Caracas.- La reforma a la “Ley Saren” es un duro golpe a los pequeños y medianos empresarios y emprendedores, según la afirmación del contador y asesor tributario José Antonio Antor, quien agregó que esta reforma, además, desvirtúa totalmente el concepto del servicio público, porque lo que presta el Saren es un servicio a la ciudadanía y no una privatización de la documentación que tiene el país.
La Asamblea Nacional promulgó la reforma de siete artículos de la Ley de Registros y Notarias, llamada también “Ley Saren”, en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.668 el 16 de diciembre de 2021.
En estas modificaciones destaca la sustitución de la Unidad Tributaria (U.T.), que se utilizaba como parámetro para calcular las tasas y precios de los trámites administrativos que cobraban los entes y funcionarios respectivos, por el criptoactivo emitido por el gobierno, el Petro.
Para el asesor tributario José Antor los servicios de registros y notarias son un servicio público, es decir que registrar documentos y empresas en el registro mercantil o civil es un servicio público, y no un ingreso del estado para subsidiarse, es un servicio que presta el estado a los ciudadanos, así como los servicios de salud, educación, etcétera.
Según Antor la Asamblea Nacional modificó radicalmente la ley con la excusa de que el desface de la unidad tributaria afectaba los registros. “Es verdad que en ciertos registros inmobiliarios el registrador y su grupo ponían o colocaban la tasa a discreción del registrador, y por supuesto había un desorden en todos estos trámites”, explicó.
De manera que esta ley vino a regularizar cada uno de estos ítems que son registros, notarias, registros civiles, mercantiles, registros principales, registro inmobiliario, etcétera.
Pequeño y mediano empresario
El también profesor universitario señaló que inscribir una empresa es muy cuesta arriba también para los pequeños y medianos emprendedores.
En este sentido, señaló que “hay un doble discurso, porque si el gobierno está orientado al emprendimiento y el emprendimiento siempre va a tener que legalizarse porque la idea es legalizarlo, de otra forma no puede facturar si no está legal, porque entonces se estaría fomentando una actividad económica en paralelo a las leyes, sobre todo a las leyes tributarias”.
Entonces si la idea es reactivar la economía a través de las pequeñas y medianas empresas, y de los pequeños y medianos emprendimientos, con estas modificaciones a la ley Saren, la frena.
Destacó que “hay que tomar en cuenta que la pequeña y mediana empresa es la que mueve más del 70% de la economía, los centros comerciales están llenos de pequeños y medianos empresarios, el 90% de los negocios en un centro comercial, son pequeños y medianos empresarios, a quienes con esta ley le ponen 'la soga al cuello'”.
“Yo pienso que es una ley totalmente anticonstitucional porque nunca se tomó en cuenta lo que es un servicio público, y un servicio público tiene que estar avalado y protegido por el estado. En este caso no es así”, dijo.
Lo más grave es que estos aranceles están unidos al petro y el petro está unido al precio del dólar, “si ponemos atención los commodities están subiendo, el West Texas, por ejemplo, inicio la semana en 85 dólares y dentro de una semana más podría seguir subiendo y estar en 100 dólares, entonces cuánto costará el petro, cuánto costará registrar una compañía, podría estar fácilmente en tres mil 500 dólares en menos de una semana”.
Para Antor “la situación va a fomentar la ilegalidad porque muchas personas van a trabajar de forma ilegal sin tener ningún tipo de control fiscal, traerá una gran evasión, porque si no están registrados y no generan factura y no pueden soportar sus ingresos, por supuesto va a traer una gran evasión fiscal, empezando por el Seniat”, dijo.
Por otra parte, la inversión nacional se anula con la modificación de la ley, porque no pueden llegar inversiones a un país donde solo hacer un registro mercantil cuesta la mitad del capital.
Antor explicó que el contribuyente recibe el cálculo del documento en petros, porque la tabla está en petros, después lo transforman en dólares a precio del BCV, pero el contribuyente debe pagar en bolívares, porque en Venezuela las tasas, impuestos y aranceles se pagan en bolívares, por lo que el usuario va a tener que buscar como cambiar o vender los dólares.
