La capacidad de adaptarse es una de las principales características de la delincuencia. Los ritmos de los cambios sociales, variaciones de la economía, efectos electorales, tormentas, terremotos, políticas sociales, todo influye en su comportamiento y en sus diferencias.

La delincuencia en las grandes ciudades tiene características que la diferencian del delito que se perpetra en las zonas rurales. Esto, aunado a una serie de factores, terminaron transformando el mapa del delito en Venezuela.

Una radiografía de nuestra violencia
La crisis penitenciaria que se agravó a mediados de la década de los años 2000 aportó una serie de elementos que hicieron a la delincuencia, en ciudades y regiones, mucho más organizada, eficiente y cruel.

Paralelamente, se consolidó una de las bandas más importantes del país, el Tren de Aragua, que desde la cárcel de Tocorón ha gobernado el mundo criminal de manera ininterrumpida a lo largo de los años y extendido sus tentáculos por al menos a cinco países del continente.

En las ciudades pudimos observar cómo el delito variaba. A inicios de siglo el robo era el crimen de moda, pequeñas bandas relativamente organizadas se dedicaron al asalto y una ola de robos de carros dejó cientos de muertos en todo el país.

En la medida en que la crisis económica evolucionó, algunos delitos dejaron de ser “rentables” y otros tomaron su lugar. Una mejor organización de las bandas hizo que el secuestro rápido, o exprés, se convirtiera en el delito por excelencia durante la década de los años 2010.

Lo mismo sucedió en el interior, las antiguas bandas fueron evolucionando gracias al aporte de los recién “egresados” de cárceles.

En las regiones, la falta de acción policial aupó el surgimiento de un nuevo delito. La piratería de carreteras se convertía en un dolor de cabeza, las muertes se cuentan por cientos. En las carreteras del interior hay decenas de bandas dedicadas a emboscar a los conductores. La consecuencia de este delito es que en las noches venezolanas prácticamente no circula ningún carro por las carreteras.

Mientras tanto, en las áreas más rurales del país, fincas y haciendas eran invadidas una vez que se obligaba a sus dueños a abandonarlas. En el campo, el abigeato, o robo de ganado, reaparecía con fuerzas, mientras que en las costas, la piratería se convirtió en el azote de pescadores y de las plantas productoras y envasadoras.

Además, la extorsión, un delito común en las fronteras, e ignorado por las autoridades, cambiaba de protagonistas, de grupos irregulares colombianos a bandas locales, además amplió su radio a los comercios y cualquier tipo de empresas en casi todo el país.

Aunado a esto, en las fronteras, una nueva dinámica criminal comenzaba a mostrarse: el tráfico de personas sustituyó al contrabando y se convirtió en la principal fuente de ingresos de bandas e irregulares.

Como el panorama no está completo, tenemos la fiebre del oro que movilizó a miles de personas a las minas del estado Bolívar, donde otras organizaciones criminales se enriquecen mientras destruyen el medio ambiente bajo la mirada cómplice de las autoridades.

Y para cerrar, esta breve reseña, el narcotráfico se mantiene prácticamente intocable. El delito permanece oculto a plena vista y continúa sembrando sus raíces, salvo algunas escasas incautaciones.

Aprendiendo de las lecciones sangrientas
En respuesta al auge y consolidación del delito, el gobierno nacional intentó decenas de operativos y planes de seguridad. Todos fracasaron. Algunos fueron particularmente sangrientos, como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), iniciativas que cobraron miles de vidas y ambas desaparecieron discretamente tras las denuncias de excesos.

Pero si algo ha demostrado el gobierno es que aprende de sus errores, y de esta manera llegamos al operativo más exitoso realizado: La Operación Guaicaipuro, que se realizó en la Cota 905 y que desarticuló la banda de alias “El Koki”.

Este triunfo abrió la puerta a una nueva generación de operaciones policiales, basadas en inteligencia y con objetivos concretos: desarticular bandas.

Operación Trueno IV
Así llegamos a los operativos más recientes, como la Operación Trueno IV, que se desplegó el 8 de septiembre en los estados Miranda y Aragua. Este operativo cobró la vida de al menos 30 personas.

El objetivo principal de la Operación Trueno era capturar a Deiber Johan González, peligroso delincuente conocido bajo el alias de “Carlos Capa”, quien es señalado de decenas de homicidios, entre ellos el de un funcionario de Policharallave y su esposa.

El gigantesco operativo se extendió al estado Aragua, tras las bandas de alias “Carlos Conejo”, en Las Tejerías; y “Los Guaricheros”.

Tras los pasos de alias “El Conas”
Paralelamente, en los estados Zulia y Carabobo se realizó otro operativo encabezado por la Fiscalía, el Cicpc y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana con el objetivo de detener a Óscar Enrique Guzmán Chirinos.

Este sujeto conocido bajo el alias de “El Conas” es un expran y fugitivo del retén de Cabimas, en el estado Zulia, donde encabeza una organización criminal dedicada a la extorsión.

Esta operación varió en su estrategia y logró la detención de al menos 11 familiares de Guzmán Chirinos, hermanas, primas, tías, tíos, primos, entre otros, a quienes se señala de ser parte de la banda dirigida por el ex Guardia Nacional.

Complementaria
Estado replegado

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en su informe correspondiente al año 2021, señala que “se incrementaron los territorios que están fuera del control del gobierno, donde la gobernanza local y el control social y político lo ejercen los grupos armados no estatales”.

Este abandono por parte del Estado generó una nación fragmentada territorialmente. “Un país en el que las bandas armadas dominan amplios territorios, controlan el tránsito por carreteras y autopistas en las que cometen crímenes con total impunidad, no se trata de las llamadas Zonas de Paz, sino que hay una evidente incapacidad o falta de voluntad del estado para garantizar la protección ciudadana”.

Esto se repite tanto en las barriadas de las ciudades como en las áreas rurales, en regiones internas y en las fronteras terrestres o marítimas del país, donde existen espacios que son totalmente dominados por delincuentes.