La democracia, como sistema político, no se reduce al acto de votar. Eso lo comprueban los cuarenta años de democracia representativa que vivimos los venezolanos entre 1958 y 1998. En aquella época, se convocaba cada cinco años a ejercer el derecho al voto para elegir, de la lista que postulaban los partidos, a gobernantes y legisladores.
Con el tiempo se hizo necesario conocer a quien elegíamos, personalizando el voto, y de controlar al funcionario electo por parte del elector, creando mecanismos como el referendo revocatorio de mandato. Pasábamos con ello, de la democracia representativa a la democracia participativa, tanto por la forma de elegir y controlar al elegido, como por los diversos mecanismos de participación que se podían crear para garantizar la co-responsabilidad de todos los ciudadanos en los asuntos del Estado.
Parece ficción, pero la Constitución de 1999 fue aprobada con ese espíritu participativo, pero sin aplicación, producto del divorcio entre constitución y sociedad que ha caracterizado nuestra evolución política como comunidad nacional. En noviembre de este año 2021, los venezolanos iremos nuevamente a un acto electoral. Un sector importante del país político exige condiciones de trasparencia, imparcialidad y respeto que todos debemos apoyar, pero ejerciendo nuestro derecho a la participación.
Pero participar no es sólo jugar para ganar, a como dé lugar. La participación significa aprovechar la contienda electoral para impulsar el debate acerca de los grandes problemas que nos aquejan como sociedad. Es movilizar la opinión pública y a los partidos y movimientos políticos a través de la confrontación de ideas, la circulación de planes y proyectos dirigidos a promover los cambios que requiere el país, para salir del estado de atraso, colapso y parálisis en la que nos encontramos.
Hasta ahora, lo que se barajan son nombres para los diferentes cargos. Las ideas y los proyectos de gobierno brillan por su ausencia. Parece que es mucho pedir. Vivimos en un personalismo extremo, y nadie se atreve a señalar un rumbo, ni los que están, ni los que vienen. Sin embargo, no son pocos los problemas que tenemos enfrente. Veamos.
En primer lugar, necesitamos restituir las atribuciones constitucionales del municipio, como base política, administrativa y territorial del Estado venezolano. Para ello, hay que tomar partido frente al centralismo autoritario que ha llevado al Poder Municipal a su mínima expresión, activar la democracia local, devolverle su rol a la parroquia en la administración municipal y terminar con la anarquía impuesta por el comunalismo extremo que, paradójicamente, ha tergiversado el verdadero poder de la comunidad.
Pero para ello tenemos que ubicar el debate regional y municipal en el contexto mayor de la crisis y desaparición del Estado rentístico petrolero que dominó en Venezuela desde la década de los años 30 del siglo pasado. Nos toca enfrentar la crisis que atraviesa la industria petrolera, nuestra principal fuente de divisas, que hoy no es capaz de abastecer de gasolina el mercado nacional, ni suministrar gas doméstico a la población.
En ese escenario nos preguntamos, ¿cómo enfrentar el colapso de los sistemas de transporte urbano y extraurbano en el corto y mediano plazo? ¿Qué vamos a exportar los venezolanos para vivir, si ya no producimos petróleo? Y si a eso le agregamos el impacto del cambio climático, la pregunta que sigue es, entonces: ¿cómo vamos a enfrentar la transición de una economía fundada en el consumo de hidrocarburos a una economía de energías limpias?
Frente a la crisis del Estado rentista petrolero, que subsidiaba todo, ¿cómo van a sobrevivir los municipios y las entidades estadales que se acostumbraron a vivir del situado constitucional? Sin subsidio petrolero, ¿cuál será el costo de los servicios públicos? ¿Qué tipo de agricultura y de industria debemos impulsar desde los ámbitos locales y regionales? ¿Cómo vamos a restituir los servicios de energía eléctrica y agua potable en nuestros municipios? Son preguntas para empezar.
Para estas elecciones de noviembre no sólo debemos exigir garantías de transparencia, imparcialidad en el CNE y respeto a los resultados. Estas son elecciones que, además de la elección de gobernadores, involucran la renovación completa de las autoridades locales y el municipio es la base de la república, el nivel del Estado más cercano al ciudadano. Por ello, hay que promover, exigir, que se abra un verdadero debate político, con una agenda de temas que den lugar a propuestas de soluciones y a compromisos concretos de parte de los candidatos y de las organizaciones que los respaldan. El país lo necesita y la responsabilidad con el futuro lo reclama.
