Tres jueces del Tribunal de Apelación londinense dictaminaron que la "alegada conducta previa a la abdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país".


El exmonarca, de 84 años, defendía desde 2021 que no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.


Sin embargo, un juez de la Alta Corte se lo había denegado en marzo argumentando que ya no era miembro de la casa real y que incluso antes de su renuncia, los "actos de acoso" que le imputa la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, no se beneficiaban de dicha protección.


El Tribunal de Apelación accedió después a reexaminar la cuestión, pero únicamente mientras fue jefe de Estado.


Dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad tras su abdicación, la demanda por acoso, paralizada por este recurso, podría proseguir en una fecha por determinar.


Sin embargo, sus abogados "también se reservaron el derecho a impugnar por otros motivos la jurisdicción" relativa a acusaciones posteriores a 2014, reconocieron los jueces en su decisión escrita. 


"Si Juan Carlos mantiene esos argumentos, esperamos que la Alta Corte los rechace y le exija que presente su defensa formal", reaccionaron representantes de la empresaria, admitiendo su "decepción" por esta decisión pero enfatizando que "la mayor parte de la demanda de Corinna se refiere al acoso presuntamente ocurrido tras la abdicación".


Contactados por AFP, los abogados de Juan Carlos no reaccionaron.



- Acusaciones de amenazas y hostigamiento -
Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España. 


Pero una serie de escándalos a partir de 2012 derrumbaron su imagen, llevándolo primero a abdicar en favor de su hijo, Felipe VI, y en agosto de 2020, a exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde entonces.


Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria --divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen-- presentó en 2020 una demanda civil contra él por acoso en Londres, donde ella reside.


Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar "regalos" que incluyen 65 millones de euros (68 millones de dólares).


Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al rey emérito, que niega las acusaciones.


Pero el abogado del exrey, Tim Otty, sostuvo en noviembre que la inmunidad "es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida".



- ¿Amante y testaferro? -
Los abogados de Larsen defendieron por su parte que al solicitar los servicios del general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que según ella la amenazó y envió a agentes a acosarla, Juan Carlos lo hizo como favor personal entre amigos y no como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje.


Para subrayar este comportamiento "privado" recientemente corrigieron su demanda, eliminando toda referencia a los servicios secretos españoles, lo que los jueces del Tribunal de Apelación censuraron el martes, considerando que "cualquier solicitud de modificación (...) debe estar apoyada por pruebas sobre sus méritos". 


En documentos judiciales presentados en noviembre, Larsen aseguró que aunque Juan Carlos le entregó los 65 millones alegando "un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento", su intención era en realidad ocultarlos al fisco español, utilizándola como testaferro.


Y afirma que el supuesto hostigamiento comenzó en 2012, al buscar acceder a dicho dinero.


La causa en Londres se vio enturbiado por la receinte publicación de un polémico pódcast titulado "Corinna y el rey".