Denuncian que las FAES ultimaron a hombre que tenía casa por cárcel en el Tuy
Familiares de la víctima dijeron que los funcionarios llegaron la mañana de este martes a la vivienda, ubicada en el sector Agua Fría en la vía hacia Charallave.
A las seis de la mañana de este martes, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), llegó a una vivienda ubicada en el sector Agua Fría de la carretera nacional hacia Charallave, y desalojó a la familia completa, presuntamente, por estar investigando un caso.
Integrantes de esa familia denunciaron, la mañana de este miércoles en las afueras de la morgue de Bello Monte, que los uniformados ultimaron a Ángel Adrian Acosta Salazar, de 30 años, quien tenía una medida de casa por cárcel desde diciembre del año pasado.
"Entraron como diez policías y nos preguntaron quién vivía en la casa. Después nos sacaron a todos y nos dijeron que estaban investigando algo, y que nos llevarían a la comandancia", detallaron.
Los efectivos se llevaron a la esposa de Ángel, a la suegra y a sus dos hijos, de 8 y 3 años, además de un sobrino que están criando, de 10 años, a la sede policial. Sin embargo, al hombre lo dejaron en la vivienda.
Los familiares estuvieron por más de una hora en la comandancia policial y no supieron del hombre. Cuando regresaron a la vivienda, no pudieron entrar porque estaba cercada por los efectivos y había rastros de sangre en la entrada principal y en la habitación.
En ese momento les dijeron que Ángel había sido trasladado al hospital Pérez Carreño. En el centro de salud les informaron que había sido herido de bala en medio de un enfrentamiento con efectivos de las FAES.
"Él estaba preso en la casa, no podía salir ni nada, a menos que tuviera permiso del tribunal", relataron los deudos.
Explicaron, además, que el hombre trabajaba en una empresa de mantenimiento y cayó preso el año pasado por tenencia de drogas. Estuvo siete meses detenido en los calabozos de la policía municipal de Charallave, y después recibió la medida de casa por cárcel, en diciembre del año 2008.
Refirieron que no van a denunciar la muerte porque temen represalias de los funcionarios. "Lo que de verdad queremos es llevarnos el cuerpo y darle sepultura como lo merece".
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