El escaso crédito bancario se debe al alto Encaje Legal, política que obliga a los bancos a depositar en el Banco Central la mayor parte de los depósitos que reciben. Esta es una política monetarista dirigida a bajar la inflación recortando la liquidez, pero tiene el costo de bajar la inversión, oferta de productos, el empleo, los salarios y el bienestar. Esta política se viene aplicando simultáneamente con otras, como la liberación de precios y del cambio, que, más bien, estimulan la oferta; pero no lo suficiente como para bajar la inflación a un dígito. Ahora necesitamos privilegiar las políticas que estimulen la oferta y reducir el papel de las políticas que la restringen. El aumento del crédito bancario es la puerta que abre ese proceso. En este sentido se observa que el encaje real de los depósitos en bolívares ha bajado a 50% y el encaje en divisas al 70% y que el crédito bancario ha subido de US $ 200 MM en 2020 a US $ 1.468 MM, pero se estima que la empresa privada necesita unos US $ 4.500 MM.

En el caso de los impuestos, en vez de mantenerlos o reducirlos para reactivar la economía, el gobierno nacional y los municipales los incrementan para “salvarse ellos solos” y han entrado en una espiral fiscal que tiene un efecto recesivo, a lo que se suma que la mayoría de los impuestos tienden a ser inflacionarios. Venezuela es el peor país en América Latina en Competitividad y Neutralidad Tributaria, con 28 puntos, siendo Paraguay el mejor país en este aspecto, con 68 puntos. Los gobiernos deben financiarse con bajos impuestos cobrados a muchos pagadores, en vez de tratar de financiarse cobrándole mucho a los pocos pagadores que quedan y generando evasión fiscal.

El contrabando al que me refiero no es una política. Lo que sí es una política es el contrabando sin sanción. El contrabando coincide con la sobrevaluación porque le baja el costo al producto artificiosamente al no pagar aranceles y puede hacerse letal cuando se permite la importación de productos insalubres o peor, de medicinas vencidas, reempacadas y con fechas de vencimiento remarcadas. Necesitamos castigar el contrabando, “caiga quien caiga”.

La sobrevaluaciòn del bolívar es una política que se viene usando en Venezuela de manera sistemática desde principios de la década de 1930, cuando el gobierno del general J.V.Gómez, para evitar que el empresariado y sus trabajadores crezcan en riqueza y poder político. Las excepciones han sido los gobiernos de los generales López Contreras, Medina Angarita y el segundo gobierno de CAP. Los peores en este sentido, el primer gobierno de CAP, el segundo de Hugo Chávez y los dos de NM. La sobrevaluación del bolívar parece un mecanismo gracioso para que el pueblo compre importaciones baratas o viaje, pero crean desempleo, vulnerabilidades estratégicas al depender de importaciones, por ejemplo, de alimentos y contribuye con los desequilibrios macroeconómicos al reducir las reservas, incrementar el desempleo, los bajos salarios. Cuando surgen las crisis, al bajar los ingresos petroleros, ocurren los grandes ajustes y es el pueblo quien más sufre las macro devaluaciones. Necesitamos mantener una devaluación tipo crawling peg que sincere el valor del bolívar frente al dólar progresivamente, sin macrodevaluaciones.

Cuando se presente la posibilidad de corregir los desequilibrios de la economía, no lo hagamos a través de los llamados ajustes de la economía ni renegociando deudas. Eso ya lo hemos hecho, con resultados inútiles. La deuda externa pública se paga vendiendo las empresas del Estado. Lo que necesitamos es reestructurar la economía. La clave son disciplina fiscal y una privatización integral que incluya a inversionistas capitalistas capacitados (muchos entrarían bajo la modalidad de reconversión de deuda en capital), a trabajadores de las empresas a privatizar; y al público al colocar parte de las acciones a través de la Bolsa de Valores. El Global Impact Investing Network ofrece créditos para financiar a los compradores más modestos. Así recuperaríamos la electricidad, el agua, la gasolina, entre tantos otros bienes y servicios hasta ahora no producidos por sus propietarias: las Empresas del Estado.

@joseagilyepes