Temen los especialistas, encabezados por el fundador del Ministerio del Ambiente, ingeniero Arnoldo Gabaldón, así como por el alto ex funcionario de ese despacho, ingeniero Anibal Rosales, que dicho proyecto en el cual trabaja actualmente la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Elías Matta, facilite la expansión de las cuestionadas actividades de explotación minera en la región sur del río Orinoco. 

Según lo explicó explicó Matta, al anunciar lo relacionado con la gestión de su Comisión, la importancia de esta ley es que, según trata de justificar: asegurará al país, el uso de prácticas responsables y el desarrollo e implementación de esquemas integrales de certificación de minerales. “La actividad minera puede ser desarrollada cuidando el medio ambiente y, uno de nuestros mayores desafíos, es su transformación hacia una minería sustentable”., divulgó la prensa en su oportunidad, el día nueve de este mes.

Como han venido denunciando distintos grupos defensores del ambiente y la naturaleza, incluyendo principalmente a las poblaciones indígenas de la región, los más perjudicados directamente por los efectos devastadores del hábitat y de todos sus recursos, a partir de la promulgación por parte del presidente Nicolás Maduro, el 24 de febrero de 2016, del Decreto Presidencial 2.248 que creó lo que comenzó a denominarse “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, la explotación se intensificó dentro de una extensión de más de 111.000 Km2, correspondientes a Áreas de Régimen de Administración Especial (ABRAE), bajo modalidades de Reserva de Biósfera, Reservas Forestales, Parques Nacionales y Zonas Protectoras de Cuencas, entre otras.

El temor al nuevo instrumento
A través de una declaración hecha pública esta semana, con motivo de la aprobación en primera discusión por parte de la citada Comisión de la AN de la nueva Ley de Minas, el Grupo Orinoco denuncia como “incongruente e inoportuno ante la realidad política, social y económica que vive el país”, el paso dado en el Parlamento “a sabiendas de los cuestionables antecedentes que ha tenido esta actividad”.

Breve balance de la destrucción
“Después de cuatro años de decretado, la minería en el AMO ha destruido unas 150.000 hectáreas de suelos y vegetación, tal como lo evidencian fotos satelitales recientes del área. Esta destrucción irreversible, incluye áreas bajo régimen especial, al tiempo que desplaza grupos de indígenas que huyen de su ambiente natural ante la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos como consecuencia de la actividad minera, sufriendo los desplazados, daños antropológicos definitivos. A lo anterior se agrega la presencia en el AMO de mineros, garimpeiros, grupos de paramilitares y traficantes inescrupulosos de metales y piedras preciosas, provenientes de diversos países, lo que en su conjunto ha configurado un delicado escenario geopolítico, que atenta contra los recursos naturales de la región, violenta la integridad de las comunidades indígenas que ancestralmente ocuparon ese territorio, y pone en riesgo la soberanía nacional”, argumenta el Grupo.

Igualmente refuta la justificación gubernamental según la cual la minería en el Arco Minero del Orinoco fue concebida como medio para independizar el país del rentismo petrolero; “pero lo que ha hecho es eliminar los requerimientos técnicos y los trámites legales indispensables para desarrollar cualquier actividad minera, para dar paso a un extractivismo cuyo único fin es generar flujo de caja para el Régimen, basado en una explotación minera sin cortapisas, carente de tecnología y de medidas de recuperación ambiental. Una actividad minera cuyo aporte al fisco se desconoce, y que dice ser rentable por que no internaliza en su estructura de costos los indispensables para una mediana recuperación ambiental”.

La exhortación del Grupo
Tras contradecir la versión gubernamental sobre la presunta “sostenibilidad ambiental-ecológica” de la minería, aun cuando utilice los métodos extractivos más avanzados y aplique las previsiones más exigentes, el Grupo exhorta a “suspender la discusión del proyecto de Ley de Minas, así como de todos los proyectos de desarrollo minero, hasta que se normalicen en Venezuela las condiciones políticas, sociales, ambientales, institucionales y de soberanía nacional, indispensables para la buena marcha del País”.

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Con información del Grupo Orinoco