Madrid.-El rey emérito Juan Carlos I, quien partió al exilio, no está siendo investigado a la fecha, señaló este miércoles el Gobierno español, aun cuando la justicia en España y Suiza examina de cerca sus cuentas tras las revelaciones de una examante.
"El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso", remarcó a periodistas Carmen Calvo, número dos del Gobierno, en respuesta a formaciones antimonárquicas que acusan al antiguo jefe del Estado de intentar eludir la justicia.
Pablo Iglesias, el jefe del partido de izquierda radical Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas, calificó de "inaceptable" que el exmonarca, cuyo paradero se ignora tras anunciar el lunes que abandonaba España, "no esté en su país para dar la cara ante su pueblo".
Cuentas secretas
De hecho, y pese a lo afirmado por Iglesias, el rey no es objeto de ninguna investigación judicial. No obstante, los fiscales en Suiza y España escudriñan su fortuna a la luz de afirmaciones hechas por su examante, la empresaria alemana Corinna Larsen.
En grabaciones hechas, aparentemente sin su consentimiento, y divulgadas por medios españoles en 2018, Corinna, que prefiere utilizar el apellido de su antiguo marido zu Sayn-Wittgenstein, afirmaba que el rey emérito poseía cuentas secretas en Suiza y que recibió una jugosa comisión por la concesión a empresas españolas de un contrato para construir un tren de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.
En marzo, el diario suizo la Tribune de Genève reveló que en 2008 el rey Abdalá de Arabia Saudita transfirió 100 millones de dólares a una cuenta del banco suizo Mirabaud perteneciente a una fundación panameña de la que el rey Juan Carlos era beneficiario.
Según el diario, el entonces monarca utilizó esta cuenta hasta su cierre en 2012, cuando donó 65 millones de euros a Corinna Larsen, quien utilizó el dinero posteriormente.
La Tribune afirmó que un fiscal en Ginebra abrió en 2018 una investigación penal por "sospechas de blanqueo de dinero agravado" por estas transacciones e inculpó a Larsen, al banco Mirabaud, a un abogado y a un hombre de negocios, pero no al rey emérito.
La justicia suiza rehúsa hacer cualquier comentario sobre este caso, que fue a su vez tomado por su homóloga española, quien desde septiembre de 2018 indaga sobre el contrato en Arabia Saudita.
El rey Juan Carlos y el monarca de Arabia Saudita durante la Conferencia del Diálogo celebrada en Madrid en 2008 FOTO AFP
"El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso", remarcó a periodistas Carmen Calvo, número dos del Gobierno, en respuesta a formaciones antimonárquicas que acusan al antiguo jefe del Estado de intentar eludir la justicia.
Pablo Iglesias, el jefe del partido de izquierda radical Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas, calificó de "inaceptable" que el exmonarca, cuyo paradero se ignora tras anunciar el lunes que abandonaba España, "no esté en su país para dar la cara ante su pueblo".
Quinta do Peru donde el rey emérito se hospedó antes de salir de Europa FOTOS AFP
Cuentas secretas
De hecho, y pese a lo afirmado por Iglesias, el rey no es objeto de ninguna investigación judicial. No obstante, los fiscales en Suiza y España escudriñan su fortuna a la luz de afirmaciones hechas por su examante, la empresaria alemana Corinna Larsen.
En grabaciones hechas, aparentemente sin su consentimiento, y divulgadas por medios españoles en 2018, Corinna, que prefiere utilizar el apellido de su antiguo marido zu Sayn-Wittgenstein, afirmaba que el rey emérito poseía cuentas secretas en Suiza y que recibió una jugosa comisión por la concesión a empresas españolas de un contrato para construir un tren de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.
En marzo, el diario suizo la Tribune de Genève reveló que en 2008 el rey Abdalá de Arabia Saudita transfirió 100 millones de dólares a una cuenta del banco suizo Mirabaud perteneciente a una fundación panameña de la que el rey Juan Carlos era beneficiario.
Según el diario, el entonces monarca utilizó esta cuenta hasta su cierre en 2012, cuando donó 65 millones de euros a Corinna Larsen, quien utilizó el dinero posteriormente.
