Puerto La Cruz.- Para el diputado a la Asamblea Nacional por Anzoátegui y primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Armando Armas, las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusados de torturas a los detenidos, deben incluir a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, pues el año pasado se registraron más de 5 mil ejecuciones extrajudiciales en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo, OLP.
Recordó el parlamentario que el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó al gobierno de Nicolás Maduro disolver de forma inmediata este ente policial, sin embargo, hizo caso omiso a esta solicitud.
"La propuesta de la ONU de establecer un mecanismo imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, dedicado a investigar estas muertes violentas para que los culpables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia, tampoco fue escuchada por Maduro y más bien procedió a felicitar a esa fuerza y a darle todo el respaldo físico y logístico al denominado escuadrón de la muerte. Esta actitud no es nueva", apuntó Armas.
Consideró que las medidas adoptadas contra el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, el comandante Alexander Granko Arteaga y el coronel Rafael Franco Quintero, todos militares de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios de la Dirección de la Contrainteligencia Militar,
Dgcim, como consecuencia del arresto, abuso físico y muerte del capital de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, "evidencian la violación de los Derechos Humanos y las atrocidades cometidas por la dictadura contra la disidencia".
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