Caracas.- A juicio del economista Luis Crespo, es «inviable» en las actuales condiciones económicas y políticas la propuesta de reestructuración de la deuda externa a partir de la oferta condicionada de Pdvsa y la Electricidad de Caracas, anunciada por la vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez.
El señalamiento lo hizo durante una entrevista para Unión Radio, donde resaltó que es necesario que esa proposición vaya acompañada de un programa económico “que haga creíble que esta propuesta a los acreedores con nuevos plazos, períodos de gracia, pagos que generen confianza y nuevas condiciones para garantizar el contexto económico que haga viable esa reestructuración y ese cumplimiento”.
Agregó que, “además de los problemas por el impago por parte de la República de la deuda a sus acreedores internacionales, se suma el conflicto político que vive la Asamblea Nacional –AN– cuya falta de institucionalidad ha impedido gestionar préstamos para intentar saldar la deuda”.
Crespo considera que “otra lectura que podemos darle a este anuncio es que sea una jugada política para presionar el debate sobre las sanciones y porque estoy seguro que muchos acreedores quieren recuperar sus inversiones y acceder a una negociación, el tema es las sanciones y porque la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) no les va a permitir sentarse a conversar, pero además está la viabilidad económica que pudiera respaldar esa reestructuración”.
La oferta
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó este martes que el gobierno ratifica su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República, por Pdvsa y la Electricidad de Caracas.
Rodríguez recordó que en noviembre de 2017 Venezuela manifestó su intención de reestructurar su deuda y convocó a un diálogo a los tenedores nacionales e internacionales, para buscar fórmulas que permitieran superar las limitaciones impuestas por las sanciones.
Sin embargo, indicó la también ministra de Economía y Finanzas, que la emisión de nuevas sanciones de EEUU contra Venezuela «ha impedido el desarrollo del diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado, entre tanto los plazos de prescripción para las reclamaciones de derechos han comenzado a correr», señaló.
Así «la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas anunciaron su oferta condicional conjunta de interrupción de dichas entidades con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados Unidos».
La oferta condicionada de renegociación de la deuda en bonos de la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela y la Electricidad de Caracas se compromete a acordar la interrupción del período de prescripción, si los inversionistas que se acojan aceptan suspender las demandas judiciales que tienen para cobrar el capital e intereses en default o si se obligan a no intentar ningún reclamo judicial.
Asimismo, exige que los tenedores que acepten la oferta, que termina el 13 de octubre, obtengan las licencias necesarias de las autoridades regulatorias para poder aceptar el acuerdo con el gobierno venezolano sancionado por Estados Unidos.
Los inversionistas deben tener o representar 75% o más del capital pendiente de la serie de bonos incluida en la oferta.
Debe quedar claro que los inversionistas que no acepten la oferta corren el riesgo de que sus reclamaciones, en trámite o no, prescriban, de acuerdo con los statutes of limitation.
El señalamiento lo hizo durante una entrevista para Unión Radio, donde resaltó que es necesario que esa proposición vaya acompañada de un programa económico “que haga creíble que esta propuesta a los acreedores con nuevos plazos, períodos de gracia, pagos que generen confianza y nuevas condiciones para garantizar el contexto económico que haga viable esa reestructuración y ese cumplimiento”.
Agregó que, “además de los problemas por el impago por parte de la República de la deuda a sus acreedores internacionales, se suma el conflicto político que vive la Asamblea Nacional –AN– cuya falta de institucionalidad ha impedido gestionar préstamos para intentar saldar la deuda”.
Crespo considera que “otra lectura que podemos darle a este anuncio es que sea una jugada política para presionar el debate sobre las sanciones y porque estoy seguro que muchos acreedores quieren recuperar sus inversiones y acceder a una negociación, el tema es las sanciones y porque la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) no les va a permitir sentarse a conversar, pero además está la viabilidad económica que pudiera respaldar esa reestructuración”.
La oferta
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó este martes que el gobierno ratifica su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República, por Pdvsa y la Electricidad de Caracas.
Rodríguez recordó que en noviembre de 2017 Venezuela manifestó su intención de reestructurar su deuda y convocó a un diálogo a los tenedores nacionales e internacionales, para buscar fórmulas que permitieran superar las limitaciones impuestas por las sanciones.
Sin embargo, indicó la también ministra de Economía y Finanzas, que la emisión de nuevas sanciones de EEUU contra Venezuela «ha impedido el desarrollo del diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado, entre tanto los plazos de prescripción para las reclamaciones de derechos han comenzado a correr», señaló.
Así «la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas anunciaron su oferta condicional conjunta de interrupción de dichas entidades con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados Unidos».
La oferta condicionada de renegociación de la deuda en bonos de la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela y la Electricidad de Caracas se compromete a acordar la interrupción del período de prescripción, si los inversionistas que se acojan aceptan suspender las demandas judiciales que tienen para cobrar el capital e intereses en default o si se obligan a no intentar ningún reclamo judicial.
Asimismo, exige que los tenedores que acepten la oferta, que termina el 13 de octubre, obtengan las licencias necesarias de las autoridades regulatorias para poder aceptar el acuerdo con el gobierno venezolano sancionado por Estados Unidos.
Los inversionistas deben tener o representar 75% o más del capital pendiente de la serie de bonos incluida en la oferta.
Debe quedar claro que los inversionistas que no acepten la oferta corren el riesgo de que sus reclamaciones, en trámite o no, prescriban, de acuerdo con los statutes of limitation.
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