Región Insular, Futuro y Desarrollo es una organización civil surgida del seno de la sociedad neoespartana; iniciativa de un conjunto de hombres y mujeres pensando en el desarrollo sustentable de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. Su filosofía se enfoca en los servicios elementales que requiere una población para satisfacer sus necesidades, la conservación de sus valores, el respeto a su historia y tradiciones, pero sobre todo pensar en la construcción de una ciudadanía comprometida con el cumplimiento de sus deberes, con claridad meridiana en el reclamo de sus derechos para aspirar vivir en comunidad con los estándares de vida que ofrece un presente globalizado con las mismas oportunidades experimentadas en las democracias consolidadas, y las naciones que crecen en conformidad con la calidad de su educación y la observancia de principios como la libertad, la solidaridad, el respeto por las normas y su ecosistema.

Una organización integrada por profesionales de las distintas ramas del conocimiento, intelectuales y académicos; tiene claro que los desarrollos regionales están en estrecha consonancia con el crecimiento piramidal de la nación a la cual pertenecen. He allí que todo esfuerzo de construcción está supeditado a la fortaleza de sus instituciones, el respeto por legalidad, sin distingo de ningún tipo, y sobre todo apostar por instituciones robustas donde el ciudadano vea satisfechas sus necesidades, al tiempo que exista respeto a su libre albedrío cuando en ejercicio de tales, emita su opinión sin afectar el orden público, haciendo uso de las prerrogativas conferida en la constitución, las leyes y las convenciones internacionales suscrita por la república. Tal realidad, no puede ser obviada por el conjunto de los miembros de esta organización no gubernamental ante los vaivenes de la política nacional.

El pasado domingo 22 de octubre, más de dos millones de venezolanos (2.307.635) se pronunciaron a través del más democrático de los métodos, el voto directo y secreto, más que para escoger una candidatura, para determinar un liderazgo en medio de un país de incertidumbre: no fue una acción para denostar a las organizaciones político partidistas, de cuyo ejercicio en la contienda electoral, dejaron un verdadero ejemplo de desprendimiento por parte de su militancia, que asume el presente como un reto para el futuro. El proceso estuvo bajo la dirección de un conjunto de ciudadanos de honorabilidad indiscutible, sentido de compromiso con el país, imparcialidad y pulcritud: Un proceso sin el CNE, sin fuerzas militares en la calle, sin recursos más allá de la autogestión ciudadana y sin medios de comunicación; además, enfrentando un sinfín de obstáculos desde diferentes frentes, con éxito lograron organizar, llevar a cabo y culminar una elección histórica que fue apreciada en toda su magnitud por la comunidad internacional.

Las reacciones ante el proceso, no pudieron ser más expresivas por parte del régimen que controla el poder político nacional. Al igual que quien descubre la vulnerabilidad de su salud institucional, cual un signo de tanatología marcada, experimentaron un primer episodio de incredulidad; un segundo estadío, el cual fue de rabia hacia el mensajero en este caso la Comisión Nacional de Primarias. En espera del tercer paso obligatorio en casos similares Región Insular Futuro y Desarrollo, aguardó la evolución natural hacia la resignación; la cual puede tener dos vertientes; la menos indicada acentuar los vicios para acelerar el proceso de autolesión; o el más esperado, entender que los signos y síntomas le hablan de la necesidad de corregir entuertos, modelar una conducta errónea y preparase para un desenlace con posibilidades reales de sobrevivir al trauma.

El poder optó por la primera de las perspectivas y mediante el uso incorrecto del poder judicial, el 30 de octubre la Sala Electoral del TSJ emitió una sentencia que pone en relieve una conducta que desdice de su función juzgadora con imparcialidad, al incurrir en elementos antijurídicos y reñidos con los principios del Derecho. De la Resolución se desprenden las siguientes apreciaciones: a) La sala se abroga una competencia que no posee al intervenir en un proceso de carácter privado, que no afecta la acción pública en su accionar administrativo, ni legislativo, en franca violación de los Derechos establecidos en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocidos como constitucionales en el artículo 23 de la Constitución venezolana; b) Confiere carácter de litigante a un ciudadano, que no tiene la capacidad jurídica para incoar querella contra un acto del que no es parte activa, (simula el amparo que pueda otorgarse a una persona que se siente vulnerado en “su derecho” a entrar por la ventana a entorpecer la fiesta del vecino a quien le ha acosado constantemente; c) En el acto la sala se pronuncia sobre el fondo de la causa, para luego solicitar “una investigación” de manera coercitiva sobre ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos; d) Declara como sentencia firme a actos administrativos contra personas, sin que exista un expediente que certifique un cabal cumplimiento del debido proceso, con acceso a la causa de los interesados; e) Hace solicitud de instrumentos de prueba que ya no existen, dado que por protocolo y reglamento aprobado por las partes, se decidió su destrucción para eliminar riesgos a los ciudadanos participantes en el proceso, ante una eminente evidencia de persecución política; y f) Declara sin efecto un proceso cuyos objetivos se cumplieron y son irreversible, de cuya efectividad y connotación fue reseñada por los medios de comunicación internacionales con la respectiva toma de nota de los gobiernos del mundo.

En función de lo precedente Región Insular, fiel a su compromiso de estimular el espíritu solidario hacia la defensa de los Derechos ciudadanos, la institucionalidad democrática, el bien común y el desarrollo sustentable de una vía pacífica hacia la unidad nacional expresa:

• A los actores políticos, no caer en provocaciones, continuar con los objetivos trazados en el imaginario popular hacia una salida pacífica y electoral a la actual crisis que vive la nación.
• A la sociedad civil y los más de dos millones de electores que sufragaron el 22 de octubre, por cualquiera de las opciones, no desviar la atención del acto cívico y valiente que les acompañó en la jornada; conscientes que no hay forma de criminalizar sus decisiones soberanas, cuya legitimidad es reconocida en el concierto de las naciones por gobiernos democráticos y los entes multilaterales de justicia internacional.
• A la clase empresarial y a la academia, elevar sus opiniones y hacerse partícipe en la conformación de una fuerza que comulgue con la libertad, la justicia y el rescate de la institucionalidad.
• A los funcionarios del alto gobierno y la instituciones el Estado, considerar las consecuencias que actos de naturaleza antidemocráticos pueden acarrear para nuestra nación, incrementando el sufrimiento que padece el pueblo venezolano.
• A la ciudadanía en general, los sucesos que siguieron a la heroica gesta del 22 de octubre, puede pasar por muchos sin sabores, sin embargo, ninguno más deplorable que la diáspora obligada de millones de compatriotas en busca de cobijo, ante la desesperanza. El porvenir de los pueblos solo puede factible si se acaba el miedo, y se nutre el deseo de libertad.