La esencia del informe
En el resumen sobre la versión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, publicada en su página web sobre el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, se destaca: “El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

Período de presentación 2014 y 2019
-Desde 2014 funcionarios del Estado venezolano han cometido violaciones que incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y torturas.
-La tasa de asesinatos por parte de agentes del Estado venezolano está entre las más alta de América Latina: Las operaciones especiales establecidas en el país para combatir la delincuencia dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales: El CICP y las FAES fueron responsables de 59% de estos asesinatos desde 2014.
-Los servicios de inteligencia detuvieron a hombres y mujeres disidentes políticos, activistas de derechos humanos, manifestantes, personal militar y sus asociados. Estas personas solían estar detenidas en condiciones deplorables en instalaciones de inteligencia, fuera del sistema penitenciario oficial. Fueron sometidos a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo la violencia sexual y de género.
-Las fuerzas de seguridad también detuvieron y torturaron a manifestantes antigubernamentales.
-La mayoría de las familias de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en las protestas, siguen esperando que se haga justicia.
-Estas violaciones se produjeron en medio de una ruptura del Estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela. La mayoría de los responsables de la planificación y ejecución de estos graves crímenes y violaciones no han sido juzgados.
-El presidente Nicolás Maduro y los ministros de Interior y Defensa supervisaron las fuerzas de seguridad responsables. Ellos estaban al tanto de los delitos. Daban órdenes, coordinaban actividades y suministraban recursos.
-Esta conducta formaba parte de una política de Estado y era generalizada y sistemática. Hay motivos razonables para creer que constituyen crímenes de lesa humanidad.
-Estas violaciones deben cesar. La impunidad debe terminar. Las personas responsables deben rendir cuentas. Las víctimas deben recibir reparaciones”.

La argumentación gubernamental
El canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, y el fiscal designado por el actual Tribunal Supremo de Justicia, Tarek Willam Saab, fueron los funcionarios encargados de dar respuestas en nombre del Estado. Sus respuestas se resumen en las siguientes:
-La misión señalada nunca acudió a Venezuela para la elaboración de dicho informe.
-Es falso que el presidente Maduro tuviera conocimientos de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
-Al informe de la misión le faltó rigor en su elaboración, “plagado de mentiras e imprecisiones”, aseguró Saab..
-El documento tiene un marcado sesgo político que tiene como objetivo atacar a las instituciones en el país.
-Desde agosto de 2017 hasta la fecha, la Fiscalía ha venido trabajado en el esclarecimiento los casos que impliquen violaciones a los derechos humanos.Y en ese tiempo “han sido imputados, en un poco más de tres años, 565 funcionarios señalados como presuntos responsables de violación a los derechos humanos, además de 31 civiles supuestamente implicados como colaboradores de estos hechos, para un total de 596 imputados”.
-De esos 565 funcionarios imputados, 156 pertenecían a la policía científica o CICPC, 138 a la Policía Nacional Bolivariana. No se especificó los cuerpos a los que pertenecen los 302 restantes.
-Han sido de tenidos 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad por la misma causa. 804 funcionarios han sido acusados, así como 123 civiles, para un total de 927 acusados por cometer violaciones a los derechos humanos.
-Han sido sancionados mediante sentencias con condena firme a un total de 127 funcionarios de seguridad del estado y 13 civiles, para un total de 140 condenados.
-Los fiscales especializados en la materia han interpuesto 375 acusaciones relativas a delitos de homicidio, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, privación ilegítima de la libertad y violaciones de domicilio, entre otros delitos contemplados en el Código Penal.
-“El informe es una falta de respeto para los fiscales”, dijo Saab.

Más leña al fuego
En la actualización del informe que progresivamente levanta la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la 0NU, Michelle Bachelet presentó el pasado viernes 25 nuevas cifras que reforzarían las presentadas en el informe de la citada Misión Internacional, según las cuales, “Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020".

"Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad”, expresó la alta comisionada de la ONU.

Por otra parte, tras reconocer como positivas las medidas del Gobierno en relación con la libertad de un grupo de detenidos políticos y las destinadas al control de la pandemia en Venezuela, dijo que el personal que la acompaña en el seguimiento de la situación venezolana ha observado restricciones a la libertad de expresión. “Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, expresó.

Las expectativas
En el escenario actual sobre las expectativas que plantean los más recientes acontecimientos que apuntan por una salida a la crisis general del país, surgen diversos comentarios y actitudes provenientes de observadores y actores políticos tanto internos como externos.

