Lara.- Unos 480 trabajadores fueron despedidos de forma que consideran injustificada luego de la privatización del central Azucarero Pio Tamayo de El Tocuyo, denunciaron los trabajadores este lunes.
Señalaron que la situación se inició en el mes de marzo de este año, cuando la empresa en manos del Estado les informó que los iban a liquidar pero que no serían despedidos sino posteriormente contratados.
Acordaron en esa oportunidad que devengarían el salario mínimo mensual sin tener que acudir a la empresa a trabajar sino quedarse en su casa hasta que los llamaran de nuevo.
En el mes de abril el Central pasó a manos de la empresa Veinca C.A. que es la que actualmente ha solicitado la liquidación de los trabajadores que superan los 500 entre los cuales se encuentran los jubilados y los que están en trámites de jubilación.
Los trabajadores cerraron este lunes la calle frente al central en rechazo a la medida que consideran arbitraria ya que la mayoría del personal tiene más de 20 y 30 años, es decir, más de 50 años de edad lo que les dificultará conseguir trabajo sobre todo como consecuencia de la situación que vive el país ya lo que se suma la pandemia.
Además la liquidación quieren aplicarla a partir del año 2007 que fue la fecha cuando el gobierno del ex presidente Hugo Chávez asumió la dirección del central, pero resulta que los trabajadores llevan más de 30 años al servicio del ingenio azucarero.
Por su parte el diputado Guillermo Palacios señaló que estas "privatizaciones silenciosas", se han aplicado en otras empresas del Estado venezolano, como Agropatria en El Tocuyo, Lácteos Los Andes y Café Venezuela, sin informar a la nación. Con la venta de estas empresas quedan desempleados más de 1.500 trabajadores.
El parlamentario responsabilizó al sindicato del Central Azucarero Pío Tamayo y la alcaldesa de Morán, Gisela Rodríguez, de solapar esta acción. "El sindicato y la alcalde de Morán conocen de esta situación desde hace tiempo, de estos desafueros que se están cometiendo contra los activos del país y contra estos trabajadores, argumentó.
Se trata del inicio de la aplicación de la ley Antibloqueo que le permite al gobierno actuar sin ofrecer mayores explicaciones aunque se atente contra los activos de la Nación.
Durante la jornada de este lunes el representante de la empresa Veinca, identificado como Magroñero acordó con los trabajadores que a los jubilados no los liquidarían sino que les firmaron una regulación especial.
Otras reuniones para llegar a acuerdos seguirán produciéndose en los próximos días anunciaron los trabajadores luego de salir de esta primera reunión.
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