Caracas.- El informe actualizado presentado este jueves 2 de julio 2020 por la alta comisionada sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, viene a ratificar una vez más la indiferencia y el desprecio del Ministerio Público, Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo por el artículo 19 de la Constitución que establece "la obligación del Estado de respetar y garantizar a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos", según lo denunció el exparlamentario y abogado defensor DDHH Rafael Narváez.
Nuevamente el informe refleja las detenciones arbitrarias con torturas a sindicalistas, periodistas, médicos y enfermeras.
Entre los casos más recientes, de los centenares que siguen ocurriendo en el país por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que actúan contra el derecho a la “libertad" con total impunidad, esta el de la abogada Eva Leal quien fue detenida y torturada por una funcionaria de la Guardia Nacional en el estado Lara y luego procesada por un tribunal militar desconociendo a su juez natural.
Las desapariciones forzadas de personas, es un patrón por parte del Estado en contra de los detenidos por razones políticas que viola el artículo 45 de la Constitución que prohíbe a la autoridad pública sea civil, o militar aún en "estado de emergencia, excepción o restricción de garantías", practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas.
También este informe refleja la violación del debido proceso establecido en el artículo 49, el derecho a la defensa, el que toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y la presunción de inocencia ya no son garantías judiciales.
La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, responsabiliza a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de 1.324 muertes ocurridas entre enero y mayo del año 2020 en Venezuela.
Sobre las FAES, ya es público, notorio y comunicacional, su responsabilidad de cometer delito de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela convirtiéndose en un grupo "exterminio".
Un ejemplo de ello fue el asesinato de escoltas de la ministro para Asuntos Penitenciarios, donde el fiscal general en rueda de prensa reconoció y acusó penalmente a funcionarios de este cuerpo de ser los responsable de tan horrendo crimen.
Por su parte, la GNB no tiene nada que envidiar a las actuaciones de la antigua Seguridad Nacional dirigida por Pedro Estrada durante la dictadura del general Marcos Pérez Jimenez, es un cuerpo que sigue dejando huellas de represión, tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas en contra de los ciudadanos que expresen su descontento por la crisis más profunda que actualmente se vive en nuestro país; en cuanto al Cicpc, está totalmente politizado y también en el informe se le responsabiliza de 366 muertes, ¿Quién investiga a quién?
Narváez finalmente manifestó que cuando el máximo tribunal de la República pierde su autonomía e independencia y politiza sus decisiones, el sistema de justicia pierde su imparcialidad colocando en riesgo al sistema jurídico venezolano.
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