Caracas.- La Asamblea Nacional, liderada por el diputado Juan Guaidó condenó este martes las torturas y tratos crueles e inhumanos contra venezolanos detenidos arbitrariamente por protestar por las fallas en el servicio eléctrico en el estado Lara.
A través de un acuerdo los parlamentarios expresan su repudio por la violencia con la que fueron reprimidos los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad y que representan una violación a los derechos humanos.
Consideran que las fuerzas policiales, escudándose en el decreto de Estado de Alarma, están arremetiendo contra el pueblo.
El diputado Alfonso Marquina recordó que Venezuela sufre la peor crisis en los servicios públicos de toda su historia. “En el estado Lara la población sufre cortes de luz entre 8 y 12 horas diarias y semanas enteras sin servicio de agua potable, sin gas y gasolina, provocando una situación de descontento en la población”.
“La respuesta que ha recibido la población larense a sus reclamos es la suspensión de garantías constitucionales, una declaración de estado de excepción que prohíbe a los ciudadanos circular por las calles de la ciudad lo que ha provocado más de 40 detenciones”, expresó Marquina.
El parlamentario considera que el “régimen” pretende silenciar, criminalizar y judicializar las protestas, un ejemplo de ello es la detención de 5 jóvenes en la urbanización sucre, 7 en Carora y 13 en el Tocuyo, todos privados de libertad por tocar cacerolas y protestar y se les ha imputado delitos mayores como asociación para delinquir.
El acuerdo aprobado por el Parlamento exige la liberación inmediata de todos los detenidos por ejercer el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, especialmente de Luis Pérez y Humberto Carreño dada las condiciones de salud que presentan.
La Asamblea Nacional condenó la tortura y tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos los detenidos y piden medidas cautelares de protección para los habitantes de las Urbanizaciones Antonio José de Sucre en Barquisimeto.
Los parlamentarios presentaran el caso ante los organismos internacionales de derechos humanos y pedirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos de la ONU que demanden al régimen de Nicolás Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población, apoyándose en el decreto de Estado de Excepción impuesto a propósito de la pandemia por COVID-19.
A través de un acuerdo los parlamentarios expresan su repudio por la violencia con la que fueron reprimidos los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad y que representan una violación a los derechos humanos.
Consideran que las fuerzas policiales, escudándose en el decreto de Estado de Alarma, están arremetiendo contra el pueblo.
El diputado Alfonso Marquina recordó que Venezuela sufre la peor crisis en los servicios públicos de toda su historia. “En el estado Lara la población sufre cortes de luz entre 8 y 12 horas diarias y semanas enteras sin servicio de agua potable, sin gas y gasolina, provocando una situación de descontento en la población”.
“La respuesta que ha recibido la población larense a sus reclamos es la suspensión de garantías constitucionales, una declaración de estado de excepción que prohíbe a los ciudadanos circular por las calles de la ciudad lo que ha provocado más de 40 detenciones”, expresó Marquina.
El parlamentario considera que el “régimen” pretende silenciar, criminalizar y judicializar las protestas, un ejemplo de ello es la detención de 5 jóvenes en la urbanización sucre, 7 en Carora y 13 en el Tocuyo, todos privados de libertad por tocar cacerolas y protestar y se les ha imputado delitos mayores como asociación para delinquir.
El acuerdo aprobado por el Parlamento exige la liberación inmediata de todos los detenidos por ejercer el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, especialmente de Luis Pérez y Humberto Carreño dada las condiciones de salud que presentan.
La Asamblea Nacional condenó la tortura y tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos los detenidos y piden medidas cautelares de protección para los habitantes de las Urbanizaciones Antonio José de Sucre en Barquisimeto.
Los parlamentarios presentaran el caso ante los organismos internacionales de derechos humanos y pedirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos de la ONU que demanden al régimen de Nicolás Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población, apoyándose en el decreto de Estado de Excepción impuesto a propósito de la pandemia por COVID-19.
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