles que puedan garantizar un suministro eléctrico confiable y eficiente. Hay que comenzar por analizar y aceptar que la situación eléctrica nacional tiene consecuencias en múltiples ámbitos. La inestabilidad del servicio afecta principalmente a la producción industrial y comercial del país. Empresas y pequeños comercios ven interrumpidas sus actividades, lo que genera pérdidas monetarias y desincentiva la inversión. La falta de electricidad también repercute en la banca y el comercio electrónico, limitando las transacciones financieras.

Los apagones también afectan a sectores productivos esenciales, como la agricultura y la manufactura, que dependen de la electricidad para operar maquinaria y sistemas de riego. Sin un suministro confiable, la capacidad de producción disminuye, afectando la disponibilidad de bienes y alimentos, y generando inflación.

La falta de electricidad afecta también a la seguridad ciudadana. La iluminación pública es esencial para combatir delitos. Además, el mal funcionamiento de sistemas de seguridad, como cámaras de vigilancia y alarmas, aumenta la vulnerabilidad de hogares y comercios.

Por otro lado, las fallas eléctricas interrumpen el suministro de agua potable, ya que muchas estaciones de bombeo dependen de la energía para operar. Esto expone a la población a enfermedades y genera problemas sanitarios.

Los hospitales y centros de salud son especialmente vulnerables a los apagones. Aunque algunos cuentan con plantas eléctricas de respaldo, estas no siempre funcionan correctamente ni pueden sostener operaciones por períodos prolongados. La interrupción del suministro afecta equipos médicos esenciales, poniendo en riesgo la vida de pacientes.

La situación también ha tenido un impacto negativo en la educación, ya que las clases deben suspenderse cuando las escuelas y universidades se quedan sin electricidad. Además, el acceso a internet se ve comprometido, dificultando el aprendizaje a distancia y la investigación académica.

El impacto en la calidad de vida es generalizado. Sin electricidad, las familias no pueden conservar alimentos, lo que genera pérdidas económicas y afecta la seguridad alimentaria. Además, el calor extremo en algunas regiones hace que la falta de aire acondicionado y ventilación adecuada represente un riesgo para la salud, especialmente para los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este panorama, es prioritario implementar medidas concretas para estabilizar el sistema eléctrico en el país.

Una de las principales causas de la irregularidad en el servicio eléctrico es la necesidad de mantenimiento de las plantas generadoras y redes de distribución. Es prioritario destinar recursos a la modernización de las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como la sustitución de equipos deteriorados y el reforzamiento de las líneas de transmisión.

Venezuela depende en gran medida de la energía hidroeléctrica, con la Represa de Guri como principal fuente de generación. Sin embargo, el cambio climático y las sequías han evidenciado la necesidad de diversificar las fuentes de energía. La inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, podría aliviar la carga sobre el sistema hidroeléctrico y reducir la vulnerabilidad ante variaciones climáticas.

Nuestro país tiene un enorme potencial para aprovechar estas nuevas fuentes de energía, más amigables con el ambiente y menos costosas. Es prioritario que la inversión mixta pública y privada se ocupen de convertir esto en una realidad. Empresas especializadas en energías limpias podrían también aportar soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.

Por otro lado, el modelo centralizado de generación y distribución eléctrica ha demostrado ser ineficiente en un país con una geografía tan diversa. Promover a futuro proyectos de generación distribuida a nivel regional permitiría a los estados contar con mayor autonomía.

La cooperación con organismos internacionales y la participación del sector privado extranjero podrían facilitar la inversión en infraestructura y tecnología.

Crear un nuevo paradigma de suministro energético en Venezuela requiere una visión integral que combine inversión, innovación y voluntad política. Sin embargo, el factor más importante sigue siendo el compromiso genuino con el bienestar de la población venezolana.