La Tribune afirmó que un fiscal en Ginebra abrió en 2018 una investigación penal por "sospechas de blanqueo de dinero agravado" por estas transacciones e inculpó a Larsen, al banco Mirabaud, a un abogado y a un hombre de negocios, pero no al rey emérito.
La justicia suiza rehúsa hacer cualquier comentario sobre este caso, que fue a su vez tomado por su homóloga española, quien desde septiembre de 2018 indaga sobre el contrato en Arabia Saudita.
El rey Juan Carlos y el monarca de Arabia Saudita durante la Conferencia del Diálogo celebrada en Madrid en 2008 FOTO AFP
Difícil de probar
En junio la Fiscalía del Tribunal Supremo, única jurisdicción que podría procesar a un antiguo jefe del Estado, anunció que buscaba determinar la eventual existencia de un "delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales" y si Juan Carlos I pudiera ser responsable.
No obstante, la corrupción es uno de los delitos más difíciles de probar, según fuentes de la Fiscalía. Según ellas, se abren otras dos vías a los investigadores: posible lavado de dinero y evasión fiscal.
Para que haya lavado de dinero, el origen de los fondos debe ser ilícito, señalan las fuentes.
Aún si se demuestra que Juan Carlos recibió grandes sumas de las monarquías del Golfo, de Kuwait a Omán pasando por Arabia Saudita, como afirma la prensa, habría que probar que no se trató de regalos sin contrapartida, algo que sería legal.
Si la justicia demostrara lo contrario, el rey tendría que haber utilizado dichos fondos, invirtiéndolos o pasándolos de un banco a otro, luego de haber abdicado en 2014. Hasta ese año, gozó de inmunidad en tanto que jefe del Estado.
En todo caso, se antoja difícil probar que fue una comisión el dinero saudita, entregado a Juan Carlos I en 2008, tres años antes de que el contrato lo ganara un consorcio español.
Quedaría la pista del fraude fiscal. Si el rey emérito mantuvo su fortuna en el extranjero sin declararla en España, las autoridades españolas podrían acusarlo de fraude, pero solo si no han transcurrido los cinco años en que prescribe ese delito.
De todas maneras, aún sin una investigación abierta, las sospechas sobre el dinero opaco del rey emérito fueron suficientes para que en junio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablara de informaciones "inquietantes" que "nos perturban a todos".
El 3 de agosto, el rey Felipe VI anunció que su padre abandonaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de (su) vida privada".
En junio la Fiscalía del Tribunal Supremo, única jurisdicción que podría procesar a un antiguo jefe del Estado, anunció que buscaba determinar la eventual existencia de un "delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales" y si Juan Carlos I pudiera ser responsable.
No obstante, la corrupción es uno de los delitos más difíciles de probar, según fuentes de la Fiscalía. Según ellas, se abren otras dos vías a los investigadores: posible lavado de dinero y evasión fiscal.
Para que haya lavado de dinero, el origen de los fondos debe ser ilícito, señalan las fuentes.
Aún si se demuestra que Juan Carlos recibió grandes sumas de las monarquías del Golfo, de Kuwait a Omán pasando por Arabia Saudita, como afirma la prensa, habría que probar que no se trató de regalos sin contrapartida, algo que sería legal.
Si la justicia demostrara lo contrario, el rey tendría que haber utilizado dichos fondos, invirtiéndolos o pasándolos de un banco a otro, luego de haber abdicado en 2014. Hasta ese año, gozó de inmunidad en tanto que jefe del Estado.
En todo caso, se antoja difícil probar que fue una comisión el dinero saudita, entregado a Juan Carlos I en 2008, tres años antes de que el contrato lo ganara un consorcio español.
Quedaría la pista del fraude fiscal. Si el rey emérito mantuvo su fortuna en el extranjero sin declararla en España, las autoridades españolas podrían acusarlo de fraude, pero solo si no han transcurrido los cinco años en que prescribe ese delito.
De todas maneras, aún sin una investigación abierta, las sospechas sobre el dinero opaco del rey emérito fueron suficientes para que en junio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablara de informaciones "inquietantes" que "nos perturban a todos".
El 3 de agosto, el rey Felipe VI anunció que su padre abandonaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de (su) vida privada".
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