De que el Esequibo es nuestro no cabe ninguna duda a los venezolanos, pero una cosa es que lo sea y otra es defenderlo, cuestión que no requiere referéndum alguno pues es obligación tácita del Estado y ciudadanos. Infortunadamente durante los 25 años de desgobierno “revolucionario”, este hizo a un lado la defensa del Esequibo por conveniencia apoyando con inacción el reclamo guyanés mientras lo favorecía con compras millonarias de arroz y otras prebendas, además de hacerse la vista gorda ante el avance de los intereses multinacionales sobre el área en reclamación materializados ya en la muy exitosa y provechosa explotación petrolera que disfruta Guyana. De hecho no izó bandera nunca sobre el Esequibo como ahora hace Guyana desafiantemente en la zona en reclamación, menos voló Sukoi alguno mientras avanzaban en construcción las plataformas petroleras que continúa, lo que me recuerda como en 1987 el gobierno democrático de entonces además de movilizar nuestra Armada, hizo volar dos F-16 de advertencia en defensa de nuestra soberanía, sobre la corbeta colombiana Caldas que incursionó en aguas territoriales.

Por eso ahora cuando la fulana “revolución” y los “revolucionarios” avisoran su fin y despedida, intentan revitalizarse pre-electoralmente, y por eso llaman a un referéndum para consultar su obvia descuidada obligación, incluyendo en ella abusivamente a los niños escolares. Súbitamente en el mapa de la República “Bolivariana” ahora incluyen el área en reclamación, que desde 1966 estaba incorporada en el mapa oficial de la República de Venezuela.

Por ello es importante que todos los venezolanos conozcan, que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y los académicos han trabajado por décadas muy seriamente sobre la controversia del Esequibo, y con ella y ellos Venezuela cuenta para la defensa del Esequibo.

Sin embargo la Academia ni los académicos son consultados como si solo correspondiera oír lo que le interesa al régimen, por cierto muy mediocre en todo lo relacionado. De allí que son desoídas opiniones muy bien fundamentadas como la del reconocido experto en la materia Dr Allan R. Brewer-Carías, Profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Profesor de la Universidad de Cambridge, Past Fellow del Trinity College, Cambridge UK, Profesor Asociado de Université de Paris II, Profesor Adjunto de Leyes en la Escuela de Leyes de Columbia.

Recién este 2023, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales , publicó el trabajo del Dr Brewer-Carías titulado “Derechos de Venezuela sobre el Territorio Esequibo, la nulidad del Laudo Arbitral de 1899 y las falsedades en la memoria de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia”, “como contribución a lo que pueden ser parte de los argumentos que podrían ser tomados en cuenta por quienes, en representación del país, habrán de formular ante la Corte Internacional de Justicia los alegatos designados a defender los derechos territoriales de Venezuela”

Del importante trabajo, reproducimos aquí un extracto, para que los amables lectores de El Universal, ilustren su conocimiento sobre el tema. Como leerán, el asunto es uno de defensa judicial de los derechos de Venezuela, ahora ante la Corte Internacional de Justicia, gestión oficial que no necesita de referéndum ninguno. Leamos:

“Después de más de medio siglo de denuncias de Venezuela de que el Laudo Arbitral relativo a la frontera entre la antigua Colonia de la Guyana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, de 3 de octubre de 1899 es nulo, ahora, en virtud de la decisión adoptada por el Secretario General de las Naciones Unidas en enero de 2018, de referir la solución definitiva de la controversia de la Guayana Esequiba a decisión de la Corte Internacional de Justicia conforme a la previsión expresa del Acuerdo de Ginebra de 1966; Venezuela, al fin, tiene la oportunidad y la obligación de presentar su caso y defender sus derechos ante dicha Corte Internacional de Justicia.

Con base en la decisión del Secretario General de la ONU, Venezuela fue, en efecto, demandada formalmente en 2018 por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, la cual dictó sentencia el 18 de diciembre de 2020 decidiendo sobre su jurisdicción, declarán- dose competente para juzgar sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 y la cuestión conexa de la delimitación de la frontera entre ambos países.

Esa sentencia es obligatoria, como también lo será la sentencia que la Corte dicte sobre el fondo de la controversia que, como se dijo, es la nulidad o no del Laudo de 1899 así como la determinación de la frontera entre Venezuela y Guyana. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el Derecho Internacional Público, son claros en cuanto al carácter y los efectos de las sentencias del referido Tribunal.

Venezuela no tiene otra alternativa, sino defender sus derechos, pues el juicio, aún sin su participación, continuaría. Defender los derechos de una Venezuela demandada ante el Tribunal que conoce de la demanda, es una obligación que tiene que asumir el Gobierno, que no puede dudar de cumplir, ni puede estar sometiéndola a una pretendida “consulta popular,” como se anunció en algún momento.

La defensa judicial de los derechos del país se ejerce ante el tribunal de la causa, consultando, sí, a los mejores especialistas en derecho de Venezuela y del mundo, pero ello no puede sujetarse a los resultados de “consulta popular” alguna, entre otras razones porque el proceso judicial está en curso y Venezuela ya compareció. En el juicio, Guyana presentó su Memoria en 8 de marzo de 2022; y la Corte ha fijado hasta el día 8 de abril de 2024, para que Venezuela presente su Contra-Memoria.

De la lectura detenida de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de 18 de diciembre de 2020 y de 6 de abril de 2023, así como de la Memoria presentada por Guyana (Volumen 1, 287 pp.) corresponde a Venezuela contestar ante la misma Corte, presentando su Contra Memoria antes del 8 de abril de 2024, tal como quedó establecido por la misma.”

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