Caracas.- De acuerdo al último informe de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, señaló que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) está controlada por grupos delictivos organizados.
En el texto indican que estas organizaciones criminales “imponen sus propias reglas” debido a que “sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios” y además aseguran que “aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa”.
También refieren que el Arco Minero aparte de todo lo antes expuesto: “representa un área de alta contaminación y destrucción ambiental” que por si fuera poco “ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”, aseveran en el documento.
En consecuencia, el Acnudh expresa textualmente que los grupos armados trabajan en complicidad con funcionarios de seguridad del Estado: “el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”.
En el instrumento de inspección en relación a la independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia: incluyen violaciones a los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.
De igual manera, explican que en las minas estos grupos delictivos exigen a mineros que paguen entre el 10 y 20% del mineral extraído, y alrededor del 15 al 30% al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.
Seguidamente, el equipo de la alta comisionada registró cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Manifestado así que el ente Ejecutivo en lo más mínimo ha demostrado inquietud por buscar a estas personas que desaparecieron en condiciones de “grave criminalidad”.
En el trabajo de la Comisión (Codehciu) en la investigación Fosas del Silencio, publicado en La Vida de Nos, los familiares dijeron que “buscan a los desaparecidos” denunciando de esta forma “la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”.
En el texto indican que estas organizaciones criminales “imponen sus propias reglas” debido a que “sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios” y además aseguran que “aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa”.
También refieren que el Arco Minero aparte de todo lo antes expuesto: “representa un área de alta contaminación y destrucción ambiental” que por si fuera poco “ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”, aseveran en el documento.
En consecuencia, el Acnudh expresa textualmente que los grupos armados trabajan en complicidad con funcionarios de seguridad del Estado: “el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”.
En el instrumento de inspección en relación a la independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia: incluyen violaciones a los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.
De igual manera, explican que en las minas estos grupos delictivos exigen a mineros que paguen entre el 10 y 20% del mineral extraído, y alrededor del 15 al 30% al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.
Seguidamente, el equipo de la alta comisionada registró cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Manifestado así que el ente Ejecutivo en lo más mínimo ha demostrado inquietud por buscar a estas personas que desaparecieron en condiciones de “grave criminalidad”.
En el trabajo de la Comisión (Codehciu) en la investigación Fosas del Silencio, publicado en La Vida de Nos, los familiares dijeron que “buscan a los desaparecidos” denunciando de esta forma “la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”.
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