Caracas.- La madrugada del 28 junio de 1969, Stonewall marcó un cambio histórico para el mundo, ya que este día comenzó con una serie de manifestaciones espontaneas y violentas, repudiando la persecución policial hacia los homosexuales que se reunían en el reconocido bar de la época “Stonewall Inn”, ubicado en el barrio Greenwich Village de los Estados Unidos.
Gracias a estos acontecimientos, cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI+.
En Venezuela no existe una ley de protección legal que sea amplia e integral para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales del territorio nacional, ni es posible la tipificación de los crimenes de odio en razón a la orientación sexual e identidad de género.
“No hay una organización que se aboque exclusivamente a eso y no está centralizada esa data, es muy difícil de identificarla” mencionó Giovanni Piermattei, presidente de Asociación Civil Venezuela Igualitaria, refiriéndose a los casos de odio hacia la población LGBTI+ en Venezuela.
Aunque la actividad sexual entre personas del mismo sexo, bien sean parejas masculinas o femeninas, no es ilegal en nuestro país, debemos decir que las personas de la comunidad LGBTI+ no cuentan con los mismos derechos legales, evitando que esta población tenga las protecciones mínimas que poseen otros ciudadanos del país.
Denuncias en la oscuridad
Las diferentes ONG que dan vida en nuestro país, han denunciado en varias oportunidades la falta de protección integral contra la discriminación e incluso la inexistente protección en espacios públicos, escolares y educativos del territorio nacional.
Así como los altos niveles de impunidad y denegación de la justicia en las denuncias interpuestas por las personas LGBTI+, víctimas de agresiones verbales, violencia física e incluso asesinato.
“Vemos entonces que tanto el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y los cuerpos policiales, actúan con total impunidad y no atienden ni le dan la serenidad necesaria para atender estos tipos de casos”, reveló Yonatan Matheus, director ejecutivo de Venezuela Diversa.
Por su parte, Piermattei afirmó lo siguiente: “Cuando tú haces una denuncia, por ejemplo; intrafamiliar, en una familia compuesta por dos varones, lo que hacen es reírse porque si son dos hombres que se están cayendo a golpes, eso es visto como algo normal”.
Él continuó, “No existe esa posibilidad de ir a las instituciones del estado y que te presten atención, a menos que vayan acompañados y acompañadas de los movimientos que sabemos cómo actuar”.
A esto se le suma que en la actualidad, Venezuela tiene muy pocas ONG, pocos focos activistas, ya que la diáspora ha hecho que la gran mayoría de los activistas tradicionales se hayan ido del país, muchos por razones económicas, sociales y políticas.
“En estas condiciones, la visibilización de los crimines de odio es prácticamente imposible”, afirmó la diputada Tamara Adrián.
El 31 de enero de 2014, la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, presidida por Giovanni Piermattei, junto a otras 47 organizaciones, vivieron un día histórico para la comunidad LGBTI+, ya que fue consignado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio civil igualitario.
Esta iniciativa popular fue respaldada por más de 20mil firmas y fue la primera vez que 47 organizaciones venezolanas de la población LGBTI+ se unían por una misma causa.
El proyecto de ley también planteaba una modificación parcial del artículo 44 del Código Civil venezolano, el cual establece que sólo podrán contraer matrimonio un hombre y una mujer.
Por su parte, la diputada Tamara Adrián afirmó que se encuentra reeditando la propuesta de ley orgánica de registro civil para su posible discusión en la Asamblea Nacional.
Retos de la comunidad transgénero en Venezuela
Uno de los sectores más invisibilizados de la población LGBTI+, es la comunidad transgénero, quienes no son reconocidos por la ley, se enfrentan a grandes estigmas sociales y tienen que batallar con la escasez de medicamentos que afecta a la gran mayoría de ciudadanos en Venezuela, pero en este caso les imposibilita la adquisición de las medicinas necesarias para el proceso de transición.
Aunque en el presente Venezuela no cuente con ningún instrumento jurídico que proteja a las personas por su identidad de género o expresión de género, debemos destacar que Venezuela fue el primer país de América Latina en reconocer la identidad de personas trans entre los años 1977 y 1998.
“Más de 150 personas trans en Venezuela vieron reconocida su identidad en función del libre desarrollo de la personalidad, solo luego de operaciones genitales o de operaciones en general, y de tratamientos hormonales con requisitos patologizantes que existían en la época”, afirmó Adrian.
Ella continuó, “Hoy en día el reconocimiento de la identidad de género es realizada sin necesidad de operaciones genitales y es por vía administrativa, lo que sucede eventualmente en gran parte de Latinoamérica”.
Para culminar, la diputada agregó, “Venezuela desde el año 1998 no ha reconocido judicialmente la identidad de ninguna persona trans, y por un lado, mi recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pende desde mayo del año 2004, es decir 16 años”.
La comunidad transgénero solo es un pequeño foco de todas las problemáticas que enfrenta la población LGBTI+ en Venezuela, y es por ello que las diferentes ONG que coexisten en nuestro territorio se han dedicado al acompañamiento de personas LGBTI+ que son víctimas de violencia policial y social, y dan su apoyo con abogacía nacional e internacional, así como la promoción de salud sexual en personas gays, bisexuales y mujeres trans.
