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599 homicidios marcaron el primer año de pandemia en Caracas

Monitor de Víctimas presentó el balance de un año de violencia atípica marcado por la pandemia de coronavirus y la escasez de combustible

  • CARLOS D' HOY

28/07/2021 02:43 pm

El 2020 fue un año atípico, marcado por el encierro y la escasa circulación de personas en las calles; sin embargo, la violencia no se detuvo y culminó el año con 599 homicidios en Caracas, 50 homicidios cada mes, de los cuales 204 fueron a manos de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, tres de cada 10 homicidios en la ciudad son responsabilidad de algún funcionario policial, repitiéndose esta tendencia por tercer año consecutivo.

El informe correspondiente al año 2020 del Monitor de Víctimas aclara que la letalidad policial puede ocurrir por resistencia a la autoridad o ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Para hacer esta clasificación, el Monitor de Víctimas toma en cuenta el testimonio de los familiares de los caídos, testigos del suceso, acta de defunción y minutas policiales disponibles. Es así como se determinó que el año pasado, de las 204 muertes registradas, 113 fueron ejecuciones extrajudiciales y 91 casos de resistencia a la autoridad. En general, la letalidad policial dejó la media de al menos 17 víctimas mensuales.

Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) y miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), ha explicado que la mezcla de confinamiento, escasez de combustible y militarización contribuyeron a crear un entorno violento que propició los abusos policiales.

El informe fue presentado por la coordinadora editorial del Monitor, Ronna Risquez, con el apoyo de las periodistas Lorena Meléndez, desde Caracas y Liz Gascón desde Lara, así como de Héctor Navarro, coordinador de Prevención de Violencia y Seguridad Ciudadana de Caracas Mi Convive y la directora del Centro de Investigaciones Populares, Mirla Perez.

 
También hubo otras causas de violencia en la ciudad capital. El Monitor de Víctimas registró 70 víctimas por ajuste de cuentas o venganzas en el Área Metropolitana de Caracas, lo que representa 11,74 % del total de víctimas en 2020. En promedio, fueron asesinados seis caraqueños cada mes bajo este móvil.

El municipio Libertador fue el más afectado, donde ocurrieron 64,3 % de los hechos. Las parroquias con mayores registros fueron El Valle, Coche y La Vega.

53 % de los homicidios por ajuste de cuentas fueron cometidos por ciudadanos particulares, sin vínculos con bandas delictivas. Sin embargo, las muertes por ajuste de cuentas por parte de miembros de bandas o megabandas en Caracas, constituye 43 % de los casos.

Esto representa un aumento de 11,11 % de los casos en comparación con 2019. Del mismo modo, el Monitor de Víctimas determinó que los homicidios por robos constituyen 15,44 % (92 víctimas) del total de muertes violentas del año 2020. De cada 10 asesinatos dos tienen como móvil el robo. En promedio, ocho caraqueños fueron asesinados cada mes para despojarlos de sus pertenencias.

Balas perdidas
Las muertes por balas perdidas no forman parte de las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Los casos de personas que mueren al ser heridas por proyectiles cuyo origen se desconoce quedan en un limbo judicial. Para ellos no hay justicia.

En 2020, el Monitor de Víctimas registró 14 muertes en Caracas como consecuencia de balas perdidas.

Territorios de violencia
De los cinco municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas, dos concentran 91% de los asesinatos reportados: Sucre y Libertador. Mientras que el primero tiene la parroquia más peligrosa (Petare), Libertador posee cuatro de las cinco con mayor cantidad de muertes (El Valle, Sucre, Coche y La Vega). 

En solo estas cinco jurisdicciones sucedió más del 50% de los homicidios en el año 2020. Se trata de 314 casos de letalidad policial y crímenes cometidos por civiles. Cinco parroquias del Área Metropolitana de Caracas concentran el 50% de las muertes violentas. Son territorios donde los colectivos y las megabandas imponen su gobernanza criminal.

En Lara los cuerpos de seguridad son el principal victimario
El Monitor de Víctimas contabilizó, a partir de abril, 201 homicidios en la región larense. De esta manera, se registró un promedio de 23 muertes al mes. Agosto fue el mes más violento del año con un total de 38 víctimas fatales.

