En Hoyo de la Puerta, como en La Eneca y Bucarito, el territorio ha sido mal ocupado y no hay iniciativas gubernamentales para proveer equipamientos acordes con el incremento de población, situación que perdurará por la indefinición sobre la jurisdicción a cargo de guiar el desarrollo. Los pobladores suponen que las responsabilidades recaen en las Alcaldías de Los Salias o de Baruta, pero estas no pueden actuar porque Hoyo de la Puerta es parte de la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas (Zpamc).

Las municipalidades capitalinas carecen de autoridad para actuar en la Zpamc porque eso es prerrogativa del ahora inexistente Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Marnr) de acuerdo con lo establecido en el Decreto Presidencial 3002 (26-12-1978) derogado por el Decreto 2299 (5-6-1992), hoy vigente. Loable es la iniciativa de crear una zona protectora alrededor de la Capital para preservar la naturaleza, ordenar el espacio y controlar la contaminación, pero entre las tareas del urbanismo están planificar el transporte y los servicios, asegurar espacios para equipamientos, recolectar y disponer las basuras, funciones municipales jamás asumidas por el Marnr ni por sus diluidos entes sustitutivos por carecer de organización y conocimientos para desempeñarlas. Por su parte las municipalidades no tienen como generar recursos para subsanar carencias en barriadas como el ejemplo Hoyo de la Puerta. En consecuencia ningún nivel de gobierno considera que son parte de sus responsabilidades. 

La orfandad institucional de los asentamientos existentes en la Zpamc emana de las deficiencias y contradicciones en los dos decretos que la originaron. El primero fue tan restrictivo que anuló cualquier interés para emprender ocupaciones ordenadas lo que inhibió el interés de los propietarios y propició invasiones. El segundo aumentó el potencial de poblamiento pero las condiciones son tan contradictorias que imposibilitan implantarlo sin alterar características a conservar. En ambos decretos es claro que el Marnr, no asume ninguna responsabilidad por los componentes urbanos requeridos por la población que se asiente. Debería plantearse vialidad obligatoria, centros de servicios, equipamientos generales, redes de servicios, integración con el área urbana y más pero la municipalidad no puede intervenir porque la autoridad corresponde a un ministerio que, como arriba dicho, sus saberes en urbanismo no bastan para mitigar el caos que auspicia. Vale como ejemplo el sector de la Zpamc incluido en la jurisdicción del Municipio del Hatillo cuyas 5500 hectáreas llevan a deducir un potencial de 110.000 pobladores distribuidos entre Gavilán y el Guaire, la misma distancia comprendida entre Catia y Petare.  

En conclusión, los pobladores de Hoyo de la Puerta no lograran respuesta a sus clamores sino se delimitan las responsabilidades entre el MARNR y las municipalidades; pero para esto habrá que ir más allá y entender que en las ciudades, lo ambiental es un componente a ser ponderado por la autoridad urbana, no lo contrario, principio que no afecta la potestad del ministerio para promulgar reglamentaciones sobre conservación y mejoría ambientales.