Nueva Esparta.- Dos protestas protagonizaron esta semana docentes del estado Nueva Esparta, recibiendo el respaldo de otros gremios y la sociedad civil, en sus exigencias por mejores condiciones de trabajo.

El miércoles los gremios educativos realizaron concentraciones en diferentes municipios, reiterando que el motivo que los mantiene en conflicto es la desasistencia por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la contratación, pues a la fecha todavía hay docentes que devengan como salario dos dólares al menos, es decir, menos de un millón de bolívares.

Esta misma situación es la que los ha llevado a rechazar el llamado al reinicio del periodo escolar. Aseguran que no tienen las condiciones personales ni laborales para un cumplimiento presencial, ni mucho menos online.

“En Nueva Esparta hay un plan de distribución de gasolina en el que los docentes por supuesto no están como sector priorizado, y contando con que ninguno tenga carro sino que se movilice en transporte público, el sueldo que se gana no alcanza ni para una semana de transporte”, sostienen ante la necesidad de asistir a las instituciones para coordinar lo relativo a las clases, y agregan que ofrecer educación a distancia es más crítico porque muy pocos han logrado tener un teléfono inteligente, y más aún contar con conexión a internet y plataformas de formación.

Consecuencias

Durante la protesta se denunció que como consecuencia de esta posición un grupo de 10 docentes que laboran en la Casa Cuna poeta Jesús Rosas Marcano, fueron suspendidas de su sueldo.

Yenny Silva, maestra afectada, explicó que considerando la realidad que les agobia, a petición de la propia institución en la que laboran, dirigieron una exposición de motivo exponiendo las dificultades para atender a los estudiantes y días más tarde, les fue secuestrado su sueldo.

“Cuando fuimos a reclamar nos dijeron que había denuncias de representantes, pero jamás nos mostraron las pruebas. Lo que nosotros preguntamos es, porque el amedrentamiento con 10 docentes nada más, si este es un reclamo general, de hecho, nacional”.

Insistiendo en sus derechos, el jueves se presentaron ante la Zona Educativa y aunque fueron atendidas, les informaron que no les será restablecido el pago hasta tanto acepten incorporarse a las clases.

Al respecto, la abogada Mari Rivas, quien asiste a las afectadas aseguró que, “la decisión viola el artículo 49 de la Constitución Nacional, en lo referido al debido proceso y defensa de los derechos, que en este caso son económicos y laborales, además del derecho a la vida, pues obligar asistir al trabajo sin las mínimas condiciones sanitarias es poner en riesgo la vida”.

Las afectadas desconocen si de esta situación que califican de "arbitraria" está al tanto el Ministerio de Educación, pero en todo caso afirman que seguirán defendiendo su posición porque están en pleno derecho, tanto por su profesión como por las consecuencias que puede traer a los estudiantes.