Caracas.- Pese a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su gobierno ha manifestado la defensa de los derechos humanos plasmados en la Carta Magna y promociona una política social de inclusión, a través de diversos programas sociales con el fin de respaldar a las personas más necesitadas, la ONG Transparencia Venezuela documentó los aspectos más resaltantes de la Emergencia Humanitaria Compleja, incrementada durante la pandemia.

Explica el documento titulado Cuarentena: ¿aislamiento social, como anillo al dedo?, que el país enfrenta la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), conclusión de las evidencias en el ámbito social y económico, con la escasez de alimentos, medicinas, incremento de índice delictivo, auge de la economía informal y éxodo masivo de la población.

Hace mención a las proyecciones para 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que indican que la pandemia por el covid-19 registrará “las mayores caídas de Venezuela, con una contracción del 18% y liderará la caída regional”.

La crisis económica que atraviesa el país tiene como consecuencia que el trabajo formal asalariado pierda relevancia y arroja un índice de “5 millones de trabajadores informales” anunció, el Sindicato de Trabajadores no Dependientes del Sector Comercio, cita el documento.

Encuentra que el sector salud, no revela la información pública sobre los recursos presupuestarios invertidos, la operatividad de los centros asistenciales, los boletines epidemiológicos, indicadores de enfermedades.

“En los últimos años, los hospitales se encuentran en precariedad por el descuido de las instalaciones, la falta de material médico e insumos. En 2017, casos por la proliferación de enfermedades aumentaron 886 % y fallecieron 456 pacientes”, según la Cepal. También la escasez de medicinas se reporta en 80%, informó la Federación Farmacéutica de Venezuela.

Otro dato enumerado es el del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual informó que el programa social Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), a cuatro años de instaurado, no cumple con las condiciones del derecho para la alimentación.

Observaron que distintas comunidades expresan la inestabilidad del programa porque no tienen acceso a la compra de comida subsidiados desde hace meses.

La investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre Empresas propiedad del Estado dio a conocer que “en los últimos diecinueve años la materia prima agrícola y los alimentos han sido manejados como instrumentos de dominación y proselitismo político por parte de la clase gobernante. En este sector, probablemente más que en ningún otro, el militarismo ha dominado la burocracia y concentra los niveles de supervisión y mando”.

Irregularidades en los servicios básicos

Las fallas en el suministro de agua, gas, luz y aseo urbano es frecuente, principalmente en las regiones del interior del país, destaca la investigación.

La última medición del servicio de agua realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) señala que solo “un 16,7% de los hogares recibe agua de manera continua”. En cuanto a electricidad, destaca el OVSP que “las ciudades que reportan mayor frecuencia de apagones todos los días, según datos de diciembre de 2019 son San Cristóbal con 81%, Maracaibo con 77% y Barquisimeto de 75,5.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHOA), reportó que “estas fallas en el servicio crean desafíos para que las personas puedan adoptar las recomendaciones de higiene preventivas del COVID-19 en las comunidades”

Industria petrolera sin gasolina

Este reporte por sectores también incluyó que el 12 de mayo, Maduro extendió por 30 días más la cuarentena, “lo que para algunos expertos se atribuye a la falta de combustible”.

Aseguran que la escasez de gasolina se pronunció durante la cuarentena, lo que afecta la movilidad de la población y la satisfacción de derechos básicos como la salud y alimentación, indican.

Gobierno ante estado de alarma

En su apreciación, la emergencia nacional por el Covid-19 anunciada por Nicolás Maduro cambió la dinámica social. La primera medida implementada fue “quédate en casa” para cumplir con el aislamiento social.

Posteriormente, suspendió las actividades escolares y espectáculos públicos, al tiempo que acordó el cierre temporal de restaurantes, cines, movilizaciones, entre otras medidas. Igualmente decretó la suspensión de los pocos vuelos internacionales que aún llegaban a Venezuela.

En cuanto al sistema de transporte subterráneo Metro de Caracas y ferrocarril, solo se permitió el ingreso de trabajadores de los sectores exceptuados de la cuarentena y se impidió el acceso de pasajeros sin el uso del tapa boca.

Medidas económicas para los venezolanos

El informe da cuenta de que Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial para el Área Económica, anunció unas medidas “para proteger a la familia venezolana, y clase trabajadora venezolana”.

En donde destaca, la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año, la suspensión de pago de arrendamientos por 6 meses y Plan Especial de Pago de Nómina a las pequeñas y medianas empresas y comercios a través del sistema Patria.

Entre las medidas implementadas, Maduro continúa con la asignación de Bonos de la Patria para las personas registradas con el carnet, explica el documento redactado por la ONG.