Porlamar.- En "estado de indefensión", para que se cumplan los derechos de los trabajadores, dicen sentirse los sindicatos en el estado Nueva Esparta en medio de la cantidad de despidos que empiezan a registrarse, como consecuencia de las medidas de incremento salarial decretadas por el Ejecutivo
Jorge Valderrama, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, ratificó que se está cumpliendo lo que advertían en cuanto a la situación laboral. "En lo que va de semana tenemos alrededor de 600 despidos que representan casi el 100% de los trabajadores activos y por supuesto la paralización total de la industria, al menos en el estado Nueva Esparta".
Valderrama expresó que les preocupa que las primeras construcciones que han cerrado son las de empresas de mayor tradición y solidez, que suman unas ocho en la isla de Margarita.
"Aplaudimos el aumento de salario porque realmente era necesario, pero pensamos que el decreto debió tener vigencia inmediata o al menos venir acompañado de una medida expresa de inamovilidad y prohibición de calificación de despido, porque de la manera que se hizo permitió a las empresas un lapso para reducir las nóminas o cerrar".
El dirigente sindical lo define como que "nos mandaron a la guerra sin armas".
En tal sentido, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno nacional para que se pronuncie sobre las debilidades laborales, pues deben estar conscientes que la reducción de nómina y cierre de empresas iba a suceder.
Hasta el momento la única recomendación que han dado a sus afiliados es presentarse ante la Inspectoría del Trabajo y solicitar su reincorporación, porque al menos si los despiden pueden salir con un cálculo sobre el nuevo salario mínimo, en tanto que hacen un llamado al Ministerio del Trabajo para que sea justo en su decisión.
Igualmente, rechazaron que los empresarios aleguen falta de material como causa de cierre o despido.
Valderrama afirmó, igualmente, que los trabajadores están muy preocupados porque la situación coincide con el regreso a clases, por lo que perderían, entre otros, el beneficio de útiles escolares.
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