Realmente hay bastante preocupación en una parte del Foro venezolano con el tema de la soberanía de Guayana Esequiba, que es una región del escudo guayanés, comprendida entre el rìo Esequibo hasta el hito del Monte Roraima, y que tiene una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados.
En la actualidad es administrado como propio por la República Cooperativa de Guyana, pese a que la República Bolivariana de Venezuela reclama dicho territorio como propio basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Al día de hoy, solamente la parte oriental de la isla fluvial de Anacoco, en el rìo Cuyuní, está bajo la soberanía nuestra, pero también ha sido protestada por Guyana, con el alegato de que esa parte de la isla se la anexó el ejército venezolano cuando la ocupó en 1966.
En nuestros mapas, el área en reclamación aparece rayada oblicuamente, con la advertencia de Zona en Reclamación, y dicho territorio es reclamado como parte integrante de los estados Bolívar y Delta Amacuro, mientras que en los de Guyana aparece como propio y soberano, integrante de seis regiones del país, y fueron incluidas en la Constitución de 1980, reformada en 1996, y para ser honestos, se hizo de manera confusa.
Venezuela, de su parte, incluye ese territorio dentro de sus dominios desde su primera Constitución en 1811 hasta la última, la de 1999, que en su artículo 10 establece: “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la trasformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
En 1899 en Paris, se produce un Laudo Arbitral que lleva su nombre, concluyó con la cesión de ese territorio al oeste del rio Esequibo a Gran Bretaña, y esa patraña la montaron sin que Venezuela estuviese representada, y siempre dicho fallo ha sido impugnado. En 1962, nuestro Canciller, Marcos Falcón Briceño, compareció ante la ONU denunciando el Laudo Arbitral alegando componendas y vicios de nulidad.
El problema actual es que el Gobierno Venezolano, basado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito entre el Reino Unido y Venezuela, con la presencia del gobierno colonial de la Guayana Británica, en el que se acordó designar una comisión mixta que estableciese un mecanismo para buscar la solución del tema. Libre la colonia, el Reino Unido le traspasa al nuevo país la disputa territorial. En ese acuerdo, Venezuela reconoce al nuevo país que estaba próximo a independizarse, reservándose, de manera expresa la soberanía sobre el territorio en cuestión, pero a fin de cuentas, con el transcurso del tiempo, la reclamación quedó sometida a la Secretaria General de la ONU, y los guyaneses, por no haber resultados, acudieron a la Corte Internacional de Justicia siendo que Venezuela no le reconoce competencia.
El tema es grave, porque de no defendernos, la CIJ pudiera dictar una sentencia a favor de Guyana, y ellos son los que tienen la posesión del territorio soberanamente, de manera que la sentencia ya estaría ejecutada y cualquier acto nuestro, que tendría que ser de hecho, puede considerarse una agresión.
Loa abogados venezolanos pensamos que tenemos suficientes argumentos para acudir a la Instancia Judicial y salir victoriosos. Sin esa opción, los especialistas piensan que vamos a perder por no defendernos y sin duda habrá que olvidarse del tema.
Varios juristas, sumamente talentosos y capaces, están dispuestos a trabajar en beneficio de la patria, sin percibir honorarios. Dejémonos de tonterías y planifiquemos las defensas que la República Bolivariana de Venezuela necesita.
@gadeaperez
En la actualidad es administrado como propio por la República Cooperativa de Guyana, pese a que la República Bolivariana de Venezuela reclama dicho territorio como propio basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Al día de hoy, solamente la parte oriental de la isla fluvial de Anacoco, en el rìo Cuyuní, está bajo la soberanía nuestra, pero también ha sido protestada por Guyana, con el alegato de que esa parte de la isla se la anexó el ejército venezolano cuando la ocupó en 1966.
En nuestros mapas, el área en reclamación aparece rayada oblicuamente, con la advertencia de Zona en Reclamación, y dicho territorio es reclamado como parte integrante de los estados Bolívar y Delta Amacuro, mientras que en los de Guyana aparece como propio y soberano, integrante de seis regiones del país, y fueron incluidas en la Constitución de 1980, reformada en 1996, y para ser honestos, se hizo de manera confusa.
Venezuela, de su parte, incluye ese territorio dentro de sus dominios desde su primera Constitución en 1811 hasta la última, la de 1999, que en su artículo 10 establece: “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la trasformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
En 1899 en Paris, se produce un Laudo Arbitral que lleva su nombre, concluyó con la cesión de ese territorio al oeste del rio Esequibo a Gran Bretaña, y esa patraña la montaron sin que Venezuela estuviese representada, y siempre dicho fallo ha sido impugnado. En 1962, nuestro Canciller, Marcos Falcón Briceño, compareció ante la ONU denunciando el Laudo Arbitral alegando componendas y vicios de nulidad.
El problema actual es que el Gobierno Venezolano, basado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito entre el Reino Unido y Venezuela, con la presencia del gobierno colonial de la Guayana Británica, en el que se acordó designar una comisión mixta que estableciese un mecanismo para buscar la solución del tema. Libre la colonia, el Reino Unido le traspasa al nuevo país la disputa territorial. En ese acuerdo, Venezuela reconoce al nuevo país que estaba próximo a independizarse, reservándose, de manera expresa la soberanía sobre el territorio en cuestión, pero a fin de cuentas, con el transcurso del tiempo, la reclamación quedó sometida a la Secretaria General de la ONU, y los guyaneses, por no haber resultados, acudieron a la Corte Internacional de Justicia siendo que Venezuela no le reconoce competencia.
El tema es grave, porque de no defendernos, la CIJ pudiera dictar una sentencia a favor de Guyana, y ellos son los que tienen la posesión del territorio soberanamente, de manera que la sentencia ya estaría ejecutada y cualquier acto nuestro, que tendría que ser de hecho, puede considerarse una agresión.
Loa abogados venezolanos pensamos que tenemos suficientes argumentos para acudir a la Instancia Judicial y salir victoriosos. Sin esa opción, los especialistas piensan que vamos a perder por no defendernos y sin duda habrá que olvidarse del tema.
Varios juristas, sumamente talentosos y capaces, están dispuestos a trabajar en beneficio de la patria, sin percibir honorarios. Dejémonos de tonterías y planifiquemos las defensas que la República Bolivariana de Venezuela necesita.
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