El 29 de junio de 2020, luego de que Bruselas anunciara sanciones contra 11 venezolanos, Nicolás Maduro ordenó la expulsión de la representante de la Unión Europea en Caracas. “Maduro lanzó también una advertencia al embajador de España, Jesús Silva, al agregar que ‘Venezuela se reserva las acciones diplomáticas’ sobre él”, reseñaba El País.

Al día siguiente, la Unión Europea solicitó que se reconsiderara la decisión, y tres días después Josep Borrell informó que había sostenido una conversación telefónica con Jorge Arreaza en la que acordaron revertir la expulsión. Borrell argumentó que “la cooperación” entre ambas partes podía “facilitar el diálogo político”.

Reincidencia

Al estar enmarcado el acuerdo de reversión de la expulsión en la idea de “cooperación en función del diálogo”, se podía entender que no se crearían otros puntos de tensión, como el de las nuevas sanciones.

Sin embargo, apenas unos meses más tarde, el 22 de febrero de este año, la UE recurrió nuevamente al expediente de las sanciones, esta vez incluyendo a diputados y a rectores del Consejo Nacional Electoral vinculados al sector de la oposición con el que la UE mantiene diferencias y desencuentros sobre la línea política a seguir.

De manera que la UE adelantó, con las sanciones, una advertencia disuasiva para aquellos opositores que en el futuro no se ajusten a los lineamientos de Bruselas o participen en elecciones sin su consentimiento.

Unión Europea

En relación al gobierno español, la salida acordada entre los dos países del embajador Silva, vinculado muy activamente a ciertos círculos de oposición y de quien se ha señalado permitió que su residencia se utilizara en los preparativos iniciales de la incursión armada realizada por el litoral guaireño, creó un nuevo cuadro de relaciones, con expectativas de mayor fluidez y cooperación.

Ahora bien, la creación en el seno de la UE de un grupo de interés sobre Venezuela, integrado por España, Alemania, Países Bajos y Francia, que propició nuevas sanciones, así como el viaje de la ministra de relaciones exteriores española a Colombia, significó que se detonara lo que se había avanzado en nuevas pautas de cooperación entre Caracas y Madrid.

Colombia

La presencia física en Colombia, en plena pandemia, de Arancha González, no se puede considerar como un acto “inocente”, ni se explica solo por la inquietud por los migrantes. Cualquier cancillería del mundo conoce, de antemano, sus connotaciones, en el marco de las tensiones entre Bogotá y Caracas, en las que el tema migratorio es parte del pulso entre los dos Estados.

Por lo demás, no se podía ignorar en la cancillería española la existencia de tensiones bélicas larvadas entre los dos países, ni desconocer el valor simbólico del puente Simón Bolívar, en el que dos años atrás hubo una confrontación violenta, intentos de intervención y deserción de militares.

España

Del mismo modo, la cancillería ha debido estar al corriente de que la incursión de la operación Gedeón fue preparada en territorio colombiano. Tampoco podía Madrid no estar al tanto de que el presidente colombiano venía de anunciar la creación de un comando de élite especial para combatir grupos como el ELN y que, al hacerlo, había insinuado que podrían penetrar en Venezuela, ante lo que el ministro de la defensa, General Vladimir Padrino López, había advertido que respondería con las armas.

Hasta un principiante de la carrera diplomática podía saber que, al apoyar nuevas sanciones y al realizar este viaje, la cancillería española estaba detonando los puentes recientemente hilvanados de cooperación y diálogo.

Diálogo

Todo indica que continúa privando, tanto en Madrid como en Bruselas, el ya viejo diseño de la administración Trump para un cambio de gobierno en Venezuela, puesto que en Washington no se ha producido una redefinición de políticas, y se insiste en el esquema de bloqueo petrolero y financiero por medio de sanciones. Aún más, en la Casa Blanca se aspira a que la UE se endurezca y se sume a las medidas tomadas, en lo que se ha denominado “presión multilateral”. Esto explicaría la conducta del Consejo Europeo y de la cancillería española.

Sin embargo, habría que esperar a que los demócratas se asienten más en el gobierno para tener mayor precisión sobre un posible viraje, y también observar con detenimiento hasta qué punto la UE aborda su política hacia Venezuela desde otra óptica y con mayor autonomía, para contribuir, efectivamente, a la negociación y al diálogo.