Los cuerpos de seguridad figuran como los principales victimarios: el móvil del 61,58% de los homicidios perpetrados en la entidad es la letalidad policial. Las 125 víctimas fueron asesinadas en su mayoría por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Durante el año 2020, Monitor de Víctimas documentó cada uno de los testimonios de las familias de las víctimas. En 80 casos, allegados aseguraron que se trató de ejecuciones extrajudiciales, mientras que los otros 45 murieron por resistencia a la autoridad.

El equipo de Monitor de Víctimas pudo constatar que las muertes a manos de los cuerpos de seguridad en Lara tienen los mismos patrones de actuaciones que los ejecutados en el Distrito Capital.

Violencia contra la mujer
Si bien los hombres jóvenes fueron las víctimas más frecuentes, las mujeres también formaron parte de las estadísticas.

Después de que el Gobierno decretó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, los distintos tipos de violencia contra la mujer se exacerbaron. Fue un riesgo adicional para las víctimas convivir durante las 24 horas con sus agresores. Esta situación evidenció que el hogar era un sitio muy inseguro para ellas.

Hubo una media de cuatro homicidios por mes. Un total de 52 casos y en la mayoría se reportó que ya existían antecedentes de maltrato previos a sus asesinatos. En 2020 se registraron 52 homicidios de mujeres, de los cuales 17 se consideran femicidios, debido a que las víctimas fueron asesinadas por su condición de mujeres. Las parejas o exparejas fueron los victimarios en la mayoría de los casos.

Desde la creación del Monitor de Víctimas, se ha podido observar un incremento anual del porcentaje de mujeres asesinadas. Parece, de igual forma, que la cuarentena radical, impuesta a raíz de la pandemia del COVID-19, ha creado condiciones para que la proporción de feminicidios aumente de manera preocupante en el país. Entre abril y diciembre del año 2020 en el Área Metropolitana de Caracas, 9,1 % de los homicidios fueron hacia mujeres, lo que en términos relativos supone un incremento de al menos 40,9% con respecto al mismo periodo en el año 2019.

Las mujeres también se vieron obligadas a quedarse aisladas con sus victimarios por los distintos obstáculos que enfrentaron en su acceso a la justicia como la escasez de gasolina, las dificultades para movilizarse a los servicios presenciales que estaban disponibles por las deficiencias en el transporte público.

Víctimas permanentes
En medio de los homicidios y femicidios, existe una población que se ve indirecta pero permanentemente afectada: los menores de edad. El Monitor de Víctimas registró que 428 menores de edad quedaron huérfanos de padre o madre en 2020 en Caracas.

En promedio, cada semana 8 niños, niñas y adolescentes (NNA) quedaron huérfanos de uno de sus padres por la violencia homicida en Caracas. Es decir, un niño, niña o adolescente perdió a uno de sus progenitores cada día.

De la cifra total, 391 NNA perdieron a sus padres, lo que representa 91 % de los casos; mientras que 37 perdieron a sus madres, es decir, 9 % de los casos.

36,99% de los niños, niñas y adolescentes huérfanos de padre fueron a causa de la violencia policial, en presuntas ejecuciones extrajudiciales. 158 NNA fueron directamente afectados por los ataques de la policía en los barrios de Caracas.

Dicho de otra forma, cada semana 3,03 NNA quedan huérfanos de uno de sus padres por la violencia policial. Estos NNA, en su mayoría, pierden el sustento económico principal en las casas, razón por la cual quedan en una situación de vulnerabilidad mayor, sumado a los problemas de su edad.

Finalmente el informe recomienda al Estado cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos y poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares. 

Además debe prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas. Asimismo tiene la responsabilidad de fortalecer el sistema de justicia para acabar con la impunidad y debe capacitar y formar al personal que labora en los centros de atención a las víctimas, como policías o fiscales, para evitar la revictimización y que se atiendan debidamente los casos.

Se tiene que diseñar e implementar una política integral de seguridad que incluya medidas de atención a los jóvenes de los sectores populares, para garantizar su acceso a la educación, la salud, la recreación y el empleo.

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