Esto trae como consecuencia que se va a presionar el precio del dólar, porque se está introduciendo dinero inorgánico a la masa monetaria, y suponiendo que también se genere un mercado secundario de venta de petros, esa sería otra distorsión.
Antor recomienda al gobierno revisar los montos, “porque es verdad que eran muy bajos los montos que se pagaban en los registros y notarias, pero ahora serán muy altos los pagos que se van a hacer”.
Para no perjudicar los motores de arranque de la economía, se deben revisar los montos y no ponerlos en petros, porque el petro seguirá subiendo, porque está unido a los precios del petróleo.
La idea es conciliar un monto aceptable tanto para el Estado como para el empresario, buscar un monto intermedio que sea manejable por los pequeños y medianos empresarios, a quienes esta ley afecta más en lo mercantil.
Explicó que registrar un poder por ejemplo, está costando $46 según la tabla en petros, pero como el petro no es estable, si sube el precio del petróleo sube el petro y suben por supuesto los aranceles y los pagos de impuestos de todas esas actividades.
“El poder que se otorga para los viajes de menores, está por el orden de $300, es decir, que cuando una persona quiera ir de viaje con su hijo, legalizar el permiso en la notaría cuesta 300 dólares”.
“Pero usted, lector, se preguntará, con esta Ley Saren, los registros y notarías serán más eficientes, se eliminará la corrupción, yo creo que no. Creo que va a aumentar la corrupción y va a ser más ineficiente, porque se va a manejar tanto dinero, que el contribuyente por no perder el documento, va a tener que crearse distorsiones, aunado a esta ley tan agresiva”, dijo.
Antor recomendó revisar los costos, porque muchas personas entrarán en la ilegalidad al no poder pagar un documento para adquirir o vender un bien.
La Asamblea Nacional promulgó la reforma de siete artículos de la Ley de Registros y Notarias, llamada también “Ley Saren”, en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.668 el 16 de diciembre de 2021.
En estas modificaciones destaca la sustitución de la Unidad Tributaria (U.T.), que se utilizaba como parámetro para calcular las tasas y precios de los trámites administrativos que cobraban los entes y funcionarios respectivos, por el criptoactivo emitido por el gobierno, el Petro.
Para el asesor tributario José Antor los servicios de registros y notarias son un servicio público, es decir que registrar documentos y empresas en el registro mercantil o civil es un servicio público, y no un ingreso del estado para subsidiarse, es un servicio que presta el estado a los ciudadanos, así como los servicios de salud, educación, etcétera.
Según Antor la Asamblea Nacional modificó radicalmente la ley con la excusa de que el desface de la unidad tributaria afectaba los registros. “Es verdad que en ciertos registros inmobiliarios el registrador y su grupo ponían o colocaban la tasa a discreción del registrador, y por supuesto había un desorden en todos estos trámites”, explicó.
De manera que esta ley vino a regularizar cada uno de estos ítems que son registros, notarias, registros civiles, mercantiles, registros principales, registro inmobiliario, etcétera.
Pequeño y mediano empresario
Ahora con las modificaciones a esta ley se afecta directamente al pequeño y mediano empresario, ya que “registrar una empresa mediana va a costar sobre los dos mil quinientos dólares, sin sellado de los libros, que cuesta 300 dólares el sello de cada uno de los cinco libros que establece el Código Orgánico Tributario.
El también profesor universitario señaló que inscribir una empresa es muy cuesta arriba también para los pequeños y medianos emprendedores.
En este sentido, señaló que “hay un doble discurso, porque si el gobierno está orientado al emprendimiento y el emprendimiento siempre va a tener que legalizarse porque la idea es legalizarlo, de otra forma no puede facturar si no está legal, porque entonces se estaría fomentando una actividad económica en paralelo a las leyes, sobre todo a las leyes tributarias”.
Entonces si la idea es reactivar la economía a través de las pequeñas y medianas empresas, y de los pequeños y medianos emprendimientos, con estas modificaciones a la ley Saren, la frena.
