La participación de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado en la práctica de ejecuciones extrajudiciales, que suman más de 250 víctimas, solo en el primer trimestre del 2020, vuelve a redimensionar "la cultura de la muerte y violencia" impuesta por los grupos armados irregulares y bandas criminales en los estados fronterizos país.

La denuncia, "bien documentada en su informe" la formula la ONG FudaRedes, que incluye una serie de testimonios (in situ), recopilados por el equipo de documentación de la organización, y que aparecen plasmados en su más reciente publicación titulada "Cuerpos de seguridad actúan como grupos de exterminio en los estados fronterizos de Venezuela".

El informe señala a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas) como los autores principales de "un sinfín de asesinatos cometidos bajo la más asombrosa impunidad y que han dejado a muchas familias sumidas en el dolor y la tristeza".

De acuerdo al análisis y datos recopilados por la ONG pro defensa de los DDHH, en el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de "supuestos enfrentamientos armados", entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según información oficial, “lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en situaciones que ponen en duda la vigencia del artículo 43 de la Constitución que establece que ninguna autoridad podrá aplicar la pena de muerte en Venezuela”.

La investigación afirma que las FAES desde su creación, en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro, acumulan denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos y se ha convertido en "sinónimo de represión y terror en todo el país".

“Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia”, describe el informe.

Asimismo, asegura que un hecho que involucra a las FAES en la muerte de dos hombres en marzo pasado, dado a conocer por la agencia de noticias Reuters, revela otro hecho poco conocido: "algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados, documentos presentados por los fiscales del caso, indican que al menos dos oficiales procesados por participar en estas muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse a las FAES".

Según FundaRedes la actuación de las FAES ha sido emulada por otros cuerpos de seguridad, indicando que "copian un patrón que, en muchos casos, incluye acecho y extorsión a las víctimas, generalmente ex presidiarios, a quienes acosan para obtener dinero".

Agrega que "algunos desaparecen durante horas o días y luego sus cuerpos son hallados en parajes apartados, y que según los reportes oficiales, sus casos son reseñados, como "sucesos de enfrentamientos, o de resistencia a la autoridad".

Revela igualmente, que en las poblaciones más cercanas a la línea de frontera las ejecuciones extrajudiciales son llevadas a cabo por efectivos de la Guardia Nacional, que suelen señalar a las víctimas como integrantes de grupos paramilitares o de bandas delincuenciales que actúan en estas regiones.

El informe subraya, que "desde el año 2014 FundaRedes ha denunciado constantemente la violación al derecho a la vida de los venezolanos en la frontera ante diferentes instancias nacionales, como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, solicitando iniciar investigaciones de estos hechos sangrientos, así como emprender acciones para frenar la actuación de los grupos armados irregulares a fin de proteger a la población más vulnerable.

Concluye la reseña del informe, que hasta la fecha no se ha obtenido ningún tupo de respuesta, a las reiteradas denuncias hechas por FundaRedes.