Caracas.- AN rechazó las medidas ejecutadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra el partido Voluntad Popular por considerar que la misma representa una flagrante violación de los derechos civiles y políticos contra la militancia y dirigencia de la referida organización política y piden a la alta comisionada Michelle Bachellet ratificar su rechazo a la persecución en contra de las organizaciones políticas venezolanas

Durante la sesión plenaria online, realizada este jueves, los parlamentarios calificaron de írrita la sentencia N° 077-2020 de la Sala Constitucional del TSJ al que califican como el “bufete de abogados del régimen”, al tiempo que se reconoce a Leopoldo López como única autoridad legítima de Voluntad Popular.

En el marco de la plenaria los parlamentarios solicitaron a la Alta Comisionada de la ONU medidas de protección en beneficio de su dirigencia y militancia y ratificaron su compromiso por el rescate del hilo constitucional y la necesidad de constituir un gobierno de emergencia nacional.

Firmeza inquebrantable

El diputado Ángel Álvarez, en nombre de Causa R, condenó las acciones criminales del régimen que pretenden inhabilitar políticamente a la dirección nacional y sus militantes de Voluntad Popular, debido a su firmeza inquebrantable en la lucha por conquistar la libertad de Venezuela.

En su discurso hizo mención a la trama de sobornos y extorsiones de la denominada “operación alacrán” auspiciada por el “régimen”, que invirtió más de 150 millones de euros destinada para la compra de dirigentes políticos y candidatos de la oposición para que participen en los comicios legislativos y así intentar crear una falsa oposición cómplice de su farsa electoral.

Una oposición a la medida del régimen

Por su parte la diputada Larisa González, de la fracción de AD rechazó la sentencia ilegítima del TSJ pues la misma entrega a una junta “ad hoc” que responde a intereses "de la dictadura" la dirección de Voluntad Popular.

Recordó que por más de 20 años, el régimen ha venido adelantando acciones deliberadas para desmantelar las instituciones que soportan el sistema democrático en Venezuela.

Para la fracción parlamentaria de AD, esta nueva estrategia de judicializar los partidos políticos de Venezuela, tiene como objetivo construir una “pseudo-oposición a la medida de las necesidades del régimen” y a su vez, estas últimas acciones ejecutadas por el “bufete de Miraflores, pretenden enquistar a nuevos neo-dictadores, sin importarles el sufrimiento de venezolanos”.

“La voluntad popular, no será arrebatada nunca de un plumazo ni mediante decisión judicial, ya que esta reside en la soberanía popular. La voluntad democrática está representada por esos hermanos, amigos, compañeros de todas las organizaciones políticas y aquellos venezolanos que, sin militancia partidista, también aspiran a vivir en una mejor Venezuela”, expresó

Un zarpazo contra los partidos políticos

Para la diputada Nora Bracho, las medidas del Tribunal Supremo de Justicia contra la organización política Voluntad Popular representa un zarpazo con el que buscan entregar los símbolos del partido y su directiva a quienes forman parte de la Operación Alacrán.

“Voluntad Popular, al igual que Acción Democrática y Primero Justicia, vieron asaltadas sus direcciones nacionales y mancillados sus símbolos, al ser entregados a un grupo de traidores que cayeron en la vil operación alacrán”, expresó Bracho.

A juicio de Bracho, terminaran mal esos traidores con un partido que mantiene sus liderazgos fuertes y activos, con líderes privados de libertad como Renzo Prieto, Tony Geara, Ismael León, Gilber Caro y Roberto Marrero.

“Hay muchos más dirigentes en el exilio, perseguidos, detenidos, o amenazados de esta tolda política, lo que demuestra que su camino hacia el rescate de la libertad es una herida constante en un régimen que se niega a morir”.

En nombre de la fracción Parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, Nora Bracho manifestó su total respaldo a las autoridades legítimas de Voluntad Popular y el respaldo a sus militantes, simpatizantes, activistas y dirigentes.

La Asamblea Nacional respaldó el informe de la Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, que denuncia las restricciones a los derechos políticos a la participación, la persecución y la criminalización de la política en Venezuela.