Ancelotti deberá hacer frente a una multa de 386.361,93 euros, "con responsabilidad personal en caso de impago de 15 días, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de tres años". Todo ello con obligación del pago de las costas judiciales.

Aunque ha sido absuelto de un presunto fraude en el IRPF en 2015, el tribunal establece que la responsabilidad civil derivada de la pena se declara en favor de la Hacienda Pública por importe de 386.361,93 euros.

Durante el juicio, celebrado los pasados 2 y 3 de abril en la Audiencia madrileña, Ancelotti dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, y pidió su absolución.

En caso de ser condenado, solicitó que se le aplicaran las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas.

Ahora bien, el tribunal lo rechaza. Descarta que este procedimiento haya tenido una tramitación excesiva y con retrasos.

La Audiencia Provincial de Madrid tampoco le reconoce a la defensa de Ancelotti la atenuante de reparación del daño.

Tras el embargo por parte de la Agencia Tributaria, el entrenador dio la orden de efectuar un pago de 1,4 millones de euros. La sentencia recoge que "difícilmente" puede considerarse este abono como "voluntario”.

El motivo de la condena

A juicio del tribunal, Ancelotti simuló un contrato de cesión de derechos de imagen y creó un entramado empresarial para ello.

El objetivo, expone la sentencia, no fue otro que pagar menos impuestos. En concreto, en el año 2014.

Recoge la resolución que el exentrenador del Real Madrid, en ese año, tributó en España como residente fiscal, por lo que pagó IRPF.

Ahora bien, "no incluyó, de forma intencionada, en sus declaraciones rendimiento alguno derivado de la explotación de sus derechos de imagen".

"tampoco consta que lo haya hecho en algún otro país en el que tuviera residencia legal", añade la Audiencia Provincial.

Absuelto del delito de 2015

La sentencia recoge que, tras la celebración del juicio, el tribunal "no puede alcanzar la convicción, más allá de la duda razonable, de que el acusado (Carlo Ancelotti) tuviera su residencia fiscal en España" durante ese año.

La determinación de la residencia fiscal en un sitio o en otro implica que se deban pagar los impuestos en un país o en otro.

De ahí que la Audiencia Provincial subraya que este elemento es "esencial" al analizar un posible delito de fraude a Hacienda, "en tanto que condiciona la obligación de declarar y tributar en territorio español las rentas obtenidas de dicho ejercicio".