El territorio Esequibo vuelve a los titulares, por el anuncio de nuevas licitaciones petrolíferas en zonas limítrofes de aguas no delimitadas entre Guyana y Venezuela. Además, comentarios de personajes internacionales que no tendrían que tomar partido en este desacuerdo limítrofe entre nuestros dos países, añadieron tensión a la noticia de las nuevas licitaciones.
Hay que recordar que el diferendo sobre el territorio al oeste del río Esequibo consiste en un reclamo histórico que la República de Venezuela hizo al Reino de la Gran Bretaña, porque en su pasado colonial ese país tomó un espacio que no le pertenecía. Eran territorios de la Capitanía General de Venezuela.
A partir del año 1835, los ingleses, usando unas líneas imaginarias que trazó el explorador Robert Schomburgk, enviado y pagado por ellos, levantaron mapas del área y trazaron unas fronteras que le adjudicaban unilateralmente a la Gran Bretaña una parte del suelo venezolano. El gobierno nacional alzó su voz contra las pretensiones coloniales, sin mucha capacidad de acción ante el poderoso vecino.
En el año 1899 las grandes potencias firmaron en París un acuerdo limítrofe, tomando como referencia algunas de las líneas trazadas por Schomburgk. Un tribunal formado por norteamericanos, rusos, e ingleses, produjo un laudo que el presidente venezolano de ese entonces, Ignacio Andrade, denunció inmediatamente como nulo e irrito.
Esa posición se mantuvo persistentemente a lo largo de los años y, dentro de la línea diplomática, Venezuela denunció ante la ONU en el año 1962 su reclamo limítrofe. Así logró que cuatro años después, justo antes de otorgarle la independencia a su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar en Ginebra un acuerdo por medio del cual reconoció la protesta venezolana, y accedió a buscar soluciones pacíficas a la controversia.
Ese año, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en su mensaje anual al Congreso Nacional el 12 de marzo de 1962 declaró: “El diferendo entre la débil Venezuela y la arrogante Albión de los días de la Reina Victoria fue resuelto en un inicuo e inaceptable, y siempre inaceptado por Venezuela, laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho. Jamás Venezuela ha admitido y no admitirá que tan extensa porción de territorio, legítimamente suyo, deje de estar encuadrado dentro de su geografía”
Así nació el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, con apoyo unánime de la delegación venezolana formada por “tres delegados del partido de gobierno, tres de la oposición y un senador del grupo independiente”. Ese acuerdo define el camino de la reclamación por el Esequibo, y sirve para tratar de reparar el daño que causara a Venezuela el Laudo de París.
El 17 de marzo del año 1966 el Canciller de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges, quien había sido anteriormente embajador en el Reino Unido, expuso ante el Congreso Nacional los alcances del Acuerdo de Ginebra. Luego, en el año 1970, los gobiernos de Venezuela y Guyana suscribieron el Protocolo de Puerto España, que impedía hacer valer ninguna reclamación y establecía que el territorio en disputa no podría ser explotado unilateralmente por ninguno de los dos países.
La situación se mantuvo como entumecida durante bastante tiempo hasta que, el 20 de diciembre de 2019, apareció publicada en medios internacionales la información de que el consorcio formado por los gigantes petroleros ExxonMobil, la estatal China National Oil Offshore Company (CNOOC), y Hess Corporation, comenzaron a extraer 120.000 barriles diarios de crudo del pozo Liza, ubicado en el océano Atlántico a unos 190 kilómetros de la costa.
En el año 2019, la república de Guyana introdujo demanda ante la CIJ, dentro del marco del diferendo fronterizo con Venezuela, para dilucidar si el Laudo de París de 1899 es válido. Venezuela ha rechazado la competencia de la CIJ en este caso. Sin embargo, abogados que saben conocen mucho el tema aseguran que la razón jurídica está del lado de Venezuela, y la nulidad del Laudo de París se puede demostrar fácilmente en cualquier instancia, porque hay muchas evidencias de viciosos manejos procesales.
Nuevos elementos fueron apareciendo cada día en el ya complejo panorama. Uno fue el acuerdo de cooperación que se firmó en el año 2020 entre el gobierno guyanés y el de los Estados Unidos, que permite patrullaje conjunto para “combatir el narcotráfico, pesca ilegal, armas, y trata de personas”. Eso le agrega un ruido bien picante a la situación.
Ahora, la noticia es una nueva ronda de licitaciones, que puede caldear aún más los ánimos, y el anuncio de un referéndum en Venezuela para pulsar la posición de los venezolanos respecto al diferendo. No hay duda que el resultado del referendo será un abrumador rechazo a dejar perder el territorio Esequibo.
Por otro lado, la diplomacia venezolana debe actuar y solicitarle a sus socios comerciales como China, que actualmente está extrayendo petróleo en la zona, (no es solamente la ExxonMobil), o los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), con quienes el gobierno ha firmado muy recientemente acuerdos de cooperación y de explotación conjunta, eviten dar apoyos incondicionales a Guyana en sus aspiraciones.
Con exigirles, en aras de mantener buenas relaciones, que se guíen por el estado de derecho y respeten nuestros reclamos históricos sin pronunciarse ni tomar partido, ya sería un avance.
Pero vemos con desagrado que cada vez que hay una reunión del Caricom, se reafirma el respaldo absoluto a Guyana en sus aspiraciones. Esos son los mismos países que suelen beneficiarse económicamente de Venezuela, obteniendo petróleo barato o regalado. Diplomáticamente hablando, hacer el papel de tonto, o de vecino rico, debe pasar definitivamente a la historia. Al final, nadie agradece esas ayudas.
