El 7 de junio se reunieron en Georgetown, capital de Guyana, el primer ministro guyanés, general retirado Mark Phillips, con el embajador de Venezuela en ese país desde abril de este año, Carlos Pérez Silva. Lo que pudiera ser una reunión normal y corriente entre representantes de dos gobiernos, se convirtió en este caso en noticia muy importante porque los contactos diplomáticos estaban muy escasos. Llegaron a un punto álgido en julio del año 2015, cuando el gobierno venezolano retiró su representante diplomático en Georgetown como protesta por el manejo de las concesiones petroleras que hizo el anterior gobierno guyanés, presidido por el general David Granger. Después de una reunión que sostuvieron los presidentes de Guyana y Venezuela en Nueva York en septiembre de ese mismo año con el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los mandatarios acordaron regresar los embajadores a sus funciones. Desde ese momento, con períodos más bajos que altos, los contactos han sido exiguos.

Uno de ellos ocurrió el 11 de enero del año 2021, cuando el ministro de relaciones exteriores de Guyana, Hugh Todd, se reunió con el encargado de negocios venezolano en ese país, Moisés Chávez. En esa oportunidad, el canciller guyanés deseaba escuchar los alcances del decreto que emitió el gobierno venezolano el 7 de enero del mismo año, sobre el desarrollo de la fachada atlántica. Al gobierno guyanés le pareció que ese decreto no estaba en concordancia con las leyes internacionales.

La reunión de este mes fue totalmente diferente. Los altos funcionarios conversaron sobre posibles caminos para mejorar las relaciones entre ambos países. El tema de los emigrantes venezolanos que han ido recientemente a Guyana estuvo en la agenda, con base a denuncias sobre maltratos, mafias de prostitución y deportaciones. Cantidades de indígenas, hombres, mujeres y niños pertenecientes a la etnia warao, que viven en el Delta del Orinoco, han navegado hacia territorio guyanés huyendo de la crisis económica. Los reportes indican que, en ciertos casos, han sido deportados bruscamente.

En esa reunión, el primer ministro guyanés aseguró que su país se comprometía, como establece el derecho internacional humanitario, a proveer refugios, servicios de salud, comida, e integración de los niños al sistema educativo. Asuntos de cooperación en seguridad bilateral contra las bandas criminales y el narcotráfico también fueron abordados, así como el desarrollo económico del sector privado de ambos países. Por su parte, el embajador venezolano declaró que la reunión fue muy importante, y que los dos gobiernos tienen la intención de promover la comunicación y cooperación “tanto como podamos”

Existe una Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), con varios comités de trabajo que incluyen, además del tema del Esequibo, aspectos de interés común como salud, idiomas, fuerza laboral y otros. Esa comisión tiene mucho tiempo que no se reúne. Es hora de convocarla y ojalá estas recientes conversaciones diplomáticas logren activarla de nuevo, por el bien de ambos países. Expertos en las relaciones bilaterales, como el ex embajador venezolano en Guyana, Darío Morandy, han sugerido retomar como parte de ese intercambio entre vecinos el Instituto Venezolano para la Cultura y Educación, que funcionaba desde septiembre del año 1968 en Georgetown. A cursos de español en ese instituto asistieron líderes guyaneses tan destacados como los expresidentes Donald Ramotar y Bharrat Jadgeo.

El diferendo sobre el territorio al oeste del río Esequibo, que es el asunto que más nos separa, consiste en un reclamo histórico que la República de Venezuela hizo al Reino de la Gran Bretaña, porque en su pasado colonial ese imperio tomó un espacio que no le pertenecía. Desde el descubrimiento, esa zona formaba parte de las colonias españolas que componían a la Capitanía General de Venezuela. A partir del año 1835, los ingleses por medio del explorador Robert Schomburgk levantaron mapas del área, y trazaron unas líneas limítrofes que le adjudicaban unilateralmente a la Gran Bretaña una parte del suelo venezolano. En el año 1899, las grandes potencias firmaron en París un acuerdo limítrofe, tomando como referencia líneas trazadas por Schomburgk. Un tribunal formado por norteamericanos, rusos e ingleses, produjo un laudo que enseguida el gobierno venezolano de ese entonces denunció como nulo e irrito.

Esa posición se mantuvo persistentemente y en el año 1962 Venezuela denunció ante la ONU el problema limítrofe, logrando que cuatro años después, justo antes de otorgarle la independencia a su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar con nuestro país un acuerdo en la ciudad de Ginebra por medio del cual reconoció el reclamo y accedió a buscar soluciones a la controversia.

Este asunto, que pareciera menor, resulta vital para Venezuela porque si accediera a las aspiraciones guyanesas perdería su fachada atlántica, y por tanto, la salida marítima del río Orinoco. Ojalá que estas nuevas conversaciones ayuden a encontrar caminos, para lograr una salida satisfactoria para ambas partes.

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