En el actual conflicto por el que atraviesa Venezuela, la reputación es un territorio en disputa, y quien lo ocupe tiene ventaja en la lucha que se libra, ya que la confrontación no transcurre solamente en las trincheras económicas o de fuerza militar, sino también en las representaciones simbólicas de valores y en las expectativas basadas en ideales.

En el mundo de hoy, el respeto de los derechos humanos es un paradigma ineludible para forjar una reputación positiva. Es, a la vez, un campo de batalla comunicacional, en el que se moldean realidades, se acicalan o se distorsionan perfiles. En este momento, el Gobierno está en dificultades en esa batalla de opinión pública, tanto por el manejo dado por sus adversarios, como por su propia conducta, por lo que debe corregir con celeridad.

EL INFORME
La supervisión de organismos internacionales es conveniente y se ha mostrado en numerosos casos de gran utilidad. Un ojo que observa, estimula las responsabilidades, limita tentaciones y pone freno a actuaciones ocultas.

Ahora bien, el reciente informe de la comisión especial designada por la ONU no corresponde a una acción de protección de los derechos humanos, sino a una iniciativa preparada con fines políticos, dirigida a encauzar el conflicto de Estados Unidos con Venezuela hacia un esquema judicial que facilite, si fuese el caso, una intervención militar extranjera, bajo la excusa del deber de proteger. Por esto, el informe ha sido, ante todo, un duro golpe a los moderados en el seno de la Unión Europea y a los partidarios de negociaciones en Venezuela.

REPUTACIÓN
En situaciones de inestabilidad, de escasos consensos, de revoluciones y contra revoluciones, de malestar social o agresiones externas, se incrementan las actividades represivas, de coerción, propias de las funciones de todo Estado para mantener la gobernabilidad y el orden.

Sin embargo, la función represiva del Estado debe realizarse dentro del marco del respeto a los derechos humanos. En todos los países hay violaciones, pero hay que tomar en cuenta en qué medida las instituciones del Estado actúan para frenarlas, para que no sean sistemáticas y se garantice el debido proceso.

En el caso venezolano, ha habido violaciones y la reacción de las instituciones del Estado para hacer las correcciones ha sido insuficiente. Ciertamente, la Fiscalía ha actuado en un importante número de casos para castigar culpables, pero no se ha puesto orden en los cuerpos policiales.

La reputación va más allá de lo que se entiende por buena imagen o prestigio superficial: apunta a la naturaleza real, profunda, de sus portadores y a la coherencia entre los principios que se representan y las actuaciones. Todo Estado debe proteger su reputación como la niña de sus ojos, si no quiere ser sometido por otros Estados.