El presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol fue detenido por las autoridades de su país por haber viajado a Sudáfrica sin permiso militar, para acudir al Mundial que se inicia hoy en Johannesburgo, informó hoy a Efe un portavoz castrense.
Kigali.- El general Jean Bosco Kazura, un antiguo consejero de seguridad del presidente del país, Paul Kagame, ahora presidente de la Federación de Fútbol, viajó a Sudáfrica a principios de esta semana pero se le reclamó que regresase al país y fue detenido el miércoles, señaló el portavoz del Ejército, Jill Rutaremara, informó Efe.
"Se fue a Sudáfrica sin pedir permiso como hacemos normalmente (para salir al extranjero) los mandos militares y, cuando ha vuelto, ha sido detenido por insubordinación", precisó Rutaremara, quien aseguró que, "aunque estaba invitado oficialmente (por la organización del Mundial), eso no es excusa".
Rutaremara señaló que la detención del general Kazura, jefe de Formación y Operaciones de las Fuerzas de Defensa Ruandesas, no se relaciona con el proceso iniciado por las autoridades de Kigali para intentar conseguir la extradición de otros dos altos mandos militares actualmente exiliados en Sudáfrica.
Los dos reclamados están acusados de corrupción y de estar relacionados con varios ataques con granadas en el país ocurridos en los últimos meses.
En vísperas de las elecciones presidenciales, convocadas en Ruanda para el próximo 9 de agosto, el régimen de Kagame ha sido acusado por la oposición, organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos y algunos Gobiernos occidentales de autoritarismo y de perseguir a cualquiera que disienta del sistema, acusados de apoyar el genocidio ruandés de 1994 o de corrupción.
Unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en cien días de 1994 por milicias y militares hutus radicales, según cifras de la ONU.
La guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR), encabezada por Kagame, que se presenta a la reelección como presidente sin prácticamente oposición, detuvo el genocidio en junio de aquel año y ha mantenido un poder absoluto desde entonces.
Desde 2008 una Ley prohíbe cuestionar la versión oficial del genocidio o negar que éste ocurrió, delito que puede conllevar entre 10 y 25 años de prisión.
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