Caracas.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, introdujo un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se determine si el partido Voluntad Popular (VP) es una organización criminal con fines terroristas y, en consecuencia, sea disuelta.
En el escrito se indica que dicha disolución respondería a lo establecido en otras normativas, como la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
"No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y trasnacional. Y que luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para el provecho de sus integrantes. Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio", manifestó el fiscal, al enumerar los hechos terroristas y criminales que, según sostiene, ha promovido VP.
En el recurso de interpretación, el Ministerio Público solicita establecer el alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de determinar si un partido u organización política puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos establecidos en dicha Ley, y por tanto susceptible a las sanciones previstas.
Igualmente, determinar "si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el partido u organización política Voluntad Popular".
Promoción de actos terrorista
Saab recordó que dicho partido fue creado en 2009 por Leopoldo López. Al hacer un recuento de las "prácticas terroristas" de esta organización política, mencionó la supuesta participación de sus dirigentes en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002.
Posteriormente, en abril de 2013, tras la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República, el partido político es señalado por promover "hechos violentos" de calle. Luego, en 2014 -tras la propuesta de La Salida que firmaron López, María Corina Machado y Antonio Ledezma- se les acusa de impulsar "guarimbas" en el país que dejaron el saldo de 43 fallecidos y más de 400 heridos, así como ataques terroristas contra instalaciones públicas.
"Esta práctica terrorista se repitió en 2017, esta vez con mayor violencia e intensidad; cuando se contabilizaron decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera ocurrido en Altamira. Este nuevo intento de generar una guerra civil entre abril y julio de 2017, duró alrededor de 130 días y provocó daños incalculables a la nación y enlutó a decenas de familias venezolanas, que contaron más de 150 muertes y más de mil heridos", refirió el fiscal general.
En el recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Constitucional, el Ministerio Público menciona la "autoproclamación" de uno de sus dirigentes, Juan Guaidó, como "presidente interino" de Venezuela, "valiéndose del apoyo del gobierno de Estados Unidos", con el propósito de apropiarse de los bienes de la República "para su provecho personal y el de sus cómplices".
En tal sentido, aludió a la confiscación ilegal de Citgo y de Monómeros Colombo Venezolanos, así como de la apropiación del dinero que posee la República en bancos extranjeros.
"Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria (el pasado 3 de mayo) contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil. Sus últimos gestos han sido presionar a la compañía AT&T para que sacara a Directv de Venezuela y pedir a los EEUU que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos", agregó Saab.
En el escrito se indica que dicha disolución respondería a lo establecido en otras normativas, como la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
"No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y trasnacional. Y que luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para el provecho de sus integrantes. Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio", manifestó el fiscal, al enumerar los hechos terroristas y criminales que, según sostiene, ha promovido VP.
En el recurso de interpretación, el Ministerio Público solicita establecer el alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de determinar si un partido u organización política puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos establecidos en dicha Ley, y por tanto susceptible a las sanciones previstas.
Igualmente, determinar "si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el partido u organización política Voluntad Popular".
Promoción de actos terrorista
Saab recordó que dicho partido fue creado en 2009 por Leopoldo López. Al hacer un recuento de las "prácticas terroristas" de esta organización política, mencionó la supuesta participación de sus dirigentes en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002.
Posteriormente, en abril de 2013, tras la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República, el partido político es señalado por promover "hechos violentos" de calle. Luego, en 2014 -tras la propuesta de La Salida que firmaron López, María Corina Machado y Antonio Ledezma- se les acusa de impulsar "guarimbas" en el país que dejaron el saldo de 43 fallecidos y más de 400 heridos, así como ataques terroristas contra instalaciones públicas.
"Esta práctica terrorista se repitió en 2017, esta vez con mayor violencia e intensidad; cuando se contabilizaron decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera ocurrido en Altamira. Este nuevo intento de generar una guerra civil entre abril y julio de 2017, duró alrededor de 130 días y provocó daños incalculables a la nación y enlutó a decenas de familias venezolanas, que contaron más de 150 muertes y más de mil heridos", refirió el fiscal general.
En el recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Constitucional, el Ministerio Público menciona la "autoproclamación" de uno de sus dirigentes, Juan Guaidó, como "presidente interino" de Venezuela, "valiéndose del apoyo del gobierno de Estados Unidos", con el propósito de apropiarse de los bienes de la República "para su provecho personal y el de sus cómplices".
En tal sentido, aludió a la confiscación ilegal de Citgo y de Monómeros Colombo Venezolanos, así como de la apropiación del dinero que posee la República en bancos extranjeros.
"Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria (el pasado 3 de mayo) contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil. Sus últimos gestos han sido presionar a la compañía AT&T para que sacara a Directv de Venezuela y pedir a los EEUU que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos", agregó Saab.
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