Caracas.- Los comisionados de la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos , Humberto Prado, y de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, emitieron un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones de miembros del gobierno sobre el Informe de la Misión de Determinación de Hechos.
En este sentido consideran no solo que se trata de un vilipendio al desagravio de las vìctimas que pretende el Informe, sino que tanto el Fiscal general Tareck William Saab como el canciller Jorge Arreaza “evidencian profundos desconocimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La comunicación hace referencia a la rueda de prensa del pasado 19 de septiembre de 2020, dada por Tareck William Saab, y Jorge Arreza, en la cual se expresaron sobre el contenido del informe publicado en fecha 16 de septiembre de 2020 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, (la Misión o FFM por sus siglas en inglés) la cual fue ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Prado y Pizarro consideraron infundadas las aseveraciones efectuadas por ambas autoridades del gobierno de Nicolàs Maduro, “las cuales han evidenciado un desconocimiento importante sobre las normas mínimas del sistema universal de derechos humanos. Adicionalmente, han demostrado desestimar el desagravio de los afectados por las violaciones, siendo el informe de la FFM una forma de reparación a favor de las víctimas, al visibilizar sus casos y escuchar las voces que no consiguieron justicia en el fuero interno”.
En primer lugar, defienden el mecanismo de las misiones independientes de determinación de los hechos que normalmente se dirigen a situaciones donde la comunidad internacional teme que se hayan materializado violaciones graves contra los derechos humanos.
De esta forma refieren que el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado FFM para los casos del conflicto de la Franja de Gaza (2009), Myanmar en 2017, y Libia (2020), entre otros.
El estándar de prueba no es requerimiento suficiente para sostener acusación en procedimientos penales, pero si justificamayores investigaciones, aducen.
De acuerdo a ello, aun no pudiendo ingresar al territorio nacional, la FFM logró reunir información a partir de documentos confidenciales, expedientes y más de 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.
También subrayan el carácter cientìfico de la investigación porque la misión recibió 2.891 casos, e investigó a fondo 223 casos que fueron correspondientemente detallados. “Los casos investigados a fondo se basan en por lo menos una fuente creíble de información directa, que fue corroborada independientemente por al menos otra fuente de información creíble.
Los funcionarios de la AN también recordaron al gobierno que las solicitudes de la FFM para entregarles el informe antes de su publicación no fueron respondidas.
De igual forma rechazaron que “el régimen de facto pretende plantear una diferencia entre la labor de la FFM y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos” .
“Incluso, los resultados arrojados por ambas instancias han determinado que en Venezuela existen deficiencias innegables en el sistema nacional de justicia, falta de imparcialidad de la judicatura, comisión de violaciones graves contra los derechos humanos, excesos del personal de la fuerza pública que incluso ha incurrido en prácticas de violaciones sexuales, entre otras tantas conclusiones”.
En este sentido consideran no solo que se trata de un vilipendio al desagravio de las vìctimas que pretende el Informe, sino que tanto el Fiscal general Tareck William Saab como el canciller Jorge Arreaza “evidencian profundos desconocimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La comunicación hace referencia a la rueda de prensa del pasado 19 de septiembre de 2020, dada por Tareck William Saab, y Jorge Arreza, en la cual se expresaron sobre el contenido del informe publicado en fecha 16 de septiembre de 2020 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, (la Misión o FFM por sus siglas en inglés) la cual fue ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Prado y Pizarro consideraron infundadas las aseveraciones efectuadas por ambas autoridades del gobierno de Nicolàs Maduro, “las cuales han evidenciado un desconocimiento importante sobre las normas mínimas del sistema universal de derechos humanos. Adicionalmente, han demostrado desestimar el desagravio de los afectados por las violaciones, siendo el informe de la FFM una forma de reparación a favor de las víctimas, al visibilizar sus casos y escuchar las voces que no consiguieron justicia en el fuero interno”.
En primer lugar, defienden el mecanismo de las misiones independientes de determinación de los hechos que normalmente se dirigen a situaciones donde la comunidad internacional teme que se hayan materializado violaciones graves contra los derechos humanos.
Su aplicación para el caso de Venezuela reafirma la gravedad de la situación nacional debido a la sospecha de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y sometimiento de personas a torturas y otros tratos o penas crueles o degradantes, muchos de los cuales fueron denunciados por la sociedad civil organizada, explican.
De esta forma refieren que el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado FFM para los casos del conflicto de la Franja de Gaza (2009), Myanmar en 2017, y Libia (2020), entre otros.
Recuerdan que en algunos casos se aplicaron mecanismos similares, donde los gobiernos o regímenes se negaron a permitir el ingreso de las Misiones a sus territorios, lo cual no impidió la implementación, como estándar de prueba, de los “motivos razonables para creer” y se aplica para probar: que se produjo la violación o el delito, y que la persona identificada fue responsable.
El estándar de prueba no es requerimiento suficiente para sostener acusación en procedimientos penales, pero si justificamayores investigaciones, aducen.
De acuerdo a ello, aun no pudiendo ingresar al territorio nacional, la FFM logró reunir información a partir de documentos confidenciales, expedientes y más de 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.
También subrayan el carácter cientìfico de la investigación porque la misión recibió 2.891 casos, e investigó a fondo 223 casos que fueron correspondientemente detallados. “Los casos investigados a fondo se basan en por lo menos una fuente creíble de información directa, que fue corroborada independientemente por al menos otra fuente de información creíble.
Además el uso de la tecnología forense digital por parte de la FFM para Venezuela le permitió verificar los crímenes de forma verosímil y creíble”.
Los funcionarios de la AN también recordaron al gobierno que las solicitudes de la FFM para entregarles el informe antes de su publicación no fueron respondidas.
De igual forma rechazaron que “el régimen de facto pretende plantear una diferencia entre la labor de la FFM y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos” .
En este sentido, explican que ambos mandatos para Venezuela provienen no solamente de la misma Organización Internacional, sino que fueron aprobados por resoluciones mayoritarias por el Consejo de Derechos Humanos.
“Incluso, los resultados arrojados por ambas instancias han determinado que en Venezuela existen deficiencias innegables en el sistema nacional de justicia, falta de imparcialidad de la judicatura, comisión de violaciones graves contra los derechos humanos, excesos del personal de la fuerza pública que incluso ha incurrido en prácticas de violaciones sexuales, entre otras tantas conclusiones”.
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