Este asunto, que pareciera menor a los demás, resulta vital para Venezuela porque si se accediera a las aspiraciones guyanesas nuestro país perdería su fachada atlántica, y por tanto, la salida marítima del río Orinoco. Inaceptable.
alvaromont@gmail.com
Hay que recordar que el diferendo sobre el territorio al oeste del río Esequibo consiste en un reclamo histórico que la República de Venezuela hizo al Reino de la Gran Bretaña, porque en su pasado colonial ese país tomó un espacio que no le pertenecía. Eran territorios de la Capitanía General de Venezuela.
A partir del año 1835, los ingleses, usando unas líneas imaginarias que trazó el explorador Robert Schomburgk, enviado y pagado por ellos, levantaron mapas del área y trazaron unas fronteras que le adjudicaban unilateralmente a la Gran Bretaña una parte del suelo venezolano. El gobierno nacional alzó su voz contra las pretensiones coloniales, sin mucha capacidad de acción ante el poderoso vecino.
En el año 1899 las grandes potencias firmaron en París un acuerdo limítrofe, tomando como referencia algunas de las líneas trazadas por Schomburgk. Un tribunal formado por norteamericanos, rusos, e ingleses, produjo un laudo que el presidente venezolano de ese entonces, Ignacio Andrade, denunció inmediatamente como nulo e irrito.
Esa posición se mantuvo persistentemente a lo largo de los años y, dentro de la línea diplomática, Venezuela denunció ante la ONU en el año 1962 su reclamo limítrofe. Así logró que cuatro años después, justo antes de otorgarle la independencia a su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar en Ginebra un acuerdo por medio del cual reconoció la protesta venezolana, y accedió a buscar soluciones pacíficas a la controversia.
Ese año, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en su mensaje anual al Congreso Nacional el 12 de marzo de 1962 declaró: “El diferendo entre la débil Venezuela y la arrogante Albión de los días de la Reina Victoria fue resuelto en un inicuo e inaceptable, y siempre inaceptado por Venezuela, laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho. Jamás Venezuela ha admitido y no admitirá que tan extensa porción de territorio, legítimamente suyo, deje de estar encuadrado dentro de su geografía”
Así nació el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, con apoyo unánime de la delegación venezolana formada por “tres delegados del partido de gobierno, tres de la oposición y un senador del grupo independiente”. Ese acuerdo define el camino de la reclamación por el Esequibo, y sirve para tratar de reparar el daño que causara a Venezuela el Laudo de París.
El 17 de marzo del año 1966 el Canciller de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges, quien había sido anteriormente embajador en el Reino Unido, expuso ante el Congreso Nacional los alcances del Acuerdo de Ginebra. Luego, en el año 1970, los gobiernos de Venezuela y Guyana suscribieron el Protocolo de Puerto España, que impedía hacer valer ninguna reclamación y establecía que el territorio en disputa no podría ser explotado unilateralmente por ninguno de los dos países.
La situación se mantuvo como entumecida durante bastante tiempo hasta que, el 20 de diciembre de 2019, apareció publicada en medios internacionales la información de que el consorcio formado por los gigantes petroleros ExxonMobil, la estatal China National Oil Offshore Company (CNOOC), y Hess Corporation, comenzaron a extraer 120.000 barriles diarios de crudo del pozo Liza, ubicado en el océano Atlántico a unos 190 kilómetros de la costa.
En el año 2019, la república de Guyana introdujo demanda ante la CIJ, dentro del marco del diferendo fronterizo con Venezuela, para dilucidar si el Laudo de París de 1899 es válido. Venezuela ha rechazado la competencia de la CIJ en este caso. Sin embargo, abogados que saben conocen mucho el tema aseguran que la razón jurídica está del lado de Venezuela, y la nulidad del Laudo de París se puede demostrar fácilmente en cualquier instancia, porque hay muchas evidencias de viciosos manejos procesales.
Nuevos elementos fueron apareciendo cada día en el ya complejo panorama. Uno fue el acuerdo de cooperación que se firmó en el año 2020 entre el gobierno guyanés y el de los Estados Unidos, que permite patrullaje conjunto para “combatir el narcotráfico, pesca ilegal, armas, y trata de personas”. Eso le agrega un ruido bien picante a la situación.
Ahora, la noticia es una nueva ronda de licitaciones, que puede caldear aún más los ánimos, y el anuncio de un referéndum en Venezuela para pulsar la posición de los venezolanos respecto al diferendo. No hay duda que el resultado del referendo será un abrumador rechazo a dejar perder el territorio Esequibo.
Por otro lado, la diplomacia venezolana debe actuar y solicitarle a sus socios comerciales como China, que actualmente está extrayendo petróleo en la zona, (no es solamente la ExxonMobil), o los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), con quienes el gobierno ha firmado muy recientemente acuerdos de cooperación y de explotación conjunta, eviten dar apoyos incondicionales a Guyana en sus aspiraciones.
Con exigirles, en aras de mantener buenas relaciones, que se guíen por el estado de derecho y respeten nuestros reclamos históricos sin pronunciarse ni tomar partido, ya sería un avance.
Pero vemos con desagrado que cada vez que hay una reunión del Caricom, se reafirma el respaldo absoluto a Guyana en sus aspiraciones. Esos son los mismos países que suelen beneficiarse económicamente de Venezuela, obteniendo petróleo barato o regalado. Diplomáticamente hablando, hacer el papel de tonto, o de vecino rico, debe pasar definitivamente a la historia. Al final, nadie agradece esas ayudas.
Este asunto, que pareciera menor a los demás, resulta vital para Venezuela porque si se accediera a las aspiraciones guyanesas nuestro país perdería su fachada atlántica, y por tanto, la salida marítima del río Orinoco. Inaceptable.
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