Reclusos reclaman que la comida no la surten las autoridades

Reclusos de unas 20 cárceles alzaron la voz para quejarse por el suministro de comida. Según dijeron -sin ofrecer sus nombres-, los alimentos, al parecer, no llegan desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios, en algunos casos, y en otros no llegan completos, indicaron. "Aquí la comida llega porque la familia la trae o porque los líderes la compran", señalaron.

Según estimaciones del Observatorio Venezolano de Prisiones, cerca de 60% de la población penal del país se alimenta con recursos propios o con lo que le llevan sus familiares, bien sea comida preparada o cruda para que los mismos internos la cocinen.

Sin embargo, se pudo conocer de forma extraoficial, que el presupuesto con el que cuenta la cartera que administra los penales es de 221.924.664 bolívares. Y son dos empresas, más la red de Mercado de Alimentos (Mercal), las que están aceptadas por el ministerio para el suministro de comida.

Se supo asimismo que Mercal surte a Yare III, Mérida, Apure, Comunidad Penitenciaria de Coro, Uribana, Margarita, Santa Ana, Vista Hermosa y el INOF; las demás están repartidas entre dos empresas privadas. Antes, dijeron fuentes del despacho penitenciario, cuando la administración de las cárceles la llevaba el Ministerio de Interior, eran seis las empresas más la red Mercal.

Diez meses después de haberse formado el Ministerio de Servicios Penitenciarios, específicamente el 24 de mayo pasado, se abrió un proceso de licitación o concurso, con el número CA-DG-LOG-2012-01 para que se postularan varias empresas. La fecha de cierre era el 4 de junio, se señala en la postulación que está públicada en la página web del ministerio, pues el 5 de junio se haría un acto para abrir el primer sobre con la oferta. Ese acto, denuncian trabajadores de ese despacho -cuyos nombres quedan anónimos por temor a represalias-, nunca se realizó.

Las empresas

De acuerdo a las fuentes consultadas, no hubo postulaciones, ni de las seis empresas privadas ni de otras nuevas.

Trascendió que cinco de esas distribuidoras de alimentos, cuyos nombres permanecerán anónimos, dejaron de despachar entre marzo y abril. Solo una quedó y su contrato data de 2007, cuando comenzó a servir en el MIJ. Su contrato es el número DGGAAD007-07.

La otra que ofrece el servicio es una cooperativa que entró en febrero. De acuerdo a lo que trascendió, esta no licitó sino que quedó inscrita en el Ministerio de Servicios Penitenciarios porque el monto que facturaría no era el suficiente como para licitar.

El RIF de dicha cooperativa, informaron fuentes del ministerio, es el J-307429912. En el Registro Nacional de Contratista esa empresa está suspendida, lo que quiere decir que no puede ofrecer sus servicios a ninguna oficina del Estado. Sin embargo, según demuestran las órdenes de pago, esa cooperativa ha facturado Bs 74.542.753,48 entre febrero y julio por haber "distribuido" alimentos a los penales. La otra empresa, cuyo contrato es de 2007, ha facturado Bs. 20.455.461,87 en mayo y agosto.

Según se conoció de las mismas fuentes, los penales asignados a estas empresas solo reciben un promedio de 20% del pedido que se les hace, pero cobrarían, presuntamente, el pedido completo y hasta con sobrefacturación.

Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, indicó, basado en investigaciones realizadas por la ONG que representa, que la supuesta irregularidad estaría amparada, presuntamente, "por un funcionario que trabaja en el Ministerio de Servicios Penitenciarios y que responde al nombre de Reny Méndez. De acuerdo con la información que manejamos, esa persona cobra, al parecer, un porcentaje a esas empresas para que sean las que surtan de alimentos a los penales. Ese funcionario, aunque no tiene un cargo establecido en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, cuenta con el poder suficiente para haber mandado a despedir a Henry Hernández, quien servía como Director de Gestión Administrativa, porque estaría filtrando información sobre las irregularidades", indicó el activista.

"El negocio de la comida en la cárcel no es algo de ahorita, sino de hace mucho años. En la cuarta república, por ejemplo, los directores manejaban directamente ese asunto, y se sabía quién tenía un negocio con eso, por los carros que de pronto empezaban a lucir", dijo Nieto.