Gracias a estos acontecimientos, cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI+.
¿Cómo se encuentra Venezuela en materia de derechos LGBTI+?
En Venezuela no existe una ley de protección legal que sea amplia e integral para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales del territorio nacional, ni es posible la tipificación de los crimenes de odio en razón a la orientación sexual e identidad de género.
“No hay una organización que se aboque exclusivamente a eso y no está centralizada esa data, es muy difícil de identificarla” mencionó Giovanni Piermattei, presidente de Asociación Civil Venezuela Igualitaria, refiriéndose a los casos de odio hacia la población LGBTI+ en Venezuela.
Aunque la actividad sexual entre personas del mismo sexo, bien sean parejas masculinas o femeninas, no es ilegal en nuestro país, debemos decir que las personas de la comunidad LGBTI+ no cuentan con los mismos derechos legales, evitando que esta población tenga las protecciones mínimas que poseen otros ciudadanos del país.
Denuncias en la oscuridad
Las diferentes ONG que dan vida en nuestro país, han denunciado en varias oportunidades la falta de protección integral contra la discriminación e incluso la inexistente protección en espacios públicos, escolares y educativos del territorio nacional.
Así como los altos niveles de impunidad y denegación de la justicia en las denuncias interpuestas por las personas LGBTI+, víctimas de agresiones verbales, violencia física e incluso asesinato.
“Vemos entonces que tanto el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y los cuerpos policiales, actúan con total impunidad y no atienden ni le dan la serenidad necesaria para atender estos tipos de casos”, reveló Yonatan Matheus, director ejecutivo de Venezuela Diversa.
Por su parte, Piermattei afirmó lo siguiente: “Cuando tú haces una denuncia, por ejemplo; intrafamiliar, en una familia compuesta por dos varones, lo que hacen es reírse porque si son dos hombres que se están cayendo a golpes, eso es visto como algo normal”.
Él continuó, “No existe esa posibilidad de ir a las instituciones del estado y que te presten atención, a menos que vayan acompañados y acompañadas de los movimientos que sabemos cómo actuar”.
A esto se le suma que en la actualidad, Venezuela tiene muy pocas ONG, pocos focos activistas, ya que la diáspora ha hecho que la gran mayoría de los activistas tradicionales se hayan ido del país, muchos por razones económicas, sociales y políticas.
“En estas condiciones, la visibilización de los crimines de odio es prácticamente imposible”, afirmó la diputada Tamara Adrián.
Una Venezuela de igualdades
El 31 de enero de 2014, la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, presidida por Giovanni Piermattei, junto a otras 47 organizaciones, vivieron un día histórico para la comunidad LGBTI+, ya que fue consignado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio civil igualitario.
Esta iniciativa popular fue respaldada por más de 20mil firmas y fue la primera vez que 47 organizaciones venezolanas de la población LGBTI+ se unían por una misma causa.
El proyecto de ley también planteaba una modificación parcial del artículo 44 del Código Civil venezolano, el cual establece que sólo podrán contraer matrimonio un hombre y una mujer.
Por su parte, la diputada Tamara Adrián afirmó que se encuentra reeditando la propuesta de ley orgánica de registro civil para su posible discusión en la Asamblea Nacional.
Retos de la comunidad transgénero en Venezuela
Uno de los sectores más invisibilizados de la población LGBTI+, es la comunidad transgénero, quienes no son reconocidos por la ley, se enfrentan a grandes estigmas sociales y tienen que batallar con la escasez de medicamentos que afecta a la gran mayoría de ciudadanos en Venezuela, pero en este caso les imposibilita la adquisición de las medicinas necesarias para el proceso de transición.
Aunque en el presente Venezuela no cuente con ningún instrumento jurídico que proteja a las personas por su identidad de género o expresión de género, debemos destacar que Venezuela fue el primer país de América Latina en reconocer la identidad de personas trans entre los años 1977 y 1998.
“Más de 150 personas trans en Venezuela vieron reconocida su identidad en función del libre desarrollo de la personalidad, solo luego de operaciones genitales o de operaciones en general, y de tratamientos hormonales con requisitos patologizantes que existían en la época”, afirmó Adrian.
Ella continuó, “Hoy en día el reconocimiento de la identidad de género es realizada sin necesidad de operaciones genitales y es por vía administrativa, lo que sucede eventualmente en gran parte de Latinoamérica”.
Para culminar, la diputada agregó, “Venezuela desde el año 1998 no ha reconocido judicialmente la identidad de ninguna persona trans, y por un lado, mi recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pende desde mayo del año 2004, es decir 16 años”.
La comunidad transgénero solo es un pequeño foco de todas las problemáticas que enfrenta la población LGBTI+ en Venezuela, y es por ello que las diferentes ONG que coexisten en nuestro territorio se han dedicado al acompañamiento de personas LGBTI+ que son víctimas de violencia policial y social, y dan su apoyo con abogacía nacional e internacional, así como la promoción de salud sexual en personas gays, bisexuales y mujeres trans.
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