El pasado lunes 13 del presente mes la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet presentó un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En esta oportunidad su énfasis fueron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El contenido del Informe refleja una realidad de Venezuela que contrasta con la narrativa que empieza a vender el gobierno en el exterior afirmando el país está mejorando y por lo tanto los millones que huyeron del hambre y la miseria debería preparar sus maletas para regresar.

Expresó la Alta Comisionada que, según cifras oficiales, en 2020, el 56,1 por ciento de las personas con trabajo tenían un empleo formal. De estos, el análisis de expertos indicó que dos tercios trabajaban en el sector público, donde el ingreso mensual promedio osciló entre dos y cinco dólares estadunidenses. Léase bien, de dos a cinco dólares de salario mensual. Monto que también es igual para los 4,5 millones de personas en condición de pensionadas.

Si en un hogar tres personas trabajan y obtienen esos salarios, no logran ni siquiera garantizar el desayuno de cada día.

Es decir, millones sometidos a niveles de ingreso que se traducen en pobreza. Eso explica, entre otros factores, la razón por la cual personas prefieren caminar cientos y hasta miles de kilómetros para llegar a otros países con la esperanza de obtener mejores remuneraciones.

El gobierno ha querido justificar la crisis económica y social con la excusa de las sanciones. La verdad es que las sanciones contribuyen a empeorar lo que ya estaba mal. La Emergencia Humanitaria Compleja que obligó al ingreso de ayuda humanitaria internacional, se configuró por la indolencia, incapacidad y corrupción de la cúpula gobernante.

Desde un año antes de la muerte de Hugo Chávez ya la pobreza empezó a aumentar. Las llamadas misiones venían en incesante declive. El caos en los servicios públicos se empezaba a manifestar de manera preocupante. Esa herencia, no fue revertida por el actual gobierno, al contrario, todos los problemas se agudizaron. Bien se afirma en el Informe la existencia de una situación de mala asignación de recursos, falta de mantenimiento de la infraestructura pública y grave subinversión en servicios esenciales.

La industria petrolera ya estaba arruinada antes de las sanciones. Las sanciones constituyeron lamentablemente la estocada. Endeudaron la industria petrolera en miles de millones de dólares y la destruyeron. Acabaron además con las industrias básicas de Guayana.

Un gobierno que alardea ser gobierno obrero y popular es una fábrica de pobreza y desempleo. Además, en el caso de algunos sectores vulnerables, como los pueblos indígenas, empeora sus condiciones de vida.

Les impuso el Arco Minero del Orinoco. Indica el informe: el ACNUDH reitera que el establecimiento de la región del Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería tuvieron un impacto negativo sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sobre sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, sus derechos ambientales, su derecho a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales.

A ello debe agregarse el permanente engaño con la demarcación de las tierras. Hasta 2021, sólo se había demarcado alrededor del 15 por ciento de las tierras indígenas, y el Gobierno había expedido 102 títulos de propiedad y hábitat correspondientes al 3,22 por ciento del territorio nacional reseña el Informe.

Lo que sigue pasando en Venezuela es el desasosiego y condiciones de vida precarias de las grandes mayorías, una conducta indolente de quienes detentan el poder ante el sufrimiento de la gente y una violación sistemática y masiva de los derechos humanos.

Marino Alvarado Betancourt

@marinoalvarado