El Congreso de los Diputados de España rechazó este miércoles abrir una investigación al rey emérito Juan Carlos por su presunto uso de tarjetas de crédito opacas, un tema que divide a la coalición de gobierno de socialistas y la izquierda radical.
La posibilidad de investigar al ex jefe de Estado, que desde agosto pasado reside en Abu Dabi en medio de un alud de informaciones sobre su presunta fortuna opaca, fue tumbada por la mesa del Congreso, el órgano ejecutivo de la Cámara Baja, donde solo votó a favor la izquierda radical de Podemos, socio menor de los socialistas en el gobierno.
El rechazo no tiene "ningún argumento jurídico que lo justifique, ya que los letrados nos dan la razón. Nuestra iniciativa es 100% constitucional", reaccionó en Twitter Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos, una formación abiertamente republicana.
La petición "no es procedente", señaló en la radio Onda Cera la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, quien advirtió que la iniciativa puede "estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida, seria, no es bueno que las instituciones se cuestionen".
Con la oposición de los socialistas y la derecha, el Congreso rechazó el año pasado otras numerosas solicitudes para investigar la fortuna de Juan Carlos de Borbón.
En esta ocasión por primera vez los letrados del Parlamento, sus asesores jurídicos, dieron su aval a la investigación. Hasta ahora se oponían invocando la inviolabilidad de quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014.
Podemos y varios partidos regionales buscaban escudriñar el presunto uso del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de terceros, entre ellos un empresario mexicano. Como estos hechos ocurrieron después de su abdicación en 2014, podrían constituir un delito de blanqueo.
El padre del actual rey Felipe VI abonó en diciembre a la Hacienda española 678.393 euros (unos 820.000 dólares) para evitar que esta causa llegue a tribunales, pero la fiscalía aún tiene que decidir si la archiva o no. Esta es una de las tres investigaciones sobre Juan Carlos I que lleva adelante la fiscalía española.
La posibilidad de investigar al ex jefe de Estado, que desde agosto pasado reside en Abu Dabi en medio de un alud de informaciones sobre su presunta fortuna opaca, fue tumbada por la mesa del Congreso, el órgano ejecutivo de la Cámara Baja, donde solo votó a favor la izquierda radical de Podemos, socio menor de los socialistas en el gobierno.
El rechazo no tiene "ningún argumento jurídico que lo justifique, ya que los letrados nos dan la razón. Nuestra iniciativa es 100% constitucional", reaccionó en Twitter Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos, una formación abiertamente republicana.
La petición "no es procedente", señaló en la radio Onda Cera la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, quien advirtió que la iniciativa puede "estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida, seria, no es bueno que las instituciones se cuestionen".
Con la oposición de los socialistas y la derecha, el Congreso rechazó el año pasado otras numerosas solicitudes para investigar la fortuna de Juan Carlos de Borbón.
En esta ocasión por primera vez los letrados del Parlamento, sus asesores jurídicos, dieron su aval a la investigación. Hasta ahora se oponían invocando la inviolabilidad de quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014.
Podemos y varios partidos regionales buscaban escudriñar el presunto uso del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de terceros, entre ellos un empresario mexicano. Como estos hechos ocurrieron después de su abdicación en 2014, podrían constituir un delito de blanqueo.
El padre del actual rey Felipe VI abonó en diciembre a la Hacienda española 678.393 euros (unos 820.000 dólares) para evitar que esta causa llegue a tribunales, pero la fiscalía aún tiene que decidir si la archiva o no. Esta es una de las tres investigaciones sobre Juan Carlos I que lleva adelante la fiscalía española.
Una de ellas busca saber si el entonces monarca cobró una comisión por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas en 2011 de un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita, y la otra indaga un presunto blanqueo de capitales, ligado, según la prensa española, a una estructura opaca con millones de euros radicada en la isla británica de Jersey.
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