Según el analista Lepoldo Puchi, en este momento, el Gobierno está en dificultades en la batalla de opinión pública, tanto por el manejo dado por sus adversarios, como por su propia conducta, por lo que debe corregir con celeridad.

En uno de sus más recientes artículos en El Universal, Puchi expone: “El reciente informe de la comisión especial designada por la ONU no corresponde a una acción de protección de los derechos humanos, sino a una iniciativa preparada con fines políticos, dirigida a encauzar el conflicto de Estados Unidos con Venezuela hacia un esquema judicial que facilite, si fuese el caso, una intervención militar extranjera, bajo la excusa del deber de proteger. Por esto, el informe ha sido, ante todo, un duro golpe a los moderados en el seno de la Unión Europea y a los partidarios de negociaciones en Venezuela”.

Por otro lado, representantes de lo que se considera como la “línea extrema” de la oposición han aprovechado las circunstancia del momento para invocar, en la persona del diputado Juan Guaidó, en su discurso el pasado jueves 24 vinculado al foro virtual de la ONU, el Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), relacionado con la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crimen de lesa humanidad. Sin embargo, pese a esporádicos apoyos internos a la iniciativa no se ha manifestado una tendencia internacional que la favorezca.

En este sector, como en otros de la oposición que se aferran a lo que consideran el juicio del siglo ante la Corte Internacional de Justicia contra el presidente Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, se estima que los últimos acontecimientos pudieran acelerar el proceso que se ventila en el tribunal de La Haya desde 2014.

Sobre las consecuencias del informe de la Misión Internacional Independiente, el prestigioso portal BBC-Mundo, integrante de la BBC World Series, consultó la opinión de expertos en el tema, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea -ONG venezolana especializada en derechos humanos- considera que este informe abre un "abanico" de oportunidades.

"Se convierte en un insumo para la Corte Penal Internacional, que lo podrá examinar y avanzar de la fase preliminar, en la que Venezuela se encuentra actualmente, a una fase de investigación formal (…) Luego quedará en manos de la Fiscalía tomar decisiones al respecto".

Una consecuencia inmediata para el sociólogo y periodista venezolano es que este informe aumenta las posibilidades de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe la Misión autora del informe, siga investigando la situación de los derechos humanos en el país. Inicialmente el comité estaría activo hasta finales de este mes.

Por otra parte, cita la entrevista a Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, quien explica que hay tres posibles escenarios tras la publicación de dicho informe.

El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI), que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

"Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar. Pero tienen que ser crímenes graves. Es poco probable que la CPI acepte juzgar un caso de tortura o dos", dice el jurista.

La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa, explica BBC-Mundo.

"Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso", explica Roscini.

Aunque este tipo de informes pueden ayudar a recoger evidencia, los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias pesquisas. Y como miembro de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar con el caso.
En el largo plazo, el informe de la ONU tendrá consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el experto.

"Cuando se trata de crímenes tan graves también existe lo que se conoce como la jurisdicción universal. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier tribunal en el mundo podría iniciar investigaciones y enjuiciamientos en contra de estas personas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero".

Esto implica que si viajan a estos países en donde tienen un proceso abierto, corren el riesgo de ser encarcelados.
Pero Roscini destaca que normalmente esto solo ocurre cuando tienen al acusado bajo custodia. "Digamos que si Maduro viaja la próxima semana a un país que acepta el principio de jurisdicción universal, en teoría podría ser detenido en cuanto aterrice, si así lo decide un tribunal o un fiscal. El problema es que Maduro es un presidente en ejercicio, por lo tanto tiene inmunidad presidencial".

"Sin embargo, después de que deje el cargo, si alguna vez lo hace, entonces podría ser enjuiciado en otro país del mundo por un tribunal nacional por los crímenes de lesa humanidad que cometió cuando era presidente", prosigue.

Un tercer escenario es que no se abra un caso en contra de los individuos implicados, sino contra el Estado venezolano, como lo hizo Gambia cuando acusó a Birmania de cometer un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

Como resultado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) les exigió a las autoridades de Birmania que abandonaran las prácticas genocidas.
Pero esto sería una batalla de un Estado contra otro, no resultaría en penas criminales y no ocurriría ante la CPI, sino ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU. No obstante, para Roscini este es la opción que él considera como la menos probable.