La cámara municipal del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, analiza la destitución de la alcaldesa Keyrineth Fernández Epieyu, de 35 años, luego que la Superintendencia Nacional Antidrogas confirmó en un comunicado que fue detenida durante la desarticulación de una red que se dedicaba al narcotráfico y operaba entre Zulia y Falcón.
En el dispositivo de seguridad denominado “Mano de Hierro” aprehendieron además a los diputados Tania González y Luis Viloria (este último fue detenido en el 2021 con más de 300 panelas de drogas en La Guaira y estaba en libertad). Los dos viajaban con Fernández y otras 3 personas. Fueron capturados en una alcabala de la PNB en Falcón que les detectó el alijo de droga cuyo peso fue de más de 7 kilos.
Se espera el pronunciamiento oficial tanto del partido PSUV en la región como de los concejales en las próximas horas, luego que fuentes del Gobierno nacional ratificaron la detención.
Fernández es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Incursionó en el chavismo como dirigente juvenil y en el 2015 fue electa como diputada a la Asamblea Nacional. En julio de 2017 fue proclamada como parlamentaria de la Asamblea Nacional Constituyente y cinco meses después ganó la alcaldía del municipio Jesús María Semprún.
Fue cuestionada durante las pasadas elecciones del 2021, por presuntas irregularidades en los centros de votación. La presidenta de la Junta Municipal del Consejo Nacional Electoral en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Eraima Varela, denunció en ese entonces que el proceso comicial y los resultados del 21 de noviembre fueron “manipulados”.
El CNE la adjudicó como alcaldesa reelecta con el 47,80% de los votos frente al candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Wuyhsmans González, con 41,67% de los votos, una diferencia de 757 votos. Varela dijo que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que el Plan República no le permitió ejercer sus competencias.
Además de eso, Fernández también ha sido denunciada por comunidades yukpas de la zona y voceros de consejos comunales, por el mal manejo y desvío de alimentos incluyendo las cajas Clap, el gas doméstico, amenazas y daños contra opositores y chavistas disidentes, abusos de autoridad y nexos con grupos irregulares.
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