Tres estadounidenses exrehenes de las FARC ganan reclamo sobre activos venezolanos congelados
Los activos congelados son del empresario Samark López quien es vinculado con las FARC
Caracas.- Tres estadounidenses exrehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ganaron en un reclamo para una sentencia de 318 millones de dólares contra sus antiguos captores.
La decisión se dio cuando un juez de una corte superior de Estados Unidos desestimó una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado, Samark López, cuyos activos quieren reclamar.
Según la agencia de noticias AP la decisión se dio a conocer el jueves en un reporte de Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, que monitorea los litigios relacionados con Venezuela.
“Los abogados de López depositan ahora sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las normas del Tribunal Supremo”, puntualiza la nota de AP.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, son los contratistas de defensa estadounidense que fueron retenidos por cinco años por las FARC cuando su avión fue derribado durante un vuelo que monitoreaba el tráfico de drogas.
“En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas”, reza la nota de AP donde luego explican que no habían podido recibir el dinero hasta que se promulgó la Ley de Aclaración Antiterrorista, “que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidrogas”.
“López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales obtenidos en las dos últimas décadas de mandato socialista. Fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como “capo de la droga” junto al entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien ahora funge de ministro de Petróleo, por supuestamente lavar beneficios del tráfico internacional de narcóticos”, continúa el texto de la agencia norteamericana.
Para la defensa de López estos vínculos con la FARC son indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según el gobierno de Estados Unidos ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.
Por último, se estima que si este reclamo tiene éxito se adelantará a los acreedores venezolanos y la oposición que busca recuperar dinero por corrupción del gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión se dio cuando un juez de una corte superior de Estados Unidos desestimó una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado, Samark López, cuyos activos quieren reclamar.
Según la agencia de noticias AP la decisión se dio a conocer el jueves en un reporte de Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, que monitorea los litigios relacionados con Venezuela.
“Los abogados de López depositan ahora sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las normas del Tribunal Supremo”, puntualiza la nota de AP.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, son los contratistas de defensa estadounidense que fueron retenidos por cinco años por las FARC cuando su avión fue derribado durante un vuelo que monitoreaba el tráfico de drogas.
“En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas”, reza la nota de AP donde luego explican que no habían podido recibir el dinero hasta que se promulgó la Ley de Aclaración Antiterrorista, “que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidrogas”.
“López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales obtenidos en las dos últimas décadas de mandato socialista. Fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como “capo de la droga” junto al entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien ahora funge de ministro de Petróleo, por supuestamente lavar beneficios del tráfico internacional de narcóticos”, continúa el texto de la agencia norteamericana.
Para la defensa de López estos vínculos con la FARC son indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según el gobierno de Estados Unidos ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.
Por último, se estima que si este reclamo tiene éxito se adelantará a los acreedores venezolanos y la oposición que busca recuperar dinero por corrupción del gobierno de Nicolás Maduro.
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