Esta tendencia alarmante de muertes en rutas marítimas en las Américas no ha cesado. Ante la creciente “penalización” de la migración, es crucial alzar la voz por quienes buscaban un futuro mejor y desaparecieron en el intento.

Rutas hacia el sueño, o las rutas mortales
Desde 2022, Estados Unidos se ha convertido en un destino principal para los migrantes venezolanos, que a menudo evitan el peligroso Tapón del Darién optando por rutas marítimas "VIP" vendidas por traficantes desde la isla colombiana de San Andrés hacia Corn Island, Nicaragua. Sin embargo, estas vías ocultan peligros mortales.

En octubre de 2023, dos embarcaciones, una con 36 pasajeros venezolanos (17 menores y dos embarazadas) y otra con 13, desaparecieron tras zarpar de San Andrés. Más recientemente, en febrero de 2025, la lancha Panga Ocean Master II naufragó, dejando dos muertos y ocho desaparecidos. Se estima que al menos 77 connacionales han desaparecido en esta ruta.

Por otra parte, la aparentemente corta distancia entre las costas del estado Falcón y las islas de Aruba y Curazao ha convertido esta ruta en otra frecuente, pero extremadamente peligrosa, travesía para los migrantes. En junio de 2019, una lancha con aproximadamente 35 personas que partió de Agüide hacia Curazao desapareció, solo se encontró el cadáver de un tripulante.

En marzo de 2025, la lancha Piská Fresku Curaçao zarpó con 26 venezolanos desde Falcón y volcó a 14 millas de Curazao; solo 10 fueron rescatados con vida, una persona falleció y 16, incluyendo un niño de nueve años, están desaparecidos. Estos incidentes suman decenas de migrantes muertos o desaparecidos en la ruta hacia Curazao.

Las Bocas del Dragón: un corredor de la muerte
Las rutas marítimas desde el Golfo de Paria (Sucre) y Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago son de las más transitadas y letales. En abril de 2019, la lancha Jhonnaly José se perdió, en ella viajaban 25 migrantes, de los cuales 21 siguen desaparecidos. Días después, el peñero Ana María zarpó de Sucre con 32 personas, hoy al menos 23 siguen desaparecidas.

 
En diciembre de 2020, ocurrió la Tragedia de Güiria que cobró la vida de al menos 28 personas cuando dos embarcaciones, Mis Recuerdos y Mi Refugio, zozobraron consecutivamente.

 
En febrero pasado, otra embarcación que partió de Trinidad hacia Delta Amacuro volcó, resultando en cuatro muertos y 20 desaparecidos. Especialistas calculan que este tramo ha cobrado un centenar de vidas.

Investigaciones fiscales y la angustia de las familias
El Ministerio Público venezolano ha iniciado investigaciones en algunos casos, pero la percepción de impunidad ante las desapariciones sin respuestas persiste. Reconocemos el esfuerzo realizado en la desarticulación de redes de trata, con algunas condenas, especialmente en Sucre en 2024. Sin embargo, las ONG señalan que estas acciones son reactivas y no abordan la sistematicidad del problema ni la corrupción que facilita estos delitos.

Para los familiares, la incertidumbre es un calvario. La falta de respuestas oficiales alimenta su angustia y desconfianza. Cuestionan las versiones de simples naufragios, sospechando de redes de trata, negligencia o complicidad de autoridades. Familias como las del "Comité de Familiares de las Víctimas de Güiria" se organizaron y utilizan redes sociales para visibilizar sus casos y exigir respuestas.

Tráfico de personas y desesperación
La evolución de estas rutas responde a la crisis venezolana y las restricciones fronterizas. El tráfico de personas es un factor central.

Se han documentado redes criminales que cobran a los migrantes entre 400 y más de 5.000 dólares por viajes en "peñeros" sobrecargados y sin condiciones de seguridad. Hoy en día la ruta de San Andrés-Corn Island está prácticamente desierta, tras las medidas antimigrantes ejecutadas desde el Gobierno de Estados Unidos, pero la migración persiste

Se estima que unas 100 personas por semana intentan las rutas desde Falcón y Sucre. Además de los naufragios, existe el riesgo de la trata de personas y la piratería, especialmente en las costas orientales. La falta de documentación oficial obliga a muchos a recurrir a estas vías irregulares, lo que agrava su vulnerabilidad.

Esperanza sin respuestas
El gran problema es que la respuesta a esta crisis ha sido insuficiente. El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP), coordinado por la OIM y Acnur, ha sido calificado como uno de los menos financiados en la historia moderna.

Los problemas en las operaciones de búsqueda y rescate son recurrentes, con denuncias de retrasos e identificación tardía de los cuerpos localizados. La OIM advierte que miles de muertes anuales podrían no estar registradas debido a la falta de datos oficiales consolidados.

Organizaciones no gubernamentales han documentado casos, brindado acompañamiento a familiares y apoyo en la exigencia de investigaciones exhaustivas y acciones preventivas a los Estados involucrados.

Sin embargo, la impunidad y la falta de voluntad política para abordar las causas profundas y las redes criminales perpetúan el ciclo de muerte y desaparición.

Es imperativo que los Estados de la región coordinen políticas efectivas para combatir el tráfico y la trata de personas, fortalezcan los mecanismos de búsqueda y rescate, garanticen investigaciones transparentes y, fundamentalmente, trabajen en la creación de vías legales y seguras para la migración, protegiendo los derechos humanos de quienes se ven forzados a migrar.