Caracas.- Durante el mes de marzo la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), realizó un total de 1.843 operativos de fiscalización y ajustó precios en 1.599 comercios ubicados en el territorio nacional.
Los fiscales de la Sundde evidenciaron incumplimientos en el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), además, en los montos acordados de los distintos rubros de la cesta básica tales como: harina de maíz precocida, arroz, pasta, leche, azúcar y carne, artículos de aseo e higiene personal y medicinas, este último especialmente, en los insumos prescritos para tratar el Covid-19.
Asimismo, la Superintendencia detectó fallas en la publicación de la Tasa Oficial Cambiaria, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para las transacciones comerciales en moneda extranjera.
Dentro de las irregularidades destacan la infracción por Incumplimiento de Formalidades, Especulación y Condicionamiento, delitos que están tipificados en los artículos 46, 49 y 56 del reglamento que rige la Sundde.
En ese sentido, el ente regulador aplicó la medida preventiva de ajuste de precios, establecida en el artículo 70 de la (LOPJ) en cadenas de supermercados, mercados municipales, mercados mayoristas, tiendas y farmacias, entre otros comercios infractores de la Ley.
Fueron exhortados 19.073 establecimientos comerciales a cumplir con la Ley de Precios Justos y 17.185 a respetar la cuarentena radical y las normas de bioseguridad para frenar la propagación del coronavirus.
Centros de servicios inspeccionados
La Sundde realizó 48 actos conciliatorios entre arrendatarios y arrendadores de locales para uso comercial e inspeccionó el cumplimiento de la Ley de Precios Justos en 29 clínicas privadas, 2 universidades y 7 empresas de televisión por suscripción, por otra parte, supervisó el cumplimiento de las normas establecidas para realizar el cobro de inscripción y mensualidad escolar, contempladas en las resoluciones 114, 0024 y 0027, en 12 colegios privados.
Durante los abordajes, contó con la presencia de las autoridades del Ministerio de Comercio Nacional, servidores públicos del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y funcionarios de la Policía Nacional y Estadal.
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