Destacó que “hay que tomar en cuenta que la pequeña y mediana empresa es la que mueve más del 70% de la economía, los centros comerciales están llenos de pequeños y medianos empresarios, el 90% de los negocios en un centro comercial, son pequeños y medianos empresarios, a quienes con esta ley le ponen 'la soga al cuello'”.
“Yo pienso que es una ley totalmente anticonstitucional porque nunca se tomó en cuenta lo que es un servicio público, y un servicio público tiene que estar avalado y protegido por el estado. En este caso no es así”, dijo.
Lo más grave es que estos aranceles están unidos al petro y el petro está unido al precio del dólar, “si ponemos atención los commodities están subiendo, el West Texas, por ejemplo, inicio la semana en 85 dólares y dentro de una semana más podría seguir subiendo y estar en 100 dólares, entonces cuánto costará el petro, cuánto costará registrar una compañía, podría estar fácilmente en tres mil 500 dólares en menos de una semana”.
La evasión fiscal y otras consecuencias
Para Antor “la situación va a fomentar la ilegalidad porque muchas personas van a trabajar de forma ilegal sin tener ningún tipo de control fiscal, traerá una gran evasión, porque si no están registrados y no generan factura y no pueden soportar sus ingresos, por supuesto va a traer una gran evasión fiscal, empezando por el Seniat”, dijo.
Por otra parte, la inversión nacional se anula con la modificación de la ley, porque no pueden llegar inversiones a un país donde solo hacer un registro mercantil cuesta la mitad del capital.
Antor explicó que el contribuyente recibe el cálculo del documento en petros, porque la tabla está en petros, después lo transforman en dólares a precio del BCV, pero el contribuyente debe pagar en bolívares, porque en Venezuela las tasas, impuestos y aranceles se pagan en bolívares, por lo que el usuario va a tener que buscar como cambiar o vender los dólares.
Esto trae como consecuencia que se va a presionar el precio del dólar, porque se está introduciendo dinero inorgánico a la masa monetaria, y suponiendo que también se genere un mercado secundario de venta de petros, esa sería otra distorsión.
Antor recomienda al gobierno revisar los montos, “porque es verdad que eran muy bajos los montos que se pagaban en los registros y notarias, pero ahora serán muy altos los pagos que se van a hacer”.
Para no perjudicar los motores de arranque de la economía, se deben revisar los montos y no ponerlos en petros, porque el petro seguirá subiendo, porque está unido a los precios del petróleo.
La idea es conciliar un monto aceptable tanto para el Estado como para el empresario, buscar un monto intermedio que sea manejable por los pequeños y medianos empresarios, a quienes esta ley afecta más en lo mercantil.
El ciudadano común se verá afectado por esta ley
El asesor tributario José Antonio Antor, se refirió también al aspecto civil que toca la reforma de la ley de registros y notarias y como afecta a las personas que acuden a notarias y registros a legalizar una documentación.
El asesor tributario José Antonio Antor, se refirió también al aspecto civil que toca la reforma de la ley de registros y notarias y como afecta a las personas que acuden a notarias y registros a legalizar una documentación.
Explicó que registrar un poder por ejemplo, está costando $46 según la tabla en petros, pero como el petro no es estable, si sube el precio del petróleo sube el petro y suben por supuesto los aranceles y los pagos de impuestos de todas esas actividades.
“El poder que se otorga para los viajes de menores, está por el orden de $300, es decir, que cuando una persona quiera ir de viaje con su hijo, legalizar el permiso en la notaría cuesta 300 dólares”.
“Pero usted, lector, se preguntará, con esta Ley Saren, los registros y notarías serán más eficientes, se eliminará la corrupción, yo creo que no. Creo que va a aumentar la corrupción y va a ser más ineficiente, porque se va a manejar tanto dinero, que el contribuyente por no perder el documento, va a tener que crearse distorsiones, aunado a esta ley tan agresiva”, dijo.
Antor recomendó revisar los costos, porque muchas personas entrarán en la ilegalidad al no poder pagar un documento para adquirir o vender un bien.
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