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Fiebre de oro genera zozobra y muerte al sur de Bolívar

En lo que va de año 80 personas han fallecido en forma violenta en esa región. Durante el 2017 fallecieron de forma violenta 448 personas en hechos ocurridos desde Upata hasta Santa Elena de Uairén. Los móviles fueron enfrentamientos con organismos de seguridad, así como entre bandas, robo, venganza y motivos fútiles e innobles

  • Diario El Universal

14/04/2018 03:21 pm

PABLEYSA OSTOS

Ciudad Guayana.- En la plaza Bolívar de Guasipati, municipio Roscio al sur del estado Bolívar, hay tres mujeres, ninguna tiene más de 21 años. No quieren que se les hagan fotos, pero acceden a conversar. Afirman trabajar en las minas desde hace varios meses. No detallan a qué se dedican exactamente pero sí que ganan entre 5 y 7 gramas de oro.

Ellas son tan solo unas de las tantas personas que se han trasladado a las zonas mineras en el estado Bolívar al sur del país para trabajar. Pero los poblados siguen siendo peligrosos debido a que la mayoría son controlados por grupos armados que hacen llamarse sindicatos.

Sigue llegando personas a esa región, a pesar de los múltiples incidentes registrados en esas zonas, tal como la masacre de 17 trabajadores de una mina en manos de Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alías el Topo. Ese hecho causó conmoción; 15 hombres y 2 mujeres fueron asesinados con un tiro en la cabeza.

Ante esta situación hubo una cantidad de promesas oficiales, todas con el mismo objetivo: disminuir la violencia en las poblaciones mineras ubicadas al sur del país.

Durante el 2017 fallecieron de forma violenta 448 personas en hechos ocurridos desde Upata hasta Santa Elena de Uairén. Los móviles fueron enfrentamientos con organismos de seguridad, así como entre bandas, robo, venganza y motivos fútiles e innobles. Predominando el uso de armas de fuego para cometer dichos crímenes. Mientras que en lo que va del año la cifra es de 80 personas fallecidas en esa zona. 

Planes fracasados

La primera iniciativa fue propuesta por el Gobierno Nacional para legalizar la minería en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

En julio de 2004 este plan sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar "con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental". La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y piscicultura.

Dos años después, en agosto de 2007, apareció el plan de la reconversión minera, que inició con el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní. 

En ese momento el Ejecutivo prometió financiamiento y un cheque de 10 mil bolívares para ayudar a 6 mil 72 mineros que laboraban en la zona. 

El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.

Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de "minería ecológica", con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

Armamento es otro negocio 

Una fuente militar explicó que una de las formas de ingreso de armamento a esas zonas es el río Cuyuni el cual conecta con poblaciones como San José Anacoco, San Martín de Turumbán, y San José de Venamo.

En vista de que el río sale del territorio venezolano, al Esequibo, Guyana, lo cual se convierte en un eje de entrada para las armas, granadas, entre otros, estos terminan siendo canceladas en dólares en el territorio venezolano.

"Los fusiles que son robados en organismos de seguridad y hasta de otros estados han aparecido en estas zonas mineras. Existe una complicidad también en las alcabalas por parte de los funcionarios", resalta la fuente militar.

Otro de los factores que se evidencia en estas zonas mineras, es que se ha convertido en un escondite para los delincuentes. Un ejemplo de ello fue el caso de uno de los 10 sujetos más buscados en el estado Bolívar, quien fue abatido durante un enfrentamiento en la mina el Triunfo, en Sifontes.

Lucrativo y peligroso

Mientras que Rosa Salazar, con batea en mano, señala que se vuelve un negocio riesgoso pero lucrativo, el sacar oro, "la grama está en más de 20 millones de bolívares, eso sin duda alguna ayuda a que uno pueda mantener a su familia porque con lo que gana una persona-sueldo mínimo no da".

"Cada vez son más y más las personas que se vienen para acá, sin ningún conocimiento de la minería pero lo hacen por la necesidad. Y porque aquí encuentras de todo- alimentos-caros, pero los consigues", resaltó la mujer que tiene más de 10 años trabajando la minería. 

Pero la proliferación de los locales dedicados a la compra y venta de oro, no se ha quedado solo al sur del estado Bolívar, sino que también se consiguen tanto en Ciudad Guayana como en Ciudad Bolívar.

Seis bandas conocidas operan en esa región del país

Al menos seis bandas conocidas mantienen el control de operaciones ilegales en esa región del país, según datos suministrados por las autoridades policiales. El Callao es controlado por los pranes conocidos como Toto, Marcopolo y el Ruqui; mientras que el sector El Perú era controlado por Anderson Pereira-fallecido en enfrentamiento-, el Morocho es el pran del sector Nacupay; y de El Paraíso se desconoce quién en su líder. En Guasipati, el líder es Phanol Vladimir Clemente Ojeda, alias Capitán; y presuntamente un hombre apodado el Morocho es quien lo representa en El Callao.

En Tumeremo, tras la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, el control lo han mantenido dos sujetos apodados el Gordo -del barrio La Caratica- y Armandito.En Las Claritas el poder delictual lo lidera alias Juancho; y en El Dorado, Fabio Enrique González Isaza, alias el Negro Fabio.

El Plan Desarme Voluntario no ha tenido los resultados esperados. En 2014, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que a través de dicho plan fueron destruidas 26.518 armas e inutilizado 18.452, pero eso no ha disminuido la situación. Tan solo al sur del estado Bolívar, 336 crímenes han sido perpetrados con armas de fuego.Varias alcabalas de la GNB y de la Policía del Estado Bolívar se deben pasar cuando se transita por la Troncal 10, vía que conduce al sur de Bolívar, a pesar de ellos hay una proliferación de armas, granadas y distintos artefactos en las zonas que son operadas por grupos parapoliciales.

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