@reinaldorojashistoriador
Con el tiempo se hizo necesario conocer a quien elegíamos, personalizando el voto, y de controlar al funcionario electo por parte del elector, creando mecanismos como el referendo revocatorio de mandato. Pasábamos con ello, de la democracia representativa a la democracia participativa, tanto por la forma de elegir y controlar al elegido, como por los diversos mecanismos de participación que se podían crear para garantizar la co-responsabilidad de todos los ciudadanos en los asuntos del Estado.
Parece ficción, pero la Constitución de 1999 fue aprobada con ese espíritu participativo, pero sin aplicación, producto del divorcio entre constitución y sociedad que ha caracterizado nuestra evolución política como comunidad nacional. En noviembre de este año 2021, los venezolanos iremos nuevamente a un acto electoral. Un sector importante del país político exige condiciones de trasparencia, imparcialidad y respeto que todos debemos apoyar, pero ejerciendo nuestro derecho a la participación.
Pero participar no es sólo jugar para ganar, a como dé lugar. La participación significa aprovechar la contienda electoral para impulsar el debate acerca de los grandes problemas que nos aquejan como sociedad. Es movilizar la opinión pública y a los partidos y movimientos políticos a través de la confrontación de ideas, la circulación de planes y proyectos dirigidos a promover los cambios que requiere el país, para salir del estado de atraso, colapso y parálisis en la que nos encontramos.
Hasta ahora, lo que se barajan son nombres para los diferentes cargos. Las ideas y los proyectos de gobierno brillan por su ausencia. Parece que es mucho pedir. Vivimos en un personalismo extremo, y nadie se atreve a señalar un rumbo, ni los que están, ni los que vienen. Sin embargo, no son pocos los problemas que tenemos enfrente. Veamos.
En primer lugar, necesitamos restituir las atribuciones constitucionales del municipio, como base política, administrativa y territorial del Estado venezolano. Para ello, hay que tomar partido frente al centralismo autoritario que ha llevado al Poder Municipal a su mínima expresión, activar la democracia local, devolverle su rol a la parroquia en la administración municipal y terminar con la anarquía impuesta por el comunalismo extremo que, paradójicamente, ha tergiversado el verdadero poder de la comunidad.
Pero para ello tenemos que ubicar el debate regional y municipal en el contexto mayor de la crisis y desaparición del Estado rentístico petrolero que dominó en Venezuela desde la década de los años 30 del siglo pasado. Nos toca enfrentar la crisis que atraviesa la industria petrolera, nuestra principal fuente de divisas, que hoy no es capaz de abastecer de gasolina el mercado nacional, ni suministrar gas doméstico a la población.
En ese escenario nos preguntamos, ¿cómo enfrentar el colapso de los sistemas de transporte urbano y extraurbano en el corto y mediano plazo? ¿Qué vamos a exportar los venezolanos para vivir, si ya no producimos petróleo? Y si a eso le agregamos el impacto del cambio climático, la pregunta que sigue es, entonces: ¿cómo vamos a enfrentar la transición de una economía fundada en el consumo de hidrocarburos a una economía de energías limpias?
Frente a la crisis del Estado rentista petrolero, que subsidiaba todo, ¿cómo van a sobrevivir los municipios y las entidades estadales que se acostumbraron a vivir del situado constitucional? Sin subsidio petrolero, ¿cuál será el costo de los servicios públicos? ¿Qué tipo de agricultura y de industria debemos impulsar desde los ámbitos locales y regionales? ¿Cómo vamos a restituir los servicios de energía eléctrica y agua potable en nuestros municipios? Son preguntas para empezar.
Para estas elecciones de noviembre no sólo debemos exigir garantías de transparencia, imparcialidad en el CNE y respeto a los resultados. Estas son elecciones que, además de la elección de gobernadores, involucran la renovación completa de las autoridades locales y el municipio es la base de la república, el nivel del Estado más cercano al ciudadano. Por ello, hay que promover, exigir, que se abra un verdadero debate político, con una agenda de temas que den lugar a propuestas de soluciones y a compromisos concretos de parte de los candidatos y de las organizaciones que los respaldan. El país lo necesita y la responsabilidad con el futuro lo reclama.
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