La Organización No Gubernamental Súmate emitió este martes un comunicado en el cual reitera su posición en el sentido de sostener que, para la realización de las próximas elecciones parlamentarias, se deben restablecer las garantías constitucionales.

Explica la ONG que ante el debate actualmente planteado en el país sobre la posibilidad de que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República, en relación con la escogencia de los nuevos miembros de la Asamblea Nacional antes de finalizar el presente año, debe cumplirse un conjunto de condiciones necesarias para garantizar su claridad y pureza.

Señala en primer lugar que "las elecciones deben ocurrir acorde con la finalización de los períodos constitucionales y legales de los cargos de representación política, o cuando se produzca la falta absoluta o la remoción de quienes los ejercen", y advierte, entre otras consideraciones, que la Constitución establece la obligatoriedad de que el sufragio se realice “mediante votaciones libres, universales, directas y secretas"

En segundo término, recuerda que, según sostiene la ONG, están pendientes también por realizar las elecciones presidenciales, debido a que las del pasado 20 de mayo de 2018 no fueron libres ni competitivas, porque no se cumplieron con las disposiciones constitucionales y legales que rigen su convocatoria, organización y desarrollo, demostrado en la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a elegir y ser elegido; y que agravaron la grave crisis política e institucional, evidenciada en pronunciamientos y acciones en su rechazo dentro y fuera del país".

"Para la realización de las próximas elecciones parlamentarias se deben restablecer las garantías constitucionales vulneradas en las Elecciones Presidenciales del 20 de mayo de 2018, porque en el caso contrario la crisis política e institucional generada por estas últimas tendría mayores consecuencias, porque el nuevo Poder Legislativo Nacional tampoco sería producto de unas elecciones libres, competitivas, justas y trasparentes", indica en su tercera exigencia.

Agrega que entre las "decisiones inconstitucionales" que en su criterio se deben revertir destacan: la inhabilitación de los principales partidos de la oposición; la negativa a darle curso a las solicitudes de la legalización de nuevas agrupaciones políticas conforme al derecho constitucional de asociación con fines políticos (artículos 52 y 67); la inhabilitación política a líderes políticos y diputados; y el encarcelamiento por razones políticas; y que además, "se deben construir garantías para que estas prácticas no se sigan utilizando con el fin de vulnerar el derecho constitucional a ser elegido, (artículos 42, 65 y 67)".

En este punto se exhorta, igualmente a los Poderes Públicos Nacionales "a someterse al imperio de la Constitución de la República (artículo 7) y que permitan el restablecimiento de las garantías constitucionales que han venido siendo vulneradas en los procesos electorales y solicitudes de referendos luego de las Elecciones Parlamentarias de diciembre de 2015;", y en el desconocimiento de los resultados electorales, expresado en la decisión de anular a través de la declaratoria de desacato a la actual Asamblea Nacional desde su instalación hasta la fecha, como en el establecimiento de figuras paralelas a los gobernadores de oposición a través de los protectorados, más el desconocimiento de los gobernadores electos en los estados Zulia y Bolívar, entre otros retos políticos y técnicos que cita:

-El nombramiento del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, acorde con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Electoral, entre ellos que sean personas “no vinculadas a organizaciones con fines políticos”.

-La recuperación de la confianza en el sistema electoral, ya que el actual directorio del CNE en su origen como en su desempeño ha ocasionado graves daños a la credibilidad en el poder del voto y en las elecciones como vía de solución a los graves problemas que afectan al país, tarea que corresponderá al nuevo Poder Electoral ya que implica la recuperación de la confianza en el voto como instrumento de cambio; construir la certeza de que las elecciones reflejarán fielmente la voluntad de los ciudadanos; y asegurar las garantías electorales que permitan que los venezolanos recuperen la legitimidad de las instituciones. Eso significa que las próximas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias se hagan acorde con los principios constitucionales de “la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales…”, (artículo 293).

-Restauración de la plataforma automatizada de votación, la cual fue destruida por el incendio ocurrido el pasado 8 de marzo; decisión que debe asumir el nuevo directorio del CNE, con lo cual se podría evitar que se reactiven los cuestionamientos producidos en el pasado reciente sobre la confiabilidad del sistema de votación, entre ellos la puesta en duda de “el secreto del voto”. Hasta la fecha el país desconoce si se ha conformado alguna instancia o equipo técnico con el aval de los factores políticos para buscar soluciones acordes con la realidad económica del país, entre ellas si se ha solicitado ayuda a los organismos multilaterales como la OEA y la ONU, otros organismos internacionales y países con clara vocación democrática que cuentan con la experiencia y los recursos técnicos y financieros necesarios.

-El nuevo Poder Electoral deberá decidir si estamos a tiempo o no para la realización de las Elecciones Parlamentarias este año, lo cual hace necesario que convoque a todos los sectores del país en el contexto de una amplia discusión nacional, y en el que involucre directamente a todos los actores políticos, gobierno, oposición y disidencia del oficialismo; para fijar la fecha del acto de votación y desde ahí proceda a elaborar el cronograma donde muestre la ruta para la ejecución de todas las actividades y los tiempos necesarios requeridos acorde con la LOPRE y el Reglamento de esta Ley, como determinar también quiénes serán los responsables de su ejecución y las diversas áreas funcionales que colaborarán para su concreción; e incluya los recursos humanos y financieros requeridos.

-El nuevo Poder Electoral deberá acometer, como una de las primeras acciones para la realización de cualquier elección o consulta refrendaria, la actualización del Registro Electoral, con el fin de asegurar que estén “todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política… y los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país”, (artículo 64 de la Constitución).

-Finalmente, definida una ruta para resolver tan importantes asuntos descritos anteriormente, el nuevo Poder Electoral es el que deberá decidir, de cara al país, con la participación de todos los factores políticos, una fecha para realizar las Elecciones Presidenciales y las Parlamentarias, considerando también todas las medidas de prevención ante la presencia de la Pandemia por COVID-19 en el país indicando las pertinentes para evitar los riesgos a la salud a los que podrían estar expuestos millones de electores, junto a miembros de mesa, personal administrativo del CNE y efectivos del Plan República, ya que el acto de votación en nuestro país es presencial en el lapso de 12 horas continuas en un mismo día, (artículo 121 de la LOPRE).

gcarreno@eluniversal.com / Con boletín de prensa de Súmate