Miembros de la organizaciones políticas opositoras del país y ONG, denuncian que en plena cuarentena radical siguen siendo acosados y perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

En el estado Zulia, el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Ricardo Boscán, aseguró que sufre constantes atropellos por parte de los colectivos armados, quienes han violentado en su vivienda, hurtandole desde computadoras, documentos personales hasta fotografías familiares, además de dejar mensajes amenazantes en la fachada de la vivienda.

Para Boscán esto es sólo una estrategia liderada por el gobierno de Nicolás Maduro, quien pretende con esto silenciar las denuncias que se hacen sobre la situación que atraviesa la entidad zuliana y su plan para sacar del juego electoral a los partidos tradicionales para montar una farsa electoral el próximo 6 de diciembre.

El portavoz de la tolda azul no es el primero que sufre este tipo de agresiones, la situación en el Zulia cada vez es más crítica y las acciones ilegales de los grupos armados son la noticia del día a día.

Desapariciones y enfrentamientos armados
Por otra parte, miembros de la Organización Nacional Gubernamental, FundaRedes, denunciaron el incremento de la violencia en la frontera venezolana en este segundo trimestre del año, pese a las restricciones de la movilidad en medio de la cuarentena los hechos de violencia y enfrentamientos armados no cesan.

Aseveraron que han ocurrido más homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 en comparación con las cifras del 2019, y también frente a los datos registrados en los primeros tres meses del año.

Es por ello, que miembros de la ONG, encabezados por el director general Javier Tarazona, consignaron un documento dirigido al fiscal general Tareck William Saab, con el registro de víctimas de la violencia correspondiente al segundo trimestre del 2020, documentación desarrollada sobre la criminalidad que se ha dado en un contexto opresivo, con un decreto que impide la movilidad ciudadana en todos los estados del país, y con mayores controles militares y policiales en la frontera.

Tarazona afirmó que la violencia en los estados Táchira, Zulia, Falcón, Bolívar, Apure y Amazonas da cuenta de un total de 435 homicidios en esas seis regiones del país, lo que representa un aumento de 28,5 % frente al mismo período del año anterior; además de 44 personas desaparecidas para 83 % de incremento, y 170 enfrentamientos armados que representan 22 % más que en el mismo lapso de 2019.

El director general de FundaRedes detalló que en dicho documento se le exige al Ministerio Público (MP), que asuma la responsabilidad y cumplan con el rol que les corresponde.

“Vemos cómo la actuación de grupos armados irregulares, bandas criminales e incluso la participación de funcionarios de
cuerpos de seguridad en delitos, aumentó en momentos en que supuestamente hay mayor control, pero la realidad es que los
ciudadanos están cada vez más indefensos frente a la violencia que se ha convertido en cotidianidad”, detalló Tarazona.

Presos políticos secuestrados por el gobierno
Asimismo, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, denunció este domingo que en el país decenas de personas desconocen la condición y el paradero de sus familiares, quienes son presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro.

"Domingo 12 de julio de 2020. A esta hora en mi país, decenas de venezolanos no saben si su familiar prisionero político está vivo o está siendo torturado", dijo la abogada a través de su cuenta personal Twitter.

Señaló que los ciudadanos venezolanos que desafíen o levanten su voz frente al gobierno que rige al país, está poniendo en peligro su integridad física y su vida como es el caso de todos los presos militares o civiles, además de los diputados quienes hoy permanecen secuestrados en los calabozos del gobierno.