Caracas.- “El Sur de Orinoco es una zona que se está desintegrando que tiene control de grupos irregulares, de mafias internas, pranatos, la Fuerza Armada Nacional. Es una zona donde se impone la violencia”, aseveró Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas, moderador del foro virtual "Sur del Orinoco: Oro de sangre y destrucción"

Este miércoles, la Oficina del Comisionado para las Naciones Unidas realizó el encuentro, en el cual participaron la Organización SOS Orinoco, Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y el Comisionado de la Asamblea Nacional para el Arco Minero, Américo de Grazia.

Los analistas del tema convinieron en tratar la situación del Sur del Orinoco, que en los últimos años, ha sido protagonista de actividades ilícitas, corrupción, narcotráfico, minería ilegal y masacres en contra de los pueblos indígenas debido a la gran riqueza de piedras preciosas que allí se encuentran.

En este particular los miembros de la organización SOS Orinoco declararon: “El gran contagio de enfermedades erradicadas, muertes por desnutrición, inseguridad alimentaria y el avance de enfermedades como el VIH en las comunidades indígenas tiene que ver en gran medida con el conflicto minero y la devastación sin precedentes que hoy observamos con gran preocupación en la Amazonía venezolana”.

Asimismo observa que la crisis de esta zona es una faceta de la crisis que impacta a toda la región. “El régimen está dando la clara señal de que la minería indiscriminada, que deforesta, que envenena con mercurio y sedimenta los ríos, tiene prioridad sobre la preservación del ambiente extremadamente delicado del sur de Venezuela y la estructura social de los pueblos indígenas”, afirmaron.

De su parte, la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señaló el control de los grupos criminales que obtienen financiamiento a través de funcionarios del régimen. De Freitas señaló: “Lo que hoy ocurre en el sur del país, el comercio y la minería ilegal, la destrucción del medio ambiente, de los pueblos que viven acá y del futuro de estas zonas es permitido bajo la mirada cómplice de quienes deberían proteger y salvaguardar la Constitución. En estas actividades no solo trabajan guerrilleros y grupos irregulares, también cuerpos de seguridad del Estado tienen el control y comercialización de cientos de minas”.

Refirió que desde el año 2016 hasta la fecha, se han registrado un aproximado de 40 masacres en las zonas mineras, debido a conflictos de los grupos criminales y cuerpos de seguridad. Detalló que las victimas en su mayoría son personas inocentes, mineros o miembros de los pueblos indígenas habitantes de esas zonas.

Resaltó las cifras que establecen que solo entre 10% y 30% del oro extraído en el país va hacia las arcas oficiales del Banco Central de Venezuela, por lo cual el resto es comercializado en el mercado negro internacional.

También Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional y Comisionado Presidencial para el Arco Minero, expuso que “La actividad minera es una política prácticamente introducida en toda la región del sur del Orinoco, esta es una actividad progresiva y criminal que se realiza bajo el visto bueno del régimen. El fin es el mismo, la corrupción, el comercio informal y la destrucción del país”.

Para finalizar el Comisionado Presidencial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseveró: “Queda muy claro que la actividad minera mata al medio ambiente, a poblaciones indígenas, a la tierra. Pero además está destruyendo importantes zonas no sólo de reserva forestal sino de tierras ancestrales. El oro alimenta no sólo la corrupción de la cúpula de Nicolás Maduro sino también a grupos irregulares y además es una extracción minera que no tiene ningún beneficio a nuestra economía, es solamente una acción para alimentar a la economía ilegal”.

“Lo que hoy sucede en el sur del Orinoco ocurre en un país donde el régimen decidió cerrar las vías electorales, ha perseguido y judicializado a dirigentes políticos, sindicales, indígenas. Ocurre en un país en donde la próxima semana hay un informe que realizará la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y en el cual pedimos el apoyo de toda la comunidad internacional para su divulgación. Y sobre todo ocurre en un país que cuenta con procedimientos especiales en la temática internacional para poder tomar acciones” concluyó el diputado Pizarro.

Con Nota de prensa de Comisionado Presidencial para las